“Uy, cómo me dieron”, dijo Pablo Grillo cuando vio el video por primera vez. Lo pidió él, semanas después de recibir el impacto. Se lo mostraron sus amigos. Lloró. No terminaba de entender por qué tantas personas –incluso su ídolo Ricardo Bochini– lo habían ido a visitar para darle fuerzas. “No solo Pablo queda al borde de la vida y la muerte ese día, la represión fue brutal”, expresa la investigadora Cora Gamarnik.
El fotoperiodista, Pablo Grillo se agachó aquel 12 de marzo en la calle Hipólito Yrigoyen para buscar un encuadre en el que entrara la brutalidad, a metros del Congreso, frente a un cordón de gendarmes y prefectos que respondían con violencia desmedida a la multitud que se manifestaba en la marcha de jubilados. Fue entonces cuando el gendarme Héctor Jesús Guerrero gatilló su escopeta con un latón de gas pimienta. El proyectil impactó en la cabeza de Pablo. El fotógrafo cayó. No murió de milagro.
Ese disparo no fue un caso aislado, ni un error individual. Fue un mensaje. Como lo son las agresiones que reciben quienes registran lo que el poder no quiere mostrar. “Las fuerzas de seguridad tienen libertad para disparar, para tirar gas pimienta, para empujar, para insultar, para maltratar”, asegura Rocío Bao, fotoperiodista de Infonews en diálogo con este medio.
El Poder Judicial como látigo
En la cuenta oficial de X, del presidente Javier Milei, los ataques verbales y señalamientos a periodistas críticos -o decentes-, se convirtieron en uno de los principales blancos del poder, poniendo en juego, no solo la vida y la libertad de quienes registran, sino el derecho colectivo a saber qué está pasando. El 4 de mayo el periodista Ari Lijalad publicó en El Destape una nota de opinión titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi” y fue denunciado penalmente por el mandatario. Finalmente, la Cámara Federal desestimó la demanda
Las denuncias penales contra periodistas se acumularon, A la hecha contra Lijalad se les sumaron las iniciadas contra Carlos Pagni (La Nación +) y Viviana Canosa (Canal 13). La del periodista de La Nación fue rechazada a principios de mes. Si bien la prisión para calumnias e injurias fue derogada en 2009 -en línea con estándares internacionales-, la reapertura de estas causas bajo un gobierno hostil deja en evidencia un intento de disciplinamiento. “No hay calumnias ni injurias en lo que yo escribí, solamente una caracterización política”, comenta Lijalad. Según el Código Penal, la calumnia implica acusar falsamente a otra persona de haber cometido un delito y la injuria consiste en deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona. Pero la reforma dejó claro q las expresiones referidas a asuntos de interés público no constituyen delito y solo pueden dar lugar a sanciones económicas, si corresponde.
“No creo en la judicialización de la política ni de la libertad de expresión, ni de la vida, creo que el Poder Judicial está para otra cosa, lamentablemente ha intervenido históricamente ´mal´ desde los dos casos que llegaron a la Corte Internacional de Derechos Humanos por la cual Argentina fue sancionada, caso Fontevecchia y caso Kimel donde el Poder Judicial convalidó ataques a la libertad de expresión, como en el caso de la Jueza Servini que intentó censurar a Tato Bores, debería el poder judicial atenerse a proteger la libertad de expresión bajo todo concepto. Lamentablemente hay personas que dicen trabajar de jueces y fiscales y trabajan de otra cosa, trabajan de operadores políticos y judiciales”, afirma Lijalad.
Informar y sobrevivir en el intento
Existen distintas formas de atacar a la prensa y por consecuencia a la libertad de expresión, vulnerando el derecho a estar informado. La precarización del oficio es una de las tantas formas de silenciar. En los últimos años, SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) relevó cientos de casos de agresiones en marchas, pero también denunció condiciones laborales que rozan la explotación.
En la última encuesta realizada por SiPreBa, en junio de 2025, se informa que 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tienen sueldos de pobreza. El relevamiento, con 1100 trabajadores de medios públicos, privados y autogestivos, revela dos datos alarmantes. El 70,4% percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza: “Tenemos grandes problemas en lo salarial con sueldos que están bajo la línea de pobreza en la mayoría de los medios y en algunos incluso con sueldos que están por debajo de la línea de indigencia, ya no de pobreza sino de indigencia”, cuenta Agustín Colombo que trabaja desde 2015 en la sección Deportes del diario Perfil y es además delegado gremial de SiPreBA.
