En el último año en nuestro país el precio de la carne se ha incrementado sustancialmente. Pese a que según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) ese alimento bajó un 1, 4 % en agosto, respecto del mes de julio, en el último año, en los últimos 365 días lleva acumulado un incremento de más del 77%. ¿Qué opinan los especialistas al respecto?
El precio de la carne como la mayoría de los valores en nuestro mercado es un valor completamente libre, es decir, no está regulado por el Estado. Esto significa que se autoregula a través de la oferta y la demanda. Las grandes productoras agropecuarias deciden cuanto le pueden cobrar al consumidor.
“Los grandes formadores de precios en Argentina disponen aumentar los mismos en base a una fuerte puja distributiva. Cuando el Gobieno Nacional inyecta dinero en los bolsillos de las personas para que puedan comprar, se genera un efecto contrario al deseado”, afirma Claudio Daniel Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. “En vez de aumentar la capacidad de adquirir productos, las grandes corporaciones aspiran ese dinero a través de la especulación. Sin justificación más que la de maximizar sus ganancias”, agrega.
Cuando hablamos de tensiones en la distribución de las ganancias en nuestro país es inevitable pensar en el enfrentamiento histórico entre el Estado y las empresas. De acuerdo a estimaciones, Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, o sea para casi 10 veces la población de nuestro territorio. “Las grandes corporaciones tienden a que paguemos los mismos precios que en el mercado internacional, mientras que los ingresos que tenemos son en pesos y no al nivel de esos costos en dólares”, afirma Boada.
“En Uruguay hace unos meses se aplicaron estrategias para desacoplar estos valores. Del total de la carne a exportar hay ciertos cortes que debían quedarse en el mercado interno Uruguayo. De esta manera, a mayor exportación, mayor abundancia de esos cortes quedarían para el consumo del país”, considera Boada y dice que esto sería una opción a mediano y largo plazo para subsanar este dilema.
En la actualidad el consumo promedio de carne vacuna por habitante en nuestro país pasó de 70 kilos por año a no superar los 40. Esto significa un grave perjuicio a la alimentación del total de la población. “Si no hay un control estricto del Estado para que la mayor cantidad de estos productos se mantengan para el consumo interno lo que se logra es que los precios que va a pagar el consumidor sean excesivos o terminen siendo en valor dólar”, asegura Osvaldo Bassano titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.
Bassano asegura que en nuesto país existe la sobrefacturación, la evasión fiscal y elusión fiscal. “Los convenios que realiza el Estado Argentino son con exportadores, no con ganaderos. Llegamos a la conclusión que el comercio no lo está manejando ni los grandes productores ni el campo, sino intermediarios, exportadores y entidades financieras, quienes son los principales evasores fiscales del país”.
Esta problemática es de larga data y atravesó diferentes fases a lo largo de la historia. “En algun momento existió la Junta de Granos y la Junta de Carne para la comercialización interna. No hay que desestimar esta opción para sacar del mercado a estos intermediarios financistas y grandes grupos exportadores que finalmente se llevan la gran parte del tema y que generan un problema financiero y fiscal”, concluye Bassano.
¿Sirven las restricciones a las exportaciones que hizo el gobierno y cuya flexibilización anunció recientemente? Lo explica Agustín Mario, Vicedecano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno y coordinador de la Licenciatura en Economía: “Teniendo en cuenta que las exportaciones son un costo real para nuestra economía, su prohibición, el establecimiento de cuotas y/o el incremento de los impuestos que las gravan resultan tentadoras. Lamentablemente, si estas herramientas redujeran efectivamente las exportaciones, aumentaría la presión sobre el tipo de cambio, lo que podría terminar agravando el problema”.
Mario vislumbra como una posible solución a este conflicto que el Estado indexe los ingresos de los grupos más perjudicados. Admite que si bien esto sería institucionalizar la inflación, permitiría abordar sus efectos más peligrosos y aclara que la misma no hace más pobre una sociedad, ya que no reduce su ingreso real per cápita pero sí afecta la distribución del ingreso.
Argentina posee actualmente porcentajes de pobreza altísimos, situación seriamente agravada por el proceso pandémico que desaceleró la economía nacional y mundial. La inflación, el desempleo y los vaivenes políticos, se suman a esta realidad que afecta a uno de los productos que históricamente nos ha identificado como país.
La carne, una materia prima que, como hemos dicho, se produce a granel en estas pampas hoy alcanza valores paradójicamente inalcanzables para el común de la sociedad. Mitigar esta problemática y priorizar la economía del pueblo por sobre la especulación beneficiaría a las mayorías.
