El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, habìa anunciado el pasado 10 de diciembre en conferencia de prensa distintos proyectos y reformas impulsados por el Gobierno Nacional. Los mismos, según informó, habían sido consultados con el Consejo de Mayo, órgano presidido por el mismo Adorni e integrado por representantes de las provincias, Congreso Nacional, Senado Nacional, Unión Industrial Argentina, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y Gobierno Nacional.
Entre esos puntos (que incluyen reformas tributarias, laborales y previsionales, entre otras), hay una reforma educativa para niveles inicial, primario y secundario. Un borrador se había filtrado a fines de noviembre y finalmente se presentó de manera oficial como proyecto de ley, con el título “Ley de Libertad Educativa”, para “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”, dijo Adorni.
El documento cuenta con 35 páginas y 136 artículos. ¿El punto más destacado? La derogación de la Ley de Educación Nacional (26.206) sancionada en 2006, que establece como principio fundamental la obligación del Estado para garantizar educación de calidad e igualitaria en todos los niveles, su gratuidad y acceso.
Educación, ¿derecho o servicio?
Silvia Almazán, secretaria adjunta general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), rechazó el proyecto de reforma: “Derogar la ley actual implica arrasar con una historia de lucha para su aprobación, desmantelar un sistema público de garantías para la educación en todo el país y eliminar la responsabilidad principal e indelegable del Estado en garantizar la educación pública, su funcionamiento y financiamiento”.
Por su parte, el coordinador-vicedecano del Área de Educación de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Fabián Otero, también se mostró crítico con los fundamentos de la posible nueva ley: “El punto discutible es el rol del Estado subsidiario, desdibujado y no responsable de la educación en todos los niveles. Se lo redefine, cuando éste es quien da forma a los sentidos para la educación, que es una construcción compartida, comunitaria, un dibujo sobre un proyecto de país”.
Una cuestión a tener en cuenta es la clasificación de educación como “servicio esencial” en lugar de derecho o bien público, como esboza la actual ley. Almazán demostró preocupación y manifestó que “si la educación deja de ser un derecho y es un servicio, se la transforma en una mercancía y abre las puertas a procesos de privatización o mercantilización. Se profundizan las desigualdades en vez de acotarlas o resolverlas, que es la responsabilidad del Estado Nacional”.
El cambio también es cuestionado por los sindicatos por lo que significa en cuanto a derechos laborales. “Ubica en términos jurídicos a la educación como actividad de riesgo para garantizar un porcentual de asistencia cuando haya medidas de fuerza. Apunta a lesionar un derecho histórico, una conquista del movimiento obrero, que es el derecho a huelga”, explicó Almazán al respecto.
¿Cuánto se invertirá en educación?
La actual ley establece que Nación y provincias deben invertir en conjunto un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación. Desde su aprobación, la meta sólo se cumplió en 2015 con una inversión del 6,1% del PBI, según ilustró un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El nuevo proyecto de ley no especifica los montos que debería destinar el Estado para el área, sino que menciona ambiguamente que garantizará “recursos suficientes y oportunos”.
La preocupación por el financiamiento está fundada en datos reales sobre la caída de inversión. Un informe de la organización civil Argentinos por la Educación (AxE) comparó el gasto público del Estado Nacional en los últimos doce años: cada año desde 2013 hasta 2023, Nación destinó más del 1% del PBI a la educación (la mayor inversión fue de 1,59% en 2015 y la más baja de 1,09% en 2019). Sin embargo, en 2024 cayó a un 0,86%, en 2025 siguió disminuyendo hasta un 0,73% y se proyecta que en 2026 alcanzará 0,75% del PBI.
La escuela como responsabilidad familiar
“Los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos”, explicó Adorni en la presentación: la propuesta plantea el corrimiento del Estado a una función subsidiaria para delegar esa responsabilidad a las familias. Las mismas podrán elegir la modalidad educativa que prefieran (presencial, a distancia o incluso “homeschooling”, contratando tutores privados o dictando por sí mismos contenidos a sus hijos) e incluso decidir sobre la designación y remoción de personal docente de cada institución.
Esto genera cuestionamientos de trabajadores docentes y en ese sentido, Lorena González, licenciada en Educación y docente del nivel secundario y del área de Educación por la Universidad Nacional de Hurlingham afirmó: “No está mal que se le dé un protagonismo a la familia, la [actual] ley establece que es corresponsabilidad entre ambos que los chicos vayan a la escuela y aprendan”. Y agregó: “Es un terreno complejo, si las familias pueden nombrar o remover a un docente, entramos en una cuestión ideológica peligrosa”.