El 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró desde la llegada al poder de La Libertad Avanza. Un 27% manifestó haber recibido agresiones por ser periodista en el último año, entre los cuales de este total el 33% fue víctima de represión y el 20% fue atacado por funcionarios del gobierno. La violencia digital sigue siendo preocupante, un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual. El combo precarización y agresiones podría explicar que el 27% afirma padecer problemas de salud con síntomas como ansiedad, estrés o depresión
Para Colombo la realidad de los trabajadores de prensa en la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general ya supera cualquier límite imaginable, la define como dramática: “Me parece que la columna de Leticia Martin en el diario Perfil donde yo trabajo, visibilizó un poco -o visibilizó mucho- la situación de los trabajadores de prensa y la situación que se vive en las redacciones de todos los medios de la Argentina”, comenta sobre la nota Nadie lee nada que se hizo viral bajo la lógica sobre la que la autora misma reflexiona. Se miden los éxitos en clave de enfermedad, pero también los síntomas brotan y no se pueden ocultar.
Instrucciones para mirar
“Una de las herramientas que tenemos para saber lo que está pasando, tiene que ver con lo que hacen los y las fotógrafas en las calles jugándose el cuerpo, jugándose los ojos, poniendo sus herramientas de trabajo en riesgo”, argumenta Gamarnik, investigadora del Conicet, en el ciclo de charlas “Pensar juntos la cosa”. Y agrega: “Desde el año 1982 nunca hubo tanta represión como la que se está viviendo desde que asumió Milei”.
Entre las fotos que Gamarnik elige para graficar su análisis sobre el poder que ejerce el Gobierno, la primera es una imagen de febrero del 2024, de la Marcha contra la Ley Ómnibus. La foto muestra a la Prefectura Naval Argentina tirando gas pimienta directamente a la posta sanitaria que se había armado ese día, formada por un grupo de profesionales que estaban ahí de forma voluntaria para asistir a los manifestantes en caso de ser necesario.
“Tengo que registrar toda esa violencia mientras se está dando apoyo a quienes están yendo a manifestarse y a la vez sin perder de vista que nosotres como trabajadores de prensa somos blanco de las fuerzas de seguridad, también avaladas bajo un discurso presidencial y de otros funcionarios de alto rango que nos tratan como basura”, cuenta, por su parte, Bao. La estrategia principal para poder cumplir con su trabajo deviene hoy en una larga lista de cuidados, usando máscaras de protección y en ocasiones también trabajando en conjunto para poder cuidarse entre colegas.
Gamarnik reflexiona sobre la violencia que las fuerzas de seguridad ejercen sobre la sociedad y pone el foco en los lazos que se forman en estos contextos y en la necesidad de romperlos para evitar la organización popular. “Si se hubiese podido dar esa tarde del 12 de marzo, hubiese multiplicado la solidaridad de otros actores”, comenta haciendo referencia a la solidaridad que se dio entre las hinchadas de fútbol y los jubilados en aquella marcha. Y se permite volver atrás: “Yo me imaginaba que otro día iban a ir los estudiantes universitarios, otro día los actores, otro día gente de la cultura, otro día los médicos y los empleados de la salud. Yo creo que hubiese empezado otra línea y eso lo tenía clarísimo el Gobierno, lo tuvo clarísimo Bullrich y por eso ese día, donde además justo había sucedido la estafa de Milei con Libra y había un shock social y se estaba difundiendo la idea de Milei estafador, en esa marcha Pablo Grillo recibe una granada de gas lacrimógeno en la cabeza”, reflexiona. “No sólo Pablo queda al borde de la vida y la muerte ese día, sino que hay cientos de heridos, más de cien detenidos y detenidas que fueron cazados en la calle, hay un hombre de San Martín que perdió un ojo, la represión fue brutal. Lo de Pablo fue tan terrible que eclipsó todo el resto, ese día se montó una represión tan aleccionadora y disciplinadora para que no se pueda seguir ejerciendo esa solidaridad que se había empezado a armar con las hinchadas”, agrega.
