Kreplak es médico sanitarista por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Salud Pública por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Trabajó como docente de la Cátedra de Fisiología en la UBA y la Universidad de José C. Paz (UNPAZ). También se desempeñó como médico en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. En julio de 2021 asumió como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Es fundador de la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización sin fines de lucro que promueve el derecho a la salud, fomenta la investigación y la formación para profesionales del sector. En su trayectoria como médico e investigador, participó en distintas publicaciones científicas, congresos y fue autor/coautor de varios libros, entre los que se destacan La salud sí tiene precio (2021) y Manual de Salud Pública. Conceptos y herramientas para futuros sanitaristas (2024), un texto de referencia para estudiantes y profesionales del área.
Kreplak dialogó con ANUNM y analizó qué situación atraviesa hoy el sistema sanitario, y cuáles son los proyectos que se impulsan desde la provincia para hacerle frente a la crisis, entre otras cuestiones.
¿Cómo describiría hoy el estado del sistema de salud a nivel nacional?
Hoy el sistema de salud nacional atraviesa una situación muy crítica, producto de un proceso deliberado de desfinanciamiento y retiro del Estado nacional. Se está deteriorando la capacidad de atención y aumentan las dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones. Las provincias estamos teniendo que hacer un esfuerzo cada vez mayor para sostener lo que antes se garantizaba desde una política sanitaria nacional.
Lo más preocupante es que no estamos hablando solamente de problemas administrativos o presupuestarios: cuando se desfinancia el sistema sanitario, se deterioran las condiciones de vida y se pone en riesgo la salud de la población. Y esto ocurre después de décadas en las que Argentina construyó capacidades sanitarias muy importantes. El Ministerio Nacional ya ni siquiera funciona como un órgano rector de políticas sanitarias, está completamente ausente.
¿Cuáles son las políticas que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires para amortiguar el impacto de esta crisis nacional de salud?
En la Provincia de Buenos Aires elegimos otro camino, el de sostener la inversión, fortalecer nuestros hospitales y centros de salud, ampliar el acceso a medicamentos y vacunas y construir una red sanitaria cada vez más integrada. Creemos que la salud es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizarlo. Lo que está en discusión hoy es qué sistema de salud queremos para la Argentina, uno que garantice derechos o uno en el que cada persona quede librada a su capacidad de pago.
Por ejemplo, fortalecimos la política de medicamentos para hacer frente al cierre o vaciamiento del Programa Remediar. También estamos fortaleciendo nuestra red hospitalaria con infraestructura y tecnología de alta complejidad. No es solamente construir hospitales: es incorporar angiógrafos, tomógrafos, resonadores, equipamiento para diagnóstico y tratamiento, y mejorar los circuitos de atención.
La Provincia no puede reemplazar al Estado nacional, pero sí puede demostrar que hay otro camino. Frente al ajuste y al abandono, nosotros respondemos con planificación, inversión, producción pública, integración y más capacidad de atención. Para nosotros la respuesta no puede ser abandonar a la gente, tiene que ser estar más presentes.
¿Cuál es su mirada sobre la decisión del Gobierno de cobrarle la atención médica a los extranjeros no residentes en los hospitales públicos? ¿Esto se va a cumplir en la provincia?
Me parece una medida discriminatoria y, fundamentalmente, una enorme cortina de humo. El Gobierno nacional pretende instalar que el problema del sistema de salud son los extranjeros, cuando el verdadero problema es el desfinanciamiento y el retiro del Estado. En la Provincia de Buenos Aires, además, el impacto concreto de esta medida es prácticamente nulo porque nuestros hospitales son provinciales y nosotros no vamos a cobrarle a una persona por atenderse por su condición de extranjera.
No vamos a aceptar que se construya un chivo expiatorio para ocultar el verdadero problema. Los extranjeros no están poniendo en crisis al sistema de salud, lo que está poniendo en crisis al sistema es la falta de financiamiento.
¿Cuál es su opinión en torno al proyecto impulsado por el Gobierno para reformar la ley de Salud Mental? ¿Por qué implicaría un “retroceso en materia de derechos humanos”?
Implica un enorme retroceso en un paradigma que Argentina construyó durante muchos años en materia de salud mental y derechos humanos. Las personas con padecimientos mentales son sujetos de derecho y la atención debe organizarse prioritariamente en la comunidad, con equipos interdisciplinarios y en hospitales generales, evitando el aislamiento y la institucionalización como respuesta.
