
La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el INDEC. El dato refleja que esa cantidad de trabajadores y trabajadoras se desempeñan sin derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud o estabilidad laboral. Frente a este escenario, ANUNM dialogó con economistas, quienes coincidieron en que la informalidad no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural vinculado a la dificultad de generar empleo de calidad.
Según Mariana González, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el dato debe construirse en relación con el contexto económico. “Cuando una economía no crece sostenidamente generando empleo de calidad, en principio se puede asociar con el empleo asalariado y registrado, empiezan a surgir este otro tipo de empleos que, en una proporción significativa de casos, tiene que ver con ocupaciones que son generadas para la propia supervivencia”, expresa la especialista en mercado laboral.
La investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) advierte que el crecimiento de la informalidad no resulta llamativo en un escenario de deterioro, y sostiene que “cuando no se generan empleos de calidad, aumentan las estrategias de subsistencia”. La destrucción de empleo registrado y la caída del poder adquisitivo generan condiciones propicias para su expansión. En ese marco, la informalidad surge como una alternativa frente a un mercado laboral que no logra generar empleo formal para toda la población.
A su vez, el dato refleja que uno de los rasgos más relevantes es su impacto desigual. Mujeres y jóvenes aparecen entre los grupos más afectados por la informalidad laboral. En el caso de las mujeres, se insertan en tareas de cuidado o trabajo doméstico, ámbitos donde la registración es menor. En cuanto a los y las jóvenes, las dificultades para acceder a su primer empleo formal los llevan a aceptar condiciones laborales más precarias. Esta situación se vincula con los sectores donde la informalidad es más alta: el servicio doméstico (78,0%) y la construcción (73,8%), actividades que concentran los mayores niveles de precarización.
En esa misma línea, el licenciado en Economía por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y docente de la UNM, Fernando Córdoba, sostiene que las políticas actuales no alcanzan, ya que el problema es de carácter macroeconómico. Podemos agregar que es docente de la UNM En ese sentido, subraya el rol central del Estado en la dinamización de la actividad y afirma que “la creación de empleo depende del nivel de actividad impulsada por el Estado, que genera las condiciones para la inversión privada y la demanda asalariada, en ese orden”.
Por su parte, Lucas Benítez, también licenciado en Economía por la UNGS y docente de la UNM, pone el foco en los cambios estructurales de la economía. “Históricamente la economía funcionó mitad en blanco y mitad en negro, pero hoy la parte formal atraviesa una crisis”, señala. En ese marco, advierte que sectores como la industria y el comercio, tradicionalmente generadores de empleo registrado, se ven particularmente afectados, lo que produce un traspaso hacia formas de trabajo informal.
En este sentido, desde el campo de la economía social y popular, Máxima Guglialmelli, licenciada en Ciencia Política por la UBA y magister en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social , advierte que el dato de la informalidad, si bien es central, no alcanza para comprender la complejidad del escenario actual. “Es un dato que es central, pero no es suficiente para entender cuáles son las problemáticas vinculadas al trabajo en la Argentina”, sostiene.
Desde esta perspectiva, la secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (ADUNM) asegura que “la segmentación estructural del mercado de trabajo se expresa en que, frente a los bajos ingresos o la informalidad, una parte de la población se vuelca a actividades como las plataformas Uber o Rappi, mientras que otro segmento termina recurriendo a actividades de supervivencia, como vender en ferias o generar ingresos con lo que tiene a mano”.
Asimismo, sostiene que “es necesario distinguir entre informalidad y precariedad: la informalidad refiere al no acceso a un trabajo registrado, mientras que la precariedad tiene que ver con la baja calidad del empleo, en términos de estabilidad, seguridad y protección social. Son dos dimensiones relacionadas pero diferentes, que funcionan como dos caras de la misma moneda, especialmente en la economía popular, donde se profundiza la vulnerabilidad en la relación laboral”.
Frente a este escenario, el rol del Estado aparece como un elemento central. Para Córdoba, no puede ser un espectador, ya que afirma que “cuando el Estado se retira, el mercado se achica, y cuando el mercado se achica, el empleo formal retrocede y la informalidad avanza”. En la misma línea, Benítez vincula el aumento de la informalidad con “esta dinámica” de una economía “súper inestable” y que “no crece desde hace ya más de 16 años”, y advierte que las políticas recientes “en lugar de disminuir la informalidad, sucede el caso contrario”. Habría que retocar esto, porque queda un poco desprolijo así redactado. En todo caso, sería “en lugar de disminuir la informalidad, provocarán el efecto contrario”.
González explica que para reducir la informalidad es necesario que la economía “pueda tener crecimiento sostenido, acompañado de generación de empleo”. Por lo que advierte que es necesario generar “oportunidades para que quienes ven en la informalidad una especie de refugio, no lo necesiten”. A su vez, Guglialmelli plantea la necesidad de “una perspectiva integral que incorpore también estas nuevas formas de trabajo, como la economía social y la economía popular” para “pensar de qué modo dar respuesta a todas estas exclusiones y desigualdades y falta de acceso a condiciones de trabajo dignas”.
En este contexto, el dato del 43% adquiere un sentido más profundo. No se trata sólo de cuántas personas trabajan, sino de cómo lo hacen y en qué condiciones. La cifra expone los límites de un mercado laboral que no logra generar empleo de calidad de manera sostenida. Más que una estadística, es una señal clara de un problema estructural que sigue sin resolverse.


