Luego de casi una década de lucha, se sancionó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Esta normativa supera el enfoque biomédico de la norma anterior, que había sido sancionada en 1990, y da lugar a un texto actualizado “con perspectiva de género y derechos humanos”. La iniciativa, que contó con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, se propone dejar atrás las prácticas discriminatorias y apunta a romper con los prejuicios.
“La ley que estaba vigente desde 1990 garantizaba fundamentalme el acceso a la medicación, al tratamiento y el seguimiento para las personas que viven con VIH. En su momento fue vanguardista, pero hace años veníamos identificando que esa norma había quedado antigua frente a las necesidades actuales”, afirma Mariano Ferreiro, Coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) en CABA. En ese sentido, esta nueva ley incorpora un abordaje social e integral que propone terminar con la exclusión de estas personas en el ámbito laboral, educativo y en los sistemas de salud.
Los puntos más importantes
Con el objetivo de eliminar la estigmatización, la ley prohíbe la prueba diagnóstica de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en los exámenes preocupacionales. A su vez, exige que todos los tests deben ser voluntarios y confidenciales, es decir, se debe garantizar que la persona con VIH u otra enfermedad reciba “un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización de ningún tipo”. Esto, sin duda, viene de la mano de la falta de oportunidades en el mercado laboral que tiene esta población.
A partir de esta medida no se podrá condicionar la permanencia o promoción en los puestos laborales al resultado de una prueba diagnóstica. “Para el sentido común, que sigue vigente, una persona con VIH implica una amenaza. Con esta normativa apuntamos a visibilizar que hoy es posible tener una buena calidad de vida, podemos tener la misma productividad y realizar las mismas tareas que una persona que no tiene el virus”, dice Ferreiro.
Además, la ley propone la creación del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el fin de “visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas”. Se espera que este organismo funcione bajo la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Esta iniciativa contempla también la sanción ante cualquier incumplimiento de la ley para promover prácticas correctas e inclusivas.
“Este observatorio va a permitir tener una mirada actualizada sobre el mapa del estigma y la discriminación en el país, observar si se realizan denuncias o no. Apunta a ver qué tipo de campañas comunicacionales se requieren para eliminar estos prejuicios y qué llamados de atención hay que hacer a algunos servicios de salud o educativos”, menciona Mariana Iacono, referente de la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH.
Por otro lado, Javier Farina, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica: “La ley también apunta a seguir incrementando los beneficios para el acceso a los tratamientos en forma gratuita y universal como ya existía. Además, ahora propone desarrollar tratamientos y fármacos nacionales para tratar estas patologías”. En ese sentido, también se declara de interés el diseño y la implementación de políticas públicas para evitar la estigmatización y difundir información sobre estas enfermedades.
En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, por ejemplo, existe un programa de seguimiento para aquellas personas que conviven con alguna infección de transmisión sexual. “Cualquier persona puede acercarse ante cualquier duda, solicitar un turno y ponerse en contacto con el equipo de infectología. El seguimiento se hace de forma gratuita en el marco del sistema de salud público”, comenta Farina.
Otro de los avances en materias de derechos que presenta la nueva ley es la jubilación especial de carácter excepcional para las personas que tienen VIH y/o hepatitis B y/o C. En este sentido, se otorgará la jubilación anticipada a aquellas personas mayores de 50 años que lleven al menos una década con el diagnóstico de VIH positivo y tengan 20 años de aporte. También hace especial énfasis en los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar con VIH. Por ejemplo, se expresa que tienen el derecho a acceder de manera gratuita a la leche, “así como al tratamiento de inhibición de la lactancia durante los primeros dieciocho meses”
Otro de los puntos importantes es la elaboración de campañas de sensibilización, difusión y concientización a la población para garantizar el derecho de acceso a información sobre las características de estas patologías, sus causas y vías de transmisión, medidas de prevención y sobre los tratamientos adecuados. “Sin duda la mayor causa de la discriminación se debe a la falta de información. Ya no aceptamos que se hable de nosotros en términos de ´portadores´ y de ´contagios´, por eso es fundamental visibilizar estos temas y dejar atrás las prácticas discriminatorias que siguen presentes”, concluye Ferreiro.