Lo que vino después de este hecho, fue una gran movilización de los y las reporteras gráficas, que organizaron un camarazo en la puerta del hospital Ramos Mejía donde Pablo estaba internado, y en la puerta de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina). Gracias a la acción y a la organización civil, a la solidaridad de muchos reporteros y reporteras que entregaron su material gratuita y libremente a un colectivo llamado el mapa de la policía (Red de cuidados contra la violencia policial) en solo cuestión de horas, se pudo identificar al gendarme que efectuó el disparo. “Este creo, ha sido uno de los golpes más fuertes en términos simbólicos y materiales al Gobierno, porque efectivamente el tipo se va a tener que presentar y va a ir preso y en algún momento Bullrich si hubiese mínima justicia en este país, también va a ir presa por la cadena de mando en esa jornada”, afirma Gamarnik y agrega: “Se tardó veinte años pero los responsables de las muertes del 2001 están presos. Tarde o temprano Bullrich va a ir presa”.
Violencias simbólicas y físicas
En medio de un clima político y social cada vez más hostil hacia la labor periodística, Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y cronista de exteriores en Telefé, durante una entrevista con este portal, advierte sobre la gravedad del momento que atraviesan los medios y sus trabajadores. “El trabajo de las y los periodistas en Argentina está sufriendo la más grave amenaza desde la dictadura cívico militar hasta hoy. No hay antecedentes en los gobiernos democráticos posdictadura de una violencia simbólica verbal y física contra los trabajadores de prensa”.
Pero su relato no se detiene en la dimensión histórica del fenómeno. Pietrafesa también señala cómo esta violencia condiciona el ejercicio cotidiano del oficio: “En ese contexto, las tareas cotidianas nuestras por supuesto que se modifican por esta amenaza. Es imposible trabajar como si nada ocurriera. Y es un problema que nos ataca directamente, que involucra directamente a trabajadores y trabajadoras de prensa pero no es un problema solamente. Cuando se lesiona el derecho a la libertad de expresión, en realidad se están lesionando todos los derechos, que es el derecho del periodista a informar, pero sobre todo, es el derecho de una sociedad de estar informado. Esto es un problema de la democracia”.
La violencia contra periodistas incluye ataques directos, discursos de odio desde el poder, el uso abusivo de las fuerzas de seguridad y un avance cada vez más peligroso del gobierno sobre la prensa. Así lo denuncia Pietrafesa: “Con la figura de la resistencia a la autoridad, cualquier cosa que vos hagas, te estás resistiendo. Si vos ves que le están tirando gas a una piba de 11 años, decís ´eh qué haces´, viene otro de atrás y te lleva al calabozo porque te estás resistiendo. Es una tragedia y esto es lo que nos pasa todos los días”.
El accionar represivo de las fuerzas de seguridad obligaron a sindicatos como SiPreBa a asumir tareas que, en un contexto democrático no deberían formar parte de su agenda cotidiana. Al respecto, Pietrafesa expresa: “Nosotros —desde que asumió este gobierno, porque sabíamos que iba a venir— hemos hecho cursos de primeros auxilios con personal especializado del SAME, personal especializado en emergentología. Dos jornadas. También hemos hecho jornadas de asesoramiento de coberturas, dónde ponernos, qué hacer, cómo mirar. Después tenemos un vínculo muy aceitado con la gente de CORREPI y del CELS en cada una de las marchas. Y por supuesto hemos pedido a las empresas privadas que suministren elementos de protección hacia los compañeros, y en este último tiempo, estas últimas semanas, hemos facilitado equipos de protección a aquellas trabajadoras y trabajadores que están en la informalidad o pertenecen a medios comunitarios, que son un montón”.
El periodismo que incomoda al poder
Sobre los discursos en los que abundan los calificativos denigrantes hacia los trabajadores y trabajadoras de prensa como ensobrados, militantes, pagados y otros, Lijalad en declaraciones con este medio, reconoce que hay una discusión compleja, por lo que propone hacer una distinción que puede aclarar un poco el panorama: “Hay muchas personas que dicen que trabajan de periodistas pero en realidad su trabajo es otro, yo siempre distingo entre los periodistas que trabajamos de decir cosas que alguien no quiere que se digan y los comunicadores institucionales o relacionistas públicos que trabajan de decir cosas que alguien sí quiere que se digan y sin ser peyorativo, son dos trabajos muy distintos, básicamente opuestos y entonces ahí hay que separar primero quien trabaja de una cosa y quien de la otra”.
Para Lijalad, el ataque a la prensa tiene que ver con el trabajo periodístico real, que implica una producción de información, de chequeo, de verificación de la información y que rompe por completo con el esquema de pensamiento del Presidente: “Milei no odia a los periodistas sino que odia a la información porque la información desarma su manera de plantarse en el mundo que es que su opinión es un hecho incontrastable y puede decir cualquier cosa y en ese sentido es que se ataca el trabajo periodístico”, afirma.
