Juan Manterola tiene 37 años, vive en José C. Paz y es profesor de Historia. Trabaja como docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), donde se graduó, y en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Además, dicta clases en escuelas secundarias de la zona. Sin embargo, desde el 2023 se vio en la obligación de buscar otra fuente de ingreso para poder llegar a fin de mes y empezó a trabajar de Uber los fines de semana. Su situación personal no es aislada, sino que es un reflejo de lo que viven hoy muchos trabajadores universitarios.
El caso de Manterola es parte de un conflicto más amplio de ahogamiento presupuestario que atraviesa hoy a las universidades públicas de todo el país. En este contexto, docentes, no docentes y estudiantes volverán a movilizarse este martes 12 de mayo en la Cuarta Marcha Federal Universitaria, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva más de 200 días sin ejecutarse.
Según datos difundidos en abril por el Grupo Economía Política Ciencia (EPC), los salarios de las universidades nacionales cayeron en marzo por 17º mes consecutivo: acumularon un retroceso del 33,7% desde 2023. Además, requerirían un aumento del 50,7% para volver a valores de noviembre de 2023. “Muchos docentes estamos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Por un cargo de dedicación simple, de diez horas semanales, cobro un sueldo de 250 mil pesos”, expresa Manterola.
La Ley de Financiamiento Universitario, que se aprobó en 2025 y que está vigente pero judicializada, asegura los fondos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema universitario, contempla la actualización de los salarios asegurando que no sea inferior a la inflación publicada por el INDEC. Además, asegura la ampliación del monto y la cantidad de becas estudiantiles y de investigación. Por otro lado, crea un fondo destinado a carreras estratégicas que se definan fundamentales para el desarrollo del país. La Ley no representa un gasto ni afecta las cuentas del Estado ya que se sustenta con fondos de coparticipación federal.
“Necesitamos que nos incrementen un 50% de nuestros ingresos para recuperar el poder adquisitivo. Esta situación provoca la fuga de los docentes universitarios que migran al sector privado o al exterior ante la imposibilidad de cubrir sus gastos básicos”, afirma Máxima Guglialmelli, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (ADUNM), nucleada dentro de FEDUN. Además menciona que, ante el cierre de comisiones, hay docentes con una dedicación simple que terminan realizando tareas que requerirían tener un mayor cargo.
En la misma línea, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, explica: “Hoy miles de docentes sostienen las tareas de enseñanza, investigación y extensión con salarios por debajo de la línea de pobreza y con una creciente precarización laboral. Esto produce la renuncia de más de 10 mil docentes y el pluriempleo. Esta política de desfinanciamiento pone en riesgo no solo las condiciones de trabajo, sino también el derecho social a la educación superior pública, gratuita y de calidad”.
La falta de financiamiento, además, pone en riesgo la continuidad de las distintas carreras, la cantidad de comisiones y los cargos docentes, lo cual afecta de manera directa a la calidad de la educación. “Estamos funcionando en lugares donde entran 60 personas y metemos 90 para que se pueda dar una clase. Esto hace que la atención no sea la misma. Esto es muy crítico en nuestra universidad que es nueva y que tiene un plan edilicio que no se está cumpliendo porque no hay presupuesto suficiente”, cuenta Mariano Bascans, secretario adjunto de ADUNM y docente del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNM.
Falta de respuestas
Mientras la ley continúa sin ejecutarse, docentes y sindicatos cuestionan la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional y la ausencia de instancias de negociación. Esto, además, se ve agravado por la circulación de discursos que buscan desprestigiar a las Universidades. “La respuesta del gobierno ha sido el ajuste, el congelamiento presupuestario y la negativa sistemática a dar soluciones de fondo al conflicto universitario”, sostiene Staiti.
Por su parte, Guglialmelli, quien también es docente de Trabajo Social en la UNM, señala que las respuestas del gobierno son “unilaterales”. “No hay una mesa de concertación que pueda dar respuesta a los reclamos que hacemos desde los sindicatos. Además, dicen que las universidades somos poco transparentes y que no nos sometemos a auditorías, cuando en realidad somos los organismos más auditados del país”, agrega.
En cuanto a la situación actual de la ley, cabe destacar que recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió conceder el recurso extraordinario presentado por el Gobierno Nacional. Esto implica la suspensión inmediata de la medida cautelar que favorecía a las universidades hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte el fallo definitivo. Esta demora y falta de definiciones, sin duda, profundiza aún más la emergencia presupuestaria y agrava la situación salarial del sistema universitario.
Convocatoria a la marcha
Frente a este panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una nueva movilización masiva a Plaza de Mayo para este martes 12. Se espera que esta cuarta protesta sea nuevamente multitudinaria como las tres anteriores, ocurridas en abril de 2024, octubre de 2024 y septiembre de 2025. “Creemos que una enorme marcha en la calle puede darnos algún tipo de respuesta a nuestro conflicto. La Justicia nos acompañó, la sociedad y el Congreso también. El único que tiene la llave para destrabar este conflicto es el Gobierno Nacional”, señala Guglialmelli.
Por su parte, Stati menciona que la marcha del 12 es una “nueva expresión de unidad y masividad en defensa de la Universidad Pública, la ciencia, el trabajo docente y la democracia”. Además menciona que se espera que sea una jornada histórica, donde participarán estudiantes, docentes, no docentes, organizaciones sindicales, sociales y amplios sectores de la sociedad.
Sin duda, la defensa de la universidad pública excede a la comunidad universitaria ya que se trata de defender derechos conquistados, como el acceso a la Educación Superior, la producción de conocimiento científico y el futuro de miles de estudiantes y trabajadores de todo el país. “Sostenemos que la universidad pública es un derecho individual, porque nos permite formarnos y desarrollarnos profesionalmente, como colectivo, ya nuestro país necesita mejores profesionales, cientistas sociales, docentes, médicos. Es un patrimonio de nuestro país que debe ser defendido como tal, por eso esperamos ser muchísimos en las calles”, concluye Manterola. En la UNM, la comunidad se convoca para las 11 del martes en el mástil, para luego ir en tren hasta Plaza Once y de ahí hasta Plaza de Mayo.
