Rodolfo Pastore es economista recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Realizó posgrados en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es el director del programa de Extensión CREES (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) y decano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. A lo largo de su trayectoria ha estudiado la economía en términos sociales y ha propuesto una mirada alternativa al campo académico de la economía tradicional. El jueves desde las 16 Pastore dará una conferencia en la UNM, en la jornada “Circuitos Socioeconómicos Alimentarios como iniciativas viables de la Economía Popular, Social y Solidaria”. El evento es el segundo encuentro de las jornadas “Formación en Economía Popular, Social y Solidaria”, organizadas por el Programa de Estudios de la Economía Social (PEES), perteneciente al Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) de la UNM. Sobre el tema de su exposición dialogó con ANUNM.
¿Qué implica lo que se entiende por economía social?
No hay economía sin sociedad. La economía social no tiene como objetivo maximizar ganancias, tiene que ver con la sostenibilidad de la vida. Es clave que, como cualquier ciencia social, la economía esté impregnada de las necesidades y realidades de su tiempo y sociedades. Sin descartar que las nuestras son sociedades en donde el mercado ha crecido sustancialmente en distintos ámbitos de la acción humana, es clave reconocer las necesidades humanas como derechos y como tal que toda economía es social y política.
Este punto es importante sobre pues hace a los imaginarios sociales sobre la economía y el trabajo. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona si trabaja, quizás nos dice que no si lo hace de forma no remunerada, sea en el hogar o en la comunidad Eso implica una manera de hegemónica de concebir que lo único “económico” es aquello que se juega en el mercado. Pero la sociedad en tanto tal no existiría si no tuviésemos la economía doméstica, en la cual las relaciones no están signadas por el intercambio mercantil.
¿Podría definir la economía social y solidaria, que se menciona en tus trabajos como ESS?
Bueno, esto está en debate. Primero es importante decir que no hay un solo tipo de economía, hay varias formas de organizar lo económico. Tenemos la forma de organización económica empresarial lucrativa y otras formas de organización económica que no tienen como finalidad maximizar ganancias o acumular poder. Estas otras formas de no son hegemónicas porque la forma dominante de organizar nuestra economía es a través del capital.
Pero en nuestras sociedades periféricas es quizás lo más importante en cuanto a la generación de trabajo la llamada economía popular, como forma organizativa de los sectores populares que desarrollan distintas estrategias para lograr satisfacer sus necesidades e intentar mejorar sus condiciones de vida. De hecho, desde los años ‘70 para acá, las estadísticas laborales muestran que la tasa de trabajadores asalariados registrados no ha variado demasiado, aunque la población general ha crecido. En ella, no son todos desempleados, ya que la mayoría de las personas tienen formas de trabajo no registrado. En estos casos, se trata de trabajo autogestionado sea por cuenta propia o de formas asociativas o comunitarias, como changas o a través de distintas formas como vendedores ambulantes, cartoneros, cooperativas de trabajo o agricultores familiares.
En la conferencia que dará en la UNM hablará sobre los “circuitos socioeconómicos alimentarios”. ¿Podría explicar qué son?
Los circuitos económicos son clave en los debates de la economía política. Los primeros que quizás trabajaron esta noción fueron los fisiócratas, a fines del siglo XVIII. Estos trataban de demostrar que había una circulación desde lo que se producía, consumía e invertía, que permitía que las sociedades evolucionaran, la generación y circulación del“excedente” social, ellos pensaban que se daba solo en la agricultura, pero desde entonces hasta ahora resulta una noción más amplia de toda la economía política.
Por su parte, volviendo al presente, los circuitos económicos alimentarios globales tienden a generar procesos negativos. Estos sistemas generan mala alimentación e inseguridad alimentaria, como problemas de acceso alimentario, malnutrición por ultraprocesados y obesidad. Otro efecto negativo es la concentración del capital, a nivel internacional, de grandes empresas que succionan excedentes de todo el mundo, haciendo que pequeños productores agrícolas sean pobres o despojados de la tierra.
A diferencia de ello, los circuitos socioeconómicos alimentarios no tienen como finalidad principal la acumulación del capital, su objetivo es generar mejores condiciones de vida y garantizar la alimentación como un derecho. Sintéticamente benefician tanto a la pequeña producción local agroalimentaria, como a las personas y familias que buscan conseguir una alimentación más saludable y accesible. Estos circuitos se han expandido y representan formas de vinculación directa entre productores y consumidores que se organizan para poder acceder a ellos.
Actualmente, nos encontramos en un marco de medidas que podrían considerarse excluyentes para las economías familiares, emprendimientos, cooperativas y mutuales. ¿Cuáles son las urgencias que afrontan las organizaciones de la economía popular?
Sin duda, son múltiples porque hay un desentendimiento del Estado y una desestructuración de las políticas públicas y las instituciones vinculadas a la economía social. Basta nomás ver lo que pasó con el Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina que fue desestructurado y atacado, y con la penalización a un conjunto de cooperativas que han sido dadas de baja ante dificultades de registración. Estamos en un contexto no sólo de desatención social del Estado, donde si hay alguna regulación termina dominando la que favorece a los intereses de los poderosos.
