
Mientras algunas voces claman por una mayor supervisión para garantizar la transparencia, otras temen que las regulaciones puedan convertirse en un obstáculo para la libertad de expresión. Sin embargo, regular dichos soportes es un desafío que no solo implica a los gobiernos, sino también a las propias plataformas, la sociedad civil y los usuarios. Una regulación adecuada no debe solo basarse en la innovación, sino fomentar un entorno digital más seguro y ético.
Martín Becerra, investigador del CONICET y director del Centro de investigación ICEP, de la Universidad Nacional de Quilmes expone: “Hay que marcar una diferencia entre libertad de prensa, referida a quienes tienen recursos para opinar, y libertad de expresión. En el actual escenario comunicacional, es muy común escuchar que no es necesario preocuparse por estas cuestiones porque cualquiera puede abrir una cuenta en una red social y opinar libremente. Pero la regulación y amplificación de esas opiniones dependen de actores privados, corporativos. Esta situación demanda una reflexión profunda.”
Las plataformas digitales no son simples intermediarias. Sus algoritmos deciden qué contenido priorizar, lo que inevitablemente influye en la construcción del discurso público. Esta capacidad para amplificar ciertas narrativas, u ocultar otras, plantea riesgos significativos, desde la propagación de desinformación hasta la polarización social.
Mariela Baladrón, investigadora y docente de la facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno, señala: “Los órganos internacionales de derechos humanos han hecho recomendaciones respecto al uso de la inteligencia artificial en plataformas digitales, destacando las problemáticas vinculadas tanto a los contenidos generados por usuarios como a los intermediarios. La moderación de estos espacios es un tema prioritario.”
Soluciones globales: proyectos en marcha
Para enfrentar estos desafíos, algunos gobiernos y organizaciones internacionales propusieron normativas que buscan regular estas plataformas. Uno de los ejemplos más avanzados es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), implementada por la Unión Europea. Este marco legal exige a las grandes plataformas ser más transparentes sobre sus algoritmos, moderar contenidos de manera eficiente y combatir la desinformación.
Por otro lado, en Estados Unidos, la propuesta de Ley de Plataformas Responsables busca reformar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que actualmente excluye a las plataformas de responsabilidad por el contenido generado por sus usuarios. Esta normativa plantea un enfoque más estricto frente a casos de desinformación y discursos de odio.
Becerra explica: “La libertad de expresión no solo implica el derecho a opinar, sino también el acceso equitativo a la información, como lo establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, en las plataformas digitales, la distribución asimétrica de recursos dificulta este derecho, ya que intervienen en cómo se distribuye la palabra y se configura la conversación pública.”
Por su parte, la UNESCO ha emitido directrices sobre el compromiso ético de plataformas y estados para garantizar la transparencia y la protección de los derechos humanos. Estas recomendaciones incluyen la alfabetización mediática, la moderación de contenidos y la implementación de cuotas de protección para la infancia y otros grupos vulnerables.
Baladrón, por su parte, destaca que las directivas de la UNESCO son un avance significativo: “El alcance de estas propuestas es novedoso, ya que no solo abarcan los medios tradicionales, sino también plataformas audiovisuales y de contenido generado por usuarios, ajustándose a la diversidad de actores que intervienen en el ecosistema digital.”
La UE ha liderado los esfuerzos regulatorios con iniciativas como la Directiva de Servicios Audiovisuales y la Regulación General de Protección de Datos (GDPR). Estas normativas incluyen desde cuotas de catálogo para plataformas de streaming hasta restricciones sobre el uso de datos personales.
Según Baladrón, este enfoque integrado permite una actualización constante de las regulaciones: “Las directivas europeas obligan a los países miembros a adaptar sus legislaciones nacionales, garantizando así un avance coordinado. Esto incluye medidas sobre transparencia, mercados digitales y la aplicación ética de la inteligencia artificial.”
Regular las plataformas informativas es una tarea clave, se basa en encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la responsabilidad social. Mientras tanto, los usuarios también desempeñan un rol esencial, exigiendo mayor transparencia y responsabilidad a las plataformas. La regulación no busca limitar la libertad, sino garantizar que las plataformas digitales cumplan su función de manera ética y democrática. En un mundo donde la información es poder, construir un ecosistema digital más justo y seguro es una tarea colectiva.