Este mes de junio se cumplen once años del femicidio de Chiara Páez, uno más de una escalada de brutales asesinatos, en este caso sobre una adolescente de 14 años que dio lugar a la primera marcha del movimiento conocido como “Ni Una Menos”. Una multitudinaria movilización que se replicó en los puntos más importantes de todo el país con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia machista y los femicidios y que, desde entonces, se repite año tras año multiplicando la participación ciudadana.
En el año 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidios en Argentina, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema, es decir un asesinato cada 44 horas. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos en términos absolutos. Candela Cabrera es psicóloga, magister UBA en Psicología Social Comunitaria y advierte que “a pesar de que Argentina tiene uno de los marcos normativos más avanzados a nivel mundial, en el contexto actual desde el gobierno nacional están siendo atacados y con un retroceso significativo en la garantía efectiva que contemplan esas legislaciones”.
Desde los colectivos de mujeres y géneros se potencia la lucha y la organización para combatir las violencias contra las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás identidades y orientaciones (comunidad LGBTIQ+) y se reclama por políticas públicas y efectivas que logren combatirlas y erradicarlas. Cabrera señala el sentido contrario que han tomado las autoridades nacionales con decisiones que afectan de manera directa: “El DNU 62 del 2025 que interviene en la Ley de Identidad de Género, prohíbe el acompañamiento y el acceso a la salud de las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias” y concluye que es la marcha atrás es evidente en este sentido: “Hay un retroceso, pero además de un retroceso hay una clara intencionalidad política y de gobierno de no garantizar las legislaciones vigentes”.
Independientemente del contexto político, instituciones y organizaciones han encabezado las peleas y conquistas a lo largo de estos años. La Universidad Nacional de Moreno (UNM) trabaja las temáticas de géneros de distintas maneras y a lo largo del tiempo las fueron institucionalizando para promover diferentes actividades y abordajes. “Desde el año 2016 la universidad tiene un espacio y un equipo específico que viene acompañando a través de un programa de convivencia universitaria y en el 2019 se crea el Espacio Intersectorial de Géneros” cuenta Natalia Kisman, directora de Políticas de Convivencia y Equidad de Géneros, quien viene trabajando en el tema: “La Dirección se crea en el 2021 y nos permitió ordenar y fortalecer todas las líneas que veníamos desarrollando” aclara.
Kisman es también licenciada en Psicología y docente en UNM y sobre el funcionamiento del área dentro de la institución cuenta: “Tenemos una agenda anual que trabajamos las fechas más importantes, es una propuesta muy nutrida y para los once años del Ni Una Menos venimos realizando una serie de actividades” y agrega detalles sobre un evento por la diversidad a realizarse este jueves 18 de junio, llamado Accesibilidad a los Servicios de Salud de Población LGBTNB+: “La particularidad de este encuentro es que lo hacemos con la cátedra libre Salud Mental y Derechos Humanos Doctor Fernando Ulloa, de la carrera de Trabajo Social y con la que venimos trabajando mucho la agenda de Derechos Humanos, Salud Mental y Géneros. Se suman también de la Maternidad Estela de Carlotto y profesionales con experiencia y trayectoria en salud integral que ayudan a desasnar prejuicios y estereotipos”.
De este encuentro a realizarse a las 9:30 horas en el aula 9 del Edificio Daract I de la UNM participa Pepa Cauterucci, docente y formadora en salud perinatal con enfoque en diversidad e interseccionalidad y sobre este asunto profundiza sobre el estado actual: “Veo que conviven dos realidades. Por un lado, hay más información disponible, más personas que conocen sus derechos y más profesionales que intentan construir prácticas respetuosas. Pero, al mismo tiempo, muchas familias encuentran dificultades crecientes para acceder a acompañamientos, dispositivos de salud mental perinatal, espacios de preparación para el nacimiento y atención integral de calidad”. Ella propone como desafío no solo sostener derechos adquiridos sino avanzar hacia una salud perinatal verdaderamente respetuosa de la diversidad.
En cuanto a las herramientas y desafíos que los colectivos de mujeres y diversidades deben mantener, Cauterucci sostiene: “Es fundamental generar formación y sensibilización en todos los ámbitos, especialmente en salud y educación. Muchas de las barreras que enfrentan las mujeres y las personas LGBTNB+ no surgen de la mala voluntad, sino del desconocimiento y de la reproducción de modelos hegemónicos que históricamente se encargaron de sistematizar quiénes son sujetos de derecho y quiénes no”.
Por su parte, Cabrera, que además es docente e investigadora de UNM, explica como la población LGTBIQ+ es la más afectada en este contexto de ajuste y recortes: “Este impacto de no continuar ninguna de las políticas que hacen al artículo 11 de la ley de Identidad de género por parte del Ministerio Nacional, ha generado que no haya capacitación a los equipos que se venían haciendo en lo que llamábamos consultorios integrales, es decir que hay reducción de equipos especializados”.
La baja expectativa de vida de la población travesti y trans según la especialista está generada justamente por las discriminaciones, las violencias y las exclusiones que atraviesan en función de su identidad de género. Vale recordar que la misma no supera los 40 años de vida según un informe de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires.