También es bueno ver que, en estos contextos, la economía popular y solidaria crece. Pero necesitamos avanzar hacia nuevos desafíos. Por ejemplo hoy está la posibilidad de desarrollar medios de intercambio digitales que permitirían expandir las capacidades y condiciones para que estas economías se desarrollen.
En cuanto a modos de formalización y registración más ágiles, la Ley Bases en la práctica da por concluida la iniciativa del Monotributo Social, o sea, la posibilidad de que unidades productivas socioeconómicas pudieran tener una forma de registración más accesible. Esta iniciativa ha sido una forma en que muchísimas personas de los sectores populares, pudieron estar registradas mientras que ahora se multiplicaría por ocho veces el pago mensual . Seguramente hay cosas para mejorar, pero hay que buscar formas más ágiles y expansivas de registración fiscal.
La economía popular se va a expandir ante la crisis. Lo que necesitamos es mejorar las condiciones para su desarrollo hasta que, eventualmente, puedan haber políticas nacionales que acompañen de una forma más transformadora.
¿Cuáles considera que podrían ser las políticas que ayuden a estas experiencias de economía?
Si bien es muy importante seguir sosteniendo políticas sociales redistributivas y alimentarias universales, está demostrado que es insuficiente. Necesitamos que las políticas económicas, industriales y tecnológicas se piensen para el siglo XXI y nuestra sociedad. Eso implica no estigmatizar estas microeconomías populares y solidarias, al contratio reconocerlas como un factor importante del desarrollo económico de nuestros territorios.
Todo eso no es fácil porque hay complejidades que tienen que ver con distintos niveles jurisdiccionales para avanzar en procesos de cooperación social más complejos. Eso se dificulta mucho por lógicas relacionadas con la acumulación de poder, las dinámicas burocráticas y las miradas muy segmentadas de lo económico que reconocen un solo tipo de economía.
Hay que potenciar políticas integrales. Hablar de integralidad de las políticas socioeconómicas, implica hablar de políticas tecnológicas, educativas y de infraestructura para estas economías.
¿Y este tipo de políticas podrían generar un crecimiento intergeneracional?
La intención tiene que ser esa. La multidimensionalidad y la intertemporalidad son componentes de la complejidad. Cuando encima faltan recursos hay que ver cómo convertir esa falta en una capacidad para que se generen mayores sinergias.
En este sentido, nada mejor para la intergeneracionalidad que las políticas educativas. Si los jóvenes de los sectores populares salen a buscar trabajo y no encuentran demanda laboral, hay que desarrollar capacidades emprendedoras con otras y otros. Es decir, hay que desarrollar en ellos la capacidad de trabajar en equipo, plantear una iniciativa y tener capacidad de emprender con otras y en la medida de lo posible de innovar.
En el trabajo realizado junto a Bárbara Altschuler Economía social y solidaria en clave de desarrollo socio-territorial en Argentina, se hace mención a que la economía social y solidaria surge como respuesta a la globalización excluyente de las últimas décadas. ¿Cuál considera que será el panorama de las organizaciones de la economía popular, en el marco del gobierno de Javier Milei?
Estas organizaciones populares van a estar en un proceso de lucha y de resistencia. Estamos en una etapa en que todavía no se ha acumulado suficiente fuerza para dar vuelta algunas cuestiones tan negativas como, por ejemplo, lo que ha pasado con la Ley Bases. Entonces, la unión en la lucha y la resistencia implican una cuestión clave que ha perdurado a lo largo de la historia de la organización popular y de los trabajadores de nuestro país. Pero también hay que avanzar en direcciones complementarias.
En primer lugar, necesitamos lograr formas de organización económica que nos permitan resolver, en mejor medida, las necesidades que tiene nuestra población. Hay que atender las necesidades de las y los trabajadores, sean asalariados o no, a través de formas económicas solidarias y populares que podrían potenciar la cooperación social. Quizás necesitamos más aprendizaje de experiencias que muestran que ese camino ya está construyéndose.
En segundo lugar, hay que organizar la cooperación para tener economías populares, sociales y solidarias más potentes.
Por último, hay que ir visibilizando y proyectando la acción pública como posibilidad de articulación entre distintos actores de un territorio para generar una acción orientada al bien común, en este caso, el económico para satisfacer necesidades de las personas y comunidades.
Para ello, desde ya es requisito que el Estado sea impulsor de todo eso. Sin embargo, en contextos en donde eso no sucede, vamos a tener que desarrollar la acción pública común aún en contra de ciertas gestiones estatales. Entonces, la acción pública es una comunidad organizada, que también nos permita pensar cuáles son los aprendizajes que tenemos de lo bueno y lo malo que se hizo en etapas previas de políticas públicas nacionales. Pues por algo estamos como estamos.
Para proyectar cómo tendrían que ser esas políticas públicas a nivel nacional, es importante valorar las iniciativas de políticas locales y provinciales que van en esa dirección junto con la organización de la resistencia social, para que la cooperación social y la comunidad puedan condensarse en otros proyectos populares que vuelvan a tener incidencia en el Estado nacional. Pero necesitamos repensar y replantear las políticas públicas socieoconómicas.
