Cada 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es una buena oportunidad para hablar de trabajo. Como primera medida para responder a la carencia de empleo en el país de aquel colectivo, en 1981 se sancionó la Ley 22.431 la cual determina que se considera con discapacidad a aquella persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Establece un sistema de protección integral para estas personas, principalmente orientado a asegurarles atención médica, educación y seguridad social, así como concederles los estímulos que permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca. Y determina que el 4 % de los puestos laborales en el Estado debe ser ocupado por personas con discapacidad.
Asimismo, se sancionó la Ley 26.816 el 28 de noviembre de 2012, que luego fue promulgada en enero del año siguiente. Gracias a ella se creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, con competencia en todo el país.
“Mi primer trabajo fue en un consultorio privado, por cuenta propia y lo tuve a los 30 años. Tengo discapacidad visual, ceguera en ambos ojos y me costó muchos años poder conseguir un trabajo en relación de dependencia”, expresa Federico Burgos, licenciado en Psicología.
Por su parte, Tamara Aguilar, licenciada en Psicopedagogía, declara: “Se que existe una ley que debe asegurar que el 4% de las personas con discapacidad deben tener trabajo para asegurar la inclusión”, en relación al cupo que establece la ley 22.431, que rige para el Estado. ¿Pero qué sucede con los emprendimientos privados? Aguilar, quien también es dueña del consultorio terapéutico Cree Cimientos, expresa: “Actualmente tengo una sola profesional con discapacidad en el equipo. Pero no recibo ninguna retribución de parte del Estado porque ella forma parte del equipo como monotributista”.
En tanto, Gabriela Pasquali, licenciada en Psicología, comenta: “Tengo una discapacidad motriz, específicamente parálisis cerebral que me impide movilizarme por mis propios medios. Muchas veces quise conseguir trabajo y me rechazaron, una vez comenté sobre mi discapacidad y no me aceptaron porque el consultorio no tenía las medidas indicadas para la silla de ruedas”. Las empresas deben ofrecer la ayuda técnica para la integración del empleado en su puesto laboral con el objetivo de obtener dicho puesto y conservarlo, esto es según la modalidad, propuesta por la ley, llamada Grupos Laborales Protegidos (GLP).
Respecto a esto, Burgos, que actualmente trabaja en la Agencia Nacional de Discapacidad como capacitador, señala: “En mi caso uno de mis trabajos es para el Estado en la Agencia, ahí tenemos apoyo y medidas de accesibilidad que nos permiten trabajar de manera autónoma e independiente”.
En el caso de las personas con discapacidad, el Estado les otorga una pensión no contributiva, una vez obtenido el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además de obtener una retribución económica pueden acceder a distintos tipos de servicios, como por ejemplo el de salud. Al contrario de esto, Pasquali comenta: “No recibo ninguna ayuda, es más, creo que la ayuda del Estado debería estar para las personas que lo necesitan, pero eso no debería interferir en el empleo. Muchas veces pasa que si recibís la pensión por discapacidad te impide trabajar en relación de dependencia, una cosa no tiene que ver con la otra”.
Si bien se lograron muchos avances en materia de leyes y regulaciones, queda un largo camino por recorrer en muchos aspectos. En correspondencia con esto, la psicopedagoga Aguilar sostiene que lo que debería mejorar es la oferta laboral, ya que el porcentaje impuesto por la ley, que asegura el 4% de la inserción laboral, es poco. “Debería ser más. Y debería estar regulado y que se asegure dicha inclusión ya que los empleadores no la respetan. Además creo que deberían capacitar a la sociedad en general, y por supuesto, principalmente al empleador. Creo que hay mucha desinformación al respecto, la gente tiende a incapacitar a las personas, siendo que muchas tienen muchos recursos, muchas herramientas y mil posibilidades”, dice.
Es necesario crear conciencia, comenzar a ver a las personas con discapacidad como autónomas, capaces e independientes, que no solamente nacieron para un empleo determinado. Burgos expresa: “Hacen falta medidas de accesibilidad, comenzar a pensar el empleo desde un diseño universal que permitan a las personas con discapacidad estar, acceder y formarse en esos empleos con igualdad de condiciones. Que el conseguir un trabajo no sea un obstáculo sino que esté garantizado”.
Actualmente, en Argentina existen varias organizaciones que colaboran con la inserción laboral. Una de ellas es la Asociación de Protección y Ayuda al Discapacitado (APAD), civil y sin fines de lucro, que desde el año 1976 impulsa la inserción laboral de jóvenes egresados de las Escuelas Especiales. En palabras de APAD, lo que se busca es “mejorar la calidad de vida no sólo de los participantes sino de su círculo familiar y social”. Las actividades que se implementan tienden a alcanzar el máximo desarrollo de las potencialidades de las personas que asisten.
Es un objetivo que la sociedad debe plantearse, el deconstruir prejuicios que ubican a las personas con discapacidad en el lugar del no poder, del ser incapaces y del mirarlos desde un lugar infantilizante.
