Desde hace más de cuarenta años la Asociación Civil Granja Andar se consolidó como un espacio recreativo, deportivo y productivo para las personas con discapacidad. Históricamente trabaja en alianza con el sector público y el sector privado para atender demandas específicas. No obstante, en la actualidad se percibe una ausencia del Estado Nacional en cuanto a la liberación de fondos, lo que se refuerza con la no aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Esto, en sintonía con la situación económica y social, debilita el funcionamiento institucional e interrumpe las rutinas habituales de trabajadores y concurrentes.
Ubicada en La Reja, partido de Moreno, sus comienzos estuvieron enfocados en atender la falta de oportunidades que rodeaba a las familias de la comunidad. Sus fundadores comprendieron que para mejorar la calidad de vida, afianzar los vínculos familiares y promover la inclusión social era fundamental la unión. A partir de ese entonces, la asociación presenta un abordaje integral que forma y desarrolla las habilidades de las personas con discapacidad en distintos ámbitos con el propósito de lograr su plena autonomía.
De esta manera, Andar cuenta con dos abordajes: el Centro de Día, de carácter terapéutico, con actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas, y el Taller Protegido de Producción que funciona como un espacio de empleo dentro del ámbito de la gastronomía, brindando productos a empresas, organizaciones e instituciones. En la actualidad, entre ambos espacios asiste un total de 150 personas jóvenes y adultas, mientras que 100 niños y niñas conforman la Liga de Fútbol Inclusiva. Al mismo tiempo, a través de distintos proyectos, capacitaciones y servicios alcanza a una población de diez mil personas. “Esto genera un impacto en la vida de quienes son parte de Andar y afianza su anclaje comunitario”, comenta, Fabrizio Ianni, responsable del Área Social del Taller Protegido de Andar.
Franco Giozza y Emilia Guibaud forman parte del Taller Protegido. Giozza es ayudante de pastelería desde hace 4 años y auxiliar de logística en el Centro de Día, mientras que Guibaud trabaja desde hace 16 años como ayudante de catering. Dentro de las dificultades y las preocupaciones señaladas, Giozza destaca que la suspensión de los recorridos por la imposibilidad de costear el combustible provoca que chicos y chicas no asistan a sus actividades. Además, Guibaud manifesta la disminución en las contrataciones. “Hay días que no sabemos qué vamos a hacer porque no tenemos servicio de catering, no tenemos nada que preparar”, agrega.
A su vez, el Estado Nacional posee una deuda de seis meses de atraso con la asociación referente al pago de los servicios del Centro de Día, el transporte, el programa Incluir Salud y las obras sociales. Entre otras cosas, esto genera que la situación salarial sea crítica. Virginia Oviedo, presidenta de Andar, señaló que los sueldos de trabajadores y trabajadoras se están otorgando en un 50 %. “Nosotros necesitamos que tengan su pago en tiempo y forma. Que puedan venir a trabajar con la seguridad de que el trabajo que cumplen será remunerado”, expresa. Con respecto a ello, Ianni sostiene que “lo que se pone en riesgo son los procesos de autonomía que llevaron tanto tiempo construirse”, sostuvo.
En este sentido, la decisión política de desfinanciar el sector de discapacidad perjudica directamente la continuidad y el entramado de la asociación. Esto repercute en la calidad del servicio, la sostenibilidad de salarios, seguros sociales y pensiones, la estructura económica y, aún más importante, en la contención que reciben las personas con discapacidad y sus familias. Andar se desempeña en cuestiones habitacionales, alimentarias, sanitarias, deportivas e interpersonales, de manera que la supresión de estos ámbitos implica un retroceso en las trayectorias de cada individuo y una suspensión en sus hábitos diarios.
El incumplimiento en materia económica produce una vulneración de los derechos humanos que se incrementa con las auditorías iniciadas en 2025. Ianni comenta que la falta de perspectiva de discapacidad en el proceso “demuestra que no hay una cuestión real en función de identificar pensiones que no cumplan con los requisitos específicos que la ley propone, sino con un recorte sobre ese derecho”. Esto no solo tiene que ver con la insensibilidad y la extensión de las jornadas, sino también con la falta de notificación que tiene como consecuencia la baja de las pensiones sin antelación.
A este respecto Martín Lucero, representante legal de Andar, destacó la necesidad de los programas y seguros sociales para las personas con discapacidad. Además, expresó: “Esta situación no solo nos afecta a nosotros, sino que destruye un sector que ha sido históricamente relegado e invisibilizado”. Por ello resulta fundamental afianzar aún más los lazos comunitarios que posee la asociación para abrazar a las personas con discapacidad, reconocer el valor de la diversidad y entender que todas las personas son sujetos de derecho.
De este modo, el funcionamiento de espacios como la Granja Andar son esenciales para crear una comunidad más justa y equitativa en la que todas las personas tengan la oportunidad de relacionarse con otras, expresarse, desarrollarse y producir. Las medidas gubernamentales que atentan contra la diversidad y la inclusión tienen como fin acentuar la marginalización que diferentes sectores de la sociedad sufrieron de manera sostenida en el tiempo. Para revertir estas cuestiones y garantizar los derechos correspondientes se requiere de la presencia del Estado Nacional con políticas que impulsen la participación y el cuidado de cada individuo en todos los ámbitos de la vida social.