“El Poder Judicial en términos de libertad de opinión ha protegido a Clarín en la causa Papel Prensa, ha garantizado durante cuatro años que no se aplicará la Ley Audiovisual, no ha intervenido en otras cuestiones que tienen que ver con derechos laborales”, afirma Lijalad.
El problema del periodismo es que se mete en los lugares donde está el poder, esto hace que no sea un trabajo cien por ciento seguro y libre, pero dependiendo del escenario político y social puede verse más o menos afectado. “Las presiones que hay para generar autocensura son mucho más efectivas que la censura por sí misma. Es necesario un sistema de medios que sea realmente democrático, por eso era importante la Ley de Medios. Yo creo que puede ser más seguro y más libre y depende mucho del laburo que hagamos los periodistas y que la sociedad entienda también que tiene que invertir en medios y que el estado intervenga fuerte para garantizarlo”, concluye Lijalad.
La otra cara de la moneda
En junio pasado, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la PFA (Policía Federal Argentina) vigente desde 1958 y aprobó un nuevo estatuto para la fuerza, que le da el poder a la PFA a actuar con más discrecionalidad y menos supervisión. El riesgo de censura indirecta y de acoso bajo la apariencia de legalidad se vuelve una cuestión central para garantizar el derecho a la información. Además, extiende la posibilidad de hacer requisas también sin orden judicial. Según el artículo 6 se permite esta práctica cuando “exista una sospecha fundada de que alguien podría ocultar objetos relacionados con un delito, si hay riesgo de que desaparezcan pruebas, o si la requisa ocurre en la vía pública en el marco de un operativo de prevención”. Según el comunicado publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este tipo de prácticas “habilita el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”. También alertan sobre el riesgo de que estas herramientas se utilicen para criminalizar protestas o vigilar a organizaciones sociales, especialmente si no existen mecanismos efectivos de control sobre el uso de la información recolectada.
Mientras el Gobierno, en nombre de una supuesta libertad, refuerza el aparato represivo con decretos que reducen los controles judiciales, el periodismo queda más expuesto. Y entra en juego la posibilidad de contar o no lo que sucede. Se puede informar, pero solo lo que el poder quiere. Se puede hablar, pero mejor si es en voz baja y con el micrófono apagado. Como advirtió Diego Pietrafesa, es un problema de los trabajadores de prensa, pero también es un problema de todos. Cuando se impide informar, se impide saber. Entonces, el periodismo sobrevive. Y esa, quizás, sea la escena más fiel de esta libertad que avanza hacia atrás.
Aunque los sindicatos de prensa y los organismos de derechos humanos denuncian un clima creciente de violencia hacia el periodismo, desde las fuerzas de seguridad comentan que existen protocolos para la labor informativa durante los operativos. Un efectivo policial accedió a declarar en forma anónima a este medio y explicó: “El protocolo indica que los periodistas deben poder realizar su labor libremente, siempre y cuando no obstaculicen la tarea policial ni comprometan su propia seguridad o la del operativo.” Consultado sobre cómo perciben el rol de los medios en las protestas, sostuvo: “El periodismo cumple un rol fundamental en una sociedad democrática, como así también en una manifestación, siempre que la información sea correcta y no sea desinformar”. En relación con las denuncias por violencia institucional contra periodistas, el oficial evitó entrar en detalles, pero remarcó que: “Es importante que cualquier denuncia sea investigada”.
Este tipo de respuestas contrastan con los testimonios de reporteros que fueron detenidos, golpeados o gaseados mientras cubrían movilizaciones recientes. La distancia entre el protocolo y la práctica sigue siendo una zona gris donde la libertad de prensa se juega en cada operativo.
La libertad de prensa se construye o se erosiona en las calles, en las redacciones y en los contratos. Como señala el periodista Alejandro Bercovich en el libro No nos callan más de Tomás Eliaschev: “Una sociedad donde rija una democracia medianamente libre necesita ejercer su derecho a informarse de modo fidedigno. La experiencia muestra que ahí donde los derechos laborales de los trabajadores de prensa son vulnerados, esa libertad se resiente. Tal vez los medios de comunicación sean una herramienta demasiado poderosa como para que solo la empuñe el mercado”.