Para nosotros, el problema de la salud mental no se resuelve encerrando personas. Se resuelve con más capacidad de atención, más equipos interdisciplinarios, más dispositivos comunitarios, más prevención y más acompañamiento. Si una persona necesita una internación, por supuesto que el sistema tiene que poder brindársela de manera oportuna y segura, pero una internación debe ser una herramienta terapéutica y excepcional, no volver a convertirse en el centro del modelo.
Además, una reforma de esta magnitud no puede discutirse solamente desde Buenos Aires ni desde una oficina del Gobierno nacional, ni por un Zoom como nos están proponiendo. Las provincias somos quienes sostenemos cotidianamente los sistemas de salud mental y quienes después tenemos que implementar estas políticas en nuestros territorios. Necesitamos una discusión federal, presencial, con evidencia científica, participación de las jurisdicciones, de los trabajadores, de las personas usuarias y de sus familias.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó dos proyectos impulsados en materia de salud: la creación de una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). ¿Podría contar brevemente en qué consiste cada uno?
Son dos proyectos que apuntan a resolver problemas estructurales de nuestro sistema de salud y que tienen una misma lógica: construir más capacidad y soberanía sanitaria.
Por un lado, proponemos la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa con participación estatal mayoritaria que nos permita fortalecer y escalar la producción pública de medicamentos e insumos. Hoy tenemos capacidades muy importantes, pero las dificultades administrativas y productivas muchas veces nos impiden producir todo lo que necesitamos. Queremos tener mayor capacidad de producción, mejorar los procesos, garantizar el abastecimiento y también reducir costos. En definitiva, que el Estado pueda producir aquello que el mercado no garantiza o que produce a precios inaccesibles.
Por otro lado, el SIPBA busca enfrentar uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema: la fragmentación. Tenemos un sistema público, uno de la seguridad social y uno privado, que muchas veces funcionan sin suficiente articulación. El proyecto propone integrarlos y coordinarlos bajo la conducción sanitaria de la Provincia, construyendo una Red Bonaerense de Atención y Cuidados que organice la atención según los distintos niveles de complejidad.
Son dos herramientas para pensar el sistema de salud de los próximos años. No son proyectos para una gestión ni para un gobierno: son propuestas para darle al Estado provincial más capacidad de planificar, producir, regular y garantizar el derecho a la salud.
¿Cuál es la situación actual del PAMI y cómo repercute eso en la demanda sobre el sistema provincial?
El PAMI está atravesando una situación muy preocupante. Hay un deterioro de las condiciones de atención, problemas con los prestadores, atrasos en los pagos y una reducción de capacidades que termina teniendo una consecuencia muy concreta: muchos afiliados que deberían ser atendidos por su obra social recurren al sistema público provincial. De hecho, durante este año se hizo cada vez más visible cómo hospitales provinciales y municipales están absorbiendo una demanda que antes era atendida por prestadores privados del PAMI. Así no hay sistema que aguante.
El problema no es que los jubilados vengan al hospital público; el problema es que el Estado nacional está debilitando las herramientas que deberían garantizarles una atención adecuada. Necesitamos que PAMI funcione, que pague a sus prestadores y que garantice las prestaciones que corresponden. Si el Gobierno nacional decide desfinanciar su sistema, no puede pretender que las provincias sean las que paguen las consecuencias.
¿Qué medidas cree que deberían tomar las próximas autoridades nacionales para revertir la crisis?
El próximo Gobierno nacional va a tener que reconstruir el sistema de salud argentino. Y reconstruirlo no significa simplemente volver a financiar lo que había, significa discutir qué sistema de salud queremos y recuperar la capacidad del Estado para conducirlo.
Lo primero es recuperar el financiamiento nacional de las políticas sanitarias esenciales, como medicamentos, vacunas, programas de prevención, VIH, tuberculosis, salud mental, discapacidad y todas aquellas políticas que hoy las provincias estamos sosteniendo con recursos propios. También hay que recomponer el PAMI y la seguridad social, porque cuando esos sistemas se deterioran la demanda termina trasladándose al hospital público.
En segundo lugar, necesitamos integrar un sistema que hoy está profundamente fragmentado. El sector público, las obras sociales y el sector privado no pueden seguir funcionando como compartimentos estancos. Necesitamos una política federal que establezca responsabilidades claras entre Nación y las provincias, con financiamiento asociado, objetivos sanitarios comunes y capacidad efectiva de coordinación.
Y hay una cuestión que para mí es fundamental: hay que volver a poner a las personas en el centro del sistema. No podemos medir el éxito de la política sanitaria solamente por cuánto gastamos, sino por cuánto logramos prevenir, cuánto reducimos las desigualdades y cuánto mejoramos la vida de nuestra población.
