Arroyo es licenciado en Ciencia Política de la UBA y especialista en Planificación. Actualmente se desempeña como diputado nacional y docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Moreno y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Durante los años 2020-2021 se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la Nación y actualmente preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
Es autor de numerosos libros y posee amplia experiencia como investigador en las temáticas de políticas sociales, desarrollo local y economía social. Este viernes estará presente en las Jornadas de Formación en Economía Popular, Social y Solidaria, a desarrollarse a las 18 horas en el SUM del Edificio Daract II. A continuación, conocemos su punto de vista en relación a la situación económica actual, los principales problemas que enfrentan las familias y qué soluciones hacen falta que se impulsen desde el Estado. Todo en un contexto en donde, como se dio a conocer ayer, la pobreza afecta el 52, 90 por ciento de los argentinos, la cifra más alta de los últimos veintiún años.
¿Cómo ve la situación actual de los sectores que componen la economía popular?
Está muy complicada, está aumentando la pobreza, la desocupación y la desigualdad. En términos generales, el 40% del trabajo informal, que en gran medida forma parte de la economía popular y social, tiene hoy tres problemas. El primero es que hay más gente en los comedores y merenderos porque no alcanzan las changas, mucha gente está trabajando menos tiempo y porque el pan está 3000 pesos y la leche 1800. En segundo lugar hay un fenómeno de endeudamiento de las familias, primero alguien paga el mínimo de la tarjeta, después va a la financiera de la esquina o a cualquier lado y termina tomando crédito al 500 por ciento de interés anual. Y la tercera dificultad tiene que ver con la nueva pobreza, es decir, con aquellos sectores que se autosostenían económicamente y que hoy se van cayendo.
En relación al segundo problema que identificás, ¿cómo creés que se ha agravado el endeudamiento familiar en estos últimos meses?
El 85 por ciento de la gente no sabe cuánta plata debe, esto es lo que se llama re crédito, uno toma un crédito para tapar otro y así sucesivamente. Sabés lo que pagás de cuota pero no sabés cuánto es lo que debés en total. Creo que el principal problema social de la Argentina va camino a ser el sobreendeudamiento de las familias.
Lo que ha evolucionado en los últimos tiempos es que la deuda tiene que ver principalmente con la comida y con los gastos fijos de las familias. Hoy entre alimentos, transporte y lo que tiene que ver con el pago de los servicios gastan más del 100 por ciento, por eso se endeudan. Esto es porque las personas gastan más de lo que ingresa, y eso se debe a que los gastos fijos son muy altos.
¿Qué herramientas concretas, en términos de política social, podría hacer el gobierno para hacerle frente a esta situación?
En primer lugar habría que ponerle un tope a la tasa. Recientemente presenté un proyecto de ley para establecer un criterio donde se estipule que aquel que debe determinada cantidad de dinero, no puede devolver más del doble. Una persona no puede devolver cinco veces lo que sacó y vivir endeudado.
En segundo lugar está claro que hay un problema de ingresos, la plata no alcanza ni teniendo trabajo formal, informal, ni haciendo changas. Hay que hacer una política de shock de ingresos en Argentina. Hay una reforma estructural profunda que se está llevando adelante en nuestro país, pero no puede ser todo a costa de que los ingresos no alcancen a las familias de ningún tipo.
Por otro lado, hay que fortalecer el desarrollo de cinco sectores productivos que son muy importantes, como la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Estas áreas son las que le dan chances a las personas de salir de la pobreza, es donde trabajan las personas pobres y todo esto hoy está parado. El Estado tiene que reactivar estos sectores.
¿Por qué cree que el gobierno no pone el foco en la pobreza con mayor asistencia social?
El gobierno, en materia de política social, hizo dos cosas. Aumentó el monto de la Asignación Universal por Hijo y aumentó también el ingreso de la Tarjeta Alimentar, política que creamos durante la pandemia. Está bien que la haya aumentado. El problema es que con eso solo no alcanza cuando hay caída del empleo, paralización de las changas, cuando todos los precios se han disparado.
Hay un error de diagnóstico del gobierno de creer que con eso solo alcanza, ese es el esquema que encara el gobierno. El presidente cuando presentó el Presupuesto en el Congreso fue claro, dijo que el Estado tiene que hacer tres cosas: manejar las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y administrar la Justicia para cuidar la propiedad privada. Es decir, no es tarea del Estado la cuestión de la salud, la educación, la generación de trabajo. Todo eso es, según el presidente, tarea de las provincias, de los municipios y/o del sector privado. En mi visión es necesario que haya políticas del Estado que compensen, sobre todo en términos de pobreza.
