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Estudiante de Comunicación Social (UNM)

“Las políticas del neoliberalismo tratan de neutralizar el funcionamiento de los medios públicos”

Luis Lázzaro aborda en en esta entrevista el intento de cierre de Télam, el proceso de estrangulamiento de la Televisión Pública y de Radio Nacional, los decretos del macrismo y del gobierno de Alberto Fernández sobre el campo de la comunicación y la importancia de una política pública federal, de inclusión y de integración.
“Actualmente hay un intento de clausura de Télam, con todo su personal en buena medida licenciado, sin producir y sin concurrencia a su sitio de trabajo”, explica el autor de libros como Geopolítica de la palabra y La batalla de la comunicación.

Luis Lázzaro es periodista, escritor y docente universitario. Fue docente en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) hasta diciembre de 2023 y es especialista en políticas públicas comunicacionales y Derecho a la Información. Es magister en  Educación, Lenguajes y Medios, graduado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y  durante el anterior gobierno nacional se desempeñó como asesor de la vicepresidencia en el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM). En 2009 fue co-redactor de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

En diálogo con ANUNM, Lázzaro reflexiona acerca de la coyuntura comunicacional: las desregulaciones, los despidos masivos en los medios públicos y el nuevo escenario político generado a partir del resultado de las últimas elecciones presidenciales.

Si se toma en cuenta la dimensión histórica de la Agencia Télam, ¿qué puntos clave dan cuenta de su importancia?

Bien, lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de una empresa que está por cumplir 80 años. Hay tres elementos que son fundamentales para entender su importancia. Primero, desde un punto de vista nacional o latinoamericano Télam cumple un rol importante de soberanía informativa. Segundo, desde una perspectiva federal, porque es una agencia que está concebida como una estructura con presencia en todas las provincias. Y en tercer lugar, como un instrumento de diversidad informativa, porque es un medio que convive con toda la oferta de comunicación privada de las agencias internacionales. En su momento, fue creada como una sociedad anónima y funcionó como tal durante mucho tiempo, hasta que fue convertida en una empresa pública por un decreto.

Actualmente, la agencia tiene alrededor de 800 clientes y tiene un flujo de casi 9 millones de visitas mensuales en el sitio web. El sitio ofrece un servicio de noticias que es utilizado por todos los medios tradicionales de comunicación, como por ejemplo el Grupo Clarín, que recientemente compró 400 fotos por 400.000 pesos. También la agencia tiene corresponsalías en toda la Argentina y fuera del país.

¿Qué le parece que está en juego en esta coyuntura?

Históricamente el neoliberalismo ha procurado con políticas de mercado y negacionistas del rol del Estado impedir el funcionamiento de estos instrumentos de comunicación. En 2015 hubo una serie masiva de despidos también, que fueron más de 350, entre los cuales me incluyo. Actualmente hay un intento de clausura, con todo su personal en buena medida licenciado, sin producir y sin concurrencia a su sitio de trabajo. Son 760 empleados para los cuales está planteado una apertura de retiro anticipado, so pena del despido directo. Me parece que lo que está en juego es una historia ligada a las políticas de comunicación y un patrimonio informativo fundamental.

¿Cuál es la situación particular que atraviesa Radio Nacional y la Televisión Pública?

Lo primero que tenemos que recordar es que la figura jurídica que nuclea a la Televisión Pública y Radio Nacional es el resultado de una normativa de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es importante señalar que nosotros todavía vivimos en un régimen que tiene un ordenamiento jurídico en el cual la Constitución, las normas y las leyes están todavía por encima de los decretos. Todas estas medidas, tanto las que tienen que ver con la Agencia Télam, como las que tienen que ver con el sistema de medios públicos y con Radio y Televisión Argentina, se están desarrollando con afectación de leyes.

Por otro lado, empezó un proceso para generar una estructura de producción lo más pequeña posible, que esconde un propósito no confesado: el del remate de la propiedad inmobiliaria del edificio de Canal 7, que es objeto de intereses privados no ligados con la comunicación.

En otra entrevista que le hicieron en 2020 caracterizaste la situación con la que se encontró en el ENACOM tras el paso de la gestión macrista. ¿Observa una relación entre las políticas comunicacionales de esa gestión y la actual?

Recuerdo cuando el gobierno de Mauricio Macri sacó el DNU 267/15 a partir del cual sucedieron varias cosas en el mundo de la comunicación. Entre ellas, se quitó de la regulación audiovisual a los sistemas de televisión paga y además se disolvieron las autoridades y los entes que estaban creados con anterioridad. Estos eran  la Autoridad Federal de Servicios TIC (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Ese fue un primer avance y lo que vemos con el gobierno actual es una continuidad en estas políticas del neoliberalismo que van a tratar de neutralizar el funcionamiento de estos medios públicos, impedir el federalismo y la pluralidad y eventualmente intentar su desguace a manos de capitales privados.