Por su parte, Otero también cuestionó las responsabilidades que se trasladan a las familias de los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad de los hogares en la actualidad: “Da la sensación de que el proyecto tiene un modelo familiar muy de revista infantil vieja que huele a naftalina, no de revista infantil contemporánea. Hoy nosotros estamos asistiendo a una situación en donde vemos que muchos pibes y pibas están solos, no tienen adultos referentes. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando?”
Sobre la educación en casa, las modalidades a distancia y la posibilidad de que cada familia elija enviar o no a sus hijos a la escuela, González dijo: “Todo joven o niño necesita del acompañamiento de un adulto para aprender. No solo lo dice la Ley de Educación, los Estados modernos fueron fundados en esa idea de los adultos cuidando a sus niños y jóvenes”. Además, destacó el rol central de la educación en Argentina y recordó que “hay una tradición en nuestra historia y en nuestra génesis como un pueblo de lo escolar. Barrer con eso es un problema, es remitirnos a un debate peligroso, antiguo, anterior a 1880 y a la Ley 1.420”.
Educación Especial: una preocupación en segundo plano
Un tema de alarma recae sobre la Educación Especial ante posibles cambios como el uso de la categoría “Educación para alumnos con necesidades específicas”, como término paraguas que agrupa bajo una misma modalidad a estudiantes con discapacidades, a quienes se escolarizan en contexto de encierro, asisten a instituciones rurales, comunitarias, hospitalarias o a distancia.
Respecto a esta cuestión, el ex director de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Urquiza, expresó lo siguiente: “A nivel nacional y provincial, la educación especial tiene un estatus de modalidad que le da transversalidad y presencia en todos los niveles y pone de relieve una categoría que este proyecto invisibiliza, que es la de discapacidad”.
La ley también contempla “limitaciones objetivas de recursos humanos o materiales para atender adecuadamente las necesidades específicas de un estudiante”, que le permiten a cada establecimiento derivar estudiantes a otras instituciones. Si bien se reconoce que “el deber de proveer un servicio educativo adaptado y de calidad a los estudiantes con discapacidad es del Estado”, el mismo provee una vía legal para evitar la inclusión.
En contraste, Urquiza profundizó sobre el trabajo que se viene realizando en el área de Educación de Buenos Aires y en todos los ámbitos relacionados a discapacidad en general: “Se deben generar condiciones necesarias, imprescindibles muchas veces, para que las personas con discapacidad puedan acceder, estar, permanecer, egresar”, y comentó que “lo de específico nos parece que corre el riesgo de focalizar, pero a la vez invisibilizar las diferencias”.
Por último, se expresó sobre los continuos ataques del Gobierno Nacional al sector: “Así como se vio en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) en pensiones, Ley de Emergencia en Discapacidad, y en lo educativo lo hemos visto en gestiones anteriores con orientación o neoliberal, la Educación Especial y las políticas de discapacidad fueron objeto de desfinanciamiento”. Para finalizar, resumió: “Es una política destinada a borrar las diferencias y a delegar responsabilidades”.
Una reforma que requiere debates mayores
En un país que históricamente ha priorizado la educación igualitaria, gratuita y de calidad, estas reformas requieren debates mayores que incluyan no solo a actores del ámbito educativo, sino a toda la sociedad. “Tirar el proyecto así sin más es una cuestión que nos tiene que poner en alerta, sobre todo a los docentes que estamos todos los días en la escuela y tenemos el termómetro de lo que pasa”, concluyó González.
Por su parte, Almazán enfatizó el rechazo de los sindicatos de trabajadores docentes a esta reforma: “CTERA rechaza el proyecto libertario para educación: es fundamental una nueva ley de financiamiento educativo, el cumplimiento de la paritaria nacional, el cumplimiento de la inversión del 6% del PBI y el desarrollo integral de la Ley de Educación Nacional en todo el país, para garantizar justicia social y justicia educativa”.
A 20 años de la sanción de la vigente Ley de Educación Nacional, son necesarias modificaciones que mejoren el sistema educativo y que contemplen las problemáticas actuales que atraviesan los y las estudiantes argentinos. “La educación es la posibilidad de romper con el mito de cuna: nacer en el lugar donde naciste no significa que eso te determine la vida y precisamente la educación te invita a ver otro mundo posible”, reflexionó Otero. Con la creciente desigualdad y dificultad para acceder y permanecer en la escuela y aprender, ¿es acertado que el Estado dé un paso al costado en nombre de la “libertad”?