¿Qué otras medidas podrían implementarse en conjunto a la Tarjeta Alimentar?
En cuanto a lo alimentario debería encararse una política de darles a los responsables de los comedores y merenderos una tarjeta que se cargue cada quince días, que les permita comprar leche, carne, frutas y verduras. Además, presentamos un proyecto de ley para crear 500 Mercados Centrales. El concepto de Mercado Central refiere a que el productor le vende directamente al consumidor, sin intervención. Eso baja el precio y mejora la calidad nutricional. Yo creo que estas dos políticas, complementando a la Tarjeta Alimentar, mejorarían la calidad de los alimentos de los argentinos, sobre todo de los niños que se encuentran en plena etapa de crecimiento.
Actualmente te desempeñás como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con la discapacidad en la Argentina de Milei?
Es muy crítica, la peor situación es la pobreza con discapacidad. Hay muchos problemas hoy, ninguno empezó hace poco, pero todos se agravaron en estos meses. El primero tiene que ver con los aranceles, totalmente desfasados, que les pagan a quienes prestan asistencia a las personas con discapacidad. Por ejemplo a los transportistas, que llevan personas que deben atenderse en un centro de salud, les pagan 500 pesos el litro de nafta, cuando en realidad está 1300, como mínimo. Entonces aquel que tiene que hacerse un tratamiento de cinco días prefiere ir dos veces, lo cual genera un desacomodo en su tratamiento.
El otro problema tiene que ver con el Nomenclador Único, el cual establece que toda persona con discapacidad, tenga cobertura de salud o no, debe acceder a un conjunto de prestaciones de salud y educación. El gobierno está desarrollando un decreto que desregula y que permite que cada obra social y prepaga dé las prestaciones que quiera. Es decir, no estarían obligados a dar todos los servicios, lo cual implicaría una gran desigualdad.
Otra de las principales preocupaciones tiene que ver con las pensiones por discapacidad. El gobierno está haciendo una auditoría, lo cual está bien. Sin embargo, es importante saber que el grueso de personas que tienen esta pensión sí posee alguna discapacidad. Es decir, no se puede generar una política de temor generalizado como pasa hoy, falta un acompañamiento por parte del Estado.
El ENRE modificó en junio de este año la reglamentación para la provisión de la Fuente Alternativa de Energía para quienes están inscriptos en el Registro de Electrodependientes. ¿Me podrías contar de qué manera afecta esto a las personas electrodependientes?
Eso es brutal. Argentina tiene hoy 2000 personas que son electrodependientes, es decir, están conectadas a la electricidad las 24 horas o gran parte del día. Su vida depende de eso. En cualquier parte del mundo estas personas pagan una tarifa subsidiada, no es un debate ideológico.
Al gobierno ahora se le ocurrió revisar el esquema y, en función de eso, no están dando nuevas altas. Eso es tremendo porque el costo de la electricidad es brutal. Está la Ley 27.351 que obliga al Estado a subsidiar esta tarifa, pero que ya tiene unos años y no contempla en su normativa algunos aparatos y tecnologías nuevas ya que en ese momento no existían. Entonces el gobierno, amparado en eso, dice que a algunas personas no les corresponde recibir el subsidio. En términos de impacto fiscal esto tiene 0,000. No tiene ninguna lógica, es absurdo.
En las últimas semanas lograron dictamen por amplia mayoría para introducir modificaciones a la Ley 27.351, con el fin de garantizar la gratuidad de las tarifas del servicio eléctrico para las personas electrodependientes. ¿Cuáles son algunos de los cambios introducidos?
Dentro de los cambios lo que hicimos fue explicitar toda esta nueva aparatología y dejar muy claro lo del subsidio a la electricidad y la obligación de las empresas de que la batería funcione siempre. Nosotros logramos dictamen en la Comisión de Discapacidad, falta que la trate la Comisión de Energía y luego la de Presupuesto. Entiendo que va a haber consenso y que se va a aprobar.
Por último, ¿qué cosas creés que te quedaron pendientes por hacer en tu paso como ministro de Desarrollo Social?
Yo fui el ministro de la pandemia, tenía la idea primero de poner en marcha la Tarjeta Alimentar, después encarar una vinculación entre los programas sociales y la pobreza y, por otro lado, tener un proyecto para los jóvenes.
La pandemia nos limitó mucho, la idea era hacer un gran programa de inclusión y empleo para los jóvenes de 18 a 29 años. He presentado proyectos, pero falta una política pública. En términos de desocupación y pobreza la situación de los jóvenes es la peor en Argentina y va agravándose. Es necesario que haya un programa que les brinde herramientas para insertarse en el mundo laboral.