Con el DNU 70/23 se subsanan las obligaciones que tenían los grandes grupos de medios en nuestro país para adecuar su estructura a lo que un sistema democrático permite. Es decir, está aceptado por la doctrina jurídica internacional que la concentración mediática excesiva afecta a la libertad de expresión. Esto lo habíamos discutido en su oportunidad en la Corte Suprema de Justicia cuando, frente a la estructura del Grupo Clarín, se planteó la necesidad de aplicar los límites a la concentración de medios obteniendo por parte de la Corte una ratificación de la plena constitucionalidad y la legitimidad de estas medidas.

¿Qué implica la intervención del ENACOM y el cierre de sus delegaciones?

Hay una primera cuestión: la intervención del ENACOM  desconoce la conformación pluralista y federal de los órganos de administración y conducción de todas las empresas públicas de comunicaciones. Esto tiene dos propósitos: por un lado, hay un avance del ejecutivo sobre estas empresas para condicionar y limitar su rol regulatorio de aplicación de las normas. El segundo objetivo, que está presente en todos los casos de política de ajuste, es la disminución de gastos en términos de dotación de personal. Tenemos en la suma del personal afectado a las delegaciones del ENACOM y personal de planta, casi 500 despidos. No sólo son objeto de un ajuste salvaje en una planilla de Excel, sino que también implica la desprotección en términos de servicios de muchos de los operadores que funcionan en el interior de la Argentina. Acá también hay de por medio una mirada muy unitaria, porteña, favorable a la concentración del mercado en estos lugares. Hay más de mil cooperativas que prestan servicios de conectividad de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales en pequeñas ciudades del interior que necesitan el funcionamiento de las delegaciones.

También es importante pensar el rol de empresas como ARSAT, por ejemplo, que son las que hacen posible la interconexión de todas estas pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de los sistemas públicos de comunicaciones de muchas provincias argentinas. Hay empresas provinciales prestadoras de servicio de conectividad a Internet que requieren de la presencia de la red federal de fibra óptica y de los satélites. Entonces es un riesgo perder de vista la dimensión federal, de inclusión y de integración.

 ¿Qué considera que pudo haber quedado pendiente o no del todo bien ejecutado en la gestión anterior?

Nos encontramos en esta coyuntura en buena medida como resultado de los errores y omisiones de la etapa anterior. Yo creo que esos errores tienen que ver con no terminar de comprender el rol estratégico de la comunicación. El abandono de políticas acertadas en términos de intervenir en el debate público ha generado un escenario donde existe un sentido común mayoritario acerca de la política como un instrumento negativo y que además dejó en manos de los trolls la discusión en redes sociales. En materia de política comunicacional, el principal error es haber dejado vivo el decreto del macrismo 267/15. Ello impidió una diversidad comunicacional mayor, que era necesaria para construir un escenario político diferente.

Hubo un intento que fue el decreto 690/20. Estábamos en plena pandemia y apareció esta medida que consistía en que los servicios de comunicación de conectividad se convirtieran en servicios públicos. Pero el poder mediático terminó impidiendo que este decreto pudiera aplicarse y finalmente sólo terminó generando complicaciones a las empresas pymes y cooperativas. ¿Por qué? Porque eran las que menor capacidad tenían de incidir en la justicia para evitar el cumplimiento del decreto. Esta norma establecía una prestación básica universal.

Por lo tanto, la no derogación del decreto, la falta de convicción en la aplicación de esta normativa, la no convocatoria al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que no fue disuelto, constituyeron un problema. Porque uno podría entender que Milei no haga esta convocatoria, porque no le interesa, pero sí debió interesarle al gobierno del Frente de Todos. Era la posibilidad de generar un ámbito donde se pudiera discutir la política de comunicación, de darle un rol mucho más activo a la Comisión Bicameral, que tiene la obligación de pedir informes y de avanzar con más contundencia en la declaración del Fondo de Fomento a los Medios Comunitarios, etcétera. Había una capacidad de gestión de recursos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que pudo haberse aprovechado de manera más efectiva para dar la batalla comunicacional. También se podría haber avanzado con muchas más cuestiones para favorecer políticas de conectividad y de acceso a nivel federal.

En síntesis, faltó una discusión política sobre la comunicación que sigue estando ausente y que yo creo que, en una perspectiva futura, es uno de los debates que tenemos que dar para pensar en la posibilidad de recuperar una gestión vinculada con principios federales, populares, democráticos y soberanos

¿Y qué balance positivo hace?

Hay que decir que se lograron algunas cuestiones. Por ejemplo, a partir de la información que recabó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) se trabajó para que en distintos barrios pudieran tener acceso a internet y se pueda organizar la administración de la conectividad. También me parece que tenemos que destacar que, aunque de manera muy progresiva, de a poco se comenzó a entender la necesidad de tener una mirada que no se limite a ser economicista en relación a la pauta publicitaria. Es decir, que el criterio no sea sólo en términos de rating, sino en términos de sostener la independencia en muchos medios de comunicación pymes, alternativos, comunitarios o indígenas, que de otro modo no podrían subsistir y que, de hecho, hoy están frente a una situación casi terminal, despojados de la posibilidad de recursos públicos con mercados que están absolutamente deprimidos.

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