La comunidad universitaria y científica del país presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto para garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias del país sin afectar las cuentas públicas del Estado Nacional. Inspirada en el texto que el presidente Javier Milei vetó el año pasado, la propuesta busca recomponer la situación salarial de docentes y no docentes, asegurar los gastos de funcionamiento e infraestructura de las universidades e incrementar la inversión en becas estudiantiles.
El proyecto, que tiene doce artículos, propone garantizar por ley los fondos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el texto plantea calcular el financiamiento a partir de una “Proporción Universitaria” sobre los fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar en la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Esto garantiza que no haya ningún aumento de impuestos y tampoco genera déficit fiscal en el Estado Nacional”, afirma Oscar Alpa, presidente del CIN. En relación a la gravedad de la situación, menciona que es crítica ya que las universidades no cuentan con presupuesto por segundo año consecutivo. “Al no existir presupuesto, no ha habido paritarias ni aumentos salariales. En estos quince meses se ha perdido un tercio del salario real de docentes y no docentes, así como también de nuestros investigadores”, sostiene.
En cuanto a los salarios, el nuevo texto propone convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente con una periodicidad “que no podrá exceder los tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”. En ese sentido, de acuerdo a Alpa, los pequeños aumentos salariales que se producen “no llegan ni al 50% de la inflación oficial que se informa, por eso es necesario compensar lo perdido”.
Por otro lado, el proyecto propone crear un fondo anual para generar e incrementar aquellas carreras estratégicas que se definan fundamentales para el desarrollo del país, al igual que aquellas áreas de conocimiento para la aplicación de la inteligencia artificial. Además, se busca una ampliación progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles, como por ejemplo la beca Progresar y la Manuel Belgrano. Estas, sin duda, constituyen una ayuda económica fundamental para garantizar la continuidad de los estudiantes.
Un derecho que sigue en riesgo
Sin duda, la situación compleja del sistema universitario en su conjunto atraviesa a todas las universidades nacionales. Sin embargo, golpea aún más fuerte a aquellas que se encuentran en pleno desarrollo. “Nuestro país, desde la nueva Ley de Educación Superior de 1994, tiene más de la mitad del sistema universitario con 30 años o menos de antigüedad. Estas instituciones continúan desarrollándose y por eso es necesario apoyarlas en ese proceso”, explica Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).
La UNM es una de ellas. Con quince años recién cumplidos, esta casa de estudios tiene carreras que están iniciando, como Abogacía y cuatro licenciaturas de Diseño. Esto implica que todos los años se deben consolidar nuevos cargos para poder cubrir las nuevas comisiones de materias que se dictan por primera vez. La falta de financiamiento obstaculiza este proceso. “Eso sin contar otros proyectos, como carreras que no se lanzaron, tecnicaturas y las necesidades que tienen que ver con sostener esta infraestructura”, agrega Andrade.
A este panorama se le suma un problema que la UNM viene arrastrando desde 2020: el conflicto con el Municipio por la titularidad del predio y edificio de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM (ESPUNM). “Hace cinco años que la universidad no tiene obras nuevas, por lo cual tenemos un corsé de infraestructura edilicia, y eso agrava la situación. Priorizamos las necesidades de las nuevas comisiones que tenemos que abrir para que se completen los ciclos de las carreras y todo lo demás está en un compás de espera. Estamos utilizando reservas que se están agotando”, explica Andrade.
La situación de la UNM refleja la importancia que cobra en este contexto el nuevo proyecto para encontrar una solución y ponerle un freno a las dificultades actuales que atraviesan las universidades. En ese sentido, otro de los puntos importantes que propone la ley es incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a la educación universitaria hasta alcanzar, en el 2031, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año.
Por otro lado, luego de que Milei vetara el año pasado el proyecto sancionado por ambas cámaras del Congreso se abre el interrogante sobre la chance de que vuelva a suceder lo mismo con este nuevo texto. “Más allá de que exista la posibilidad de que lo vuelvan a vetar, es una decisión que afecta el futuro del país, si su sistema universitario no acompaña su desarrollo. Esta desinversión impresionante que estamos viendo en la Educación Superior no es otra cosa que frenar el futuro de un país”, afirma Alpa.
Por su parte, Andrade menciona la importancia de invertir en educación para “engrandecerla”. “En estos momentos estamos conversando para sostenerla. “Cualquiera que sea la decisión, tenemos que ser conscientes, los legisladores, el Gobierno Nacional y la sociedad de que el 50% del sistema son universidades nuevas que tienen otras características y que se tiene que pensarun financiamiento que le garantice un mínimo de funcionamiento y estabilidad”, concluye.
En cuanto a su tratamiento, se estima que el proyecto pueda ser tratado en los primeros días de julio. Por lo pronto, se espera que el jueves 26 de junio se realicen actividades en las distintas instituciones del país bajo el eslogan “Prendete a defender a la universidad pública”, donde se llevarán adelante marchas de antorchas y clases públicas para concientizar sobre la situación.
