En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030. Este plan de acción establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que representan un compromiso de alcance global hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Los ODS se plantean desde una mirada integral y amplia sobre el bienestar humano y el crecimiento económico. Argentina es uno de los países firmantes de estas ambiciosas metas consensuadas por el conjunto de los gobiernos, pero, el actual presidente Javier Milei no está de acuerdo con las directrices de la mencionada Agenda. En el Día del Medio Ambiente, ¿qué dicen los especialistas sobre aquellos objetivos?
Debates y tensiones del desarrollo sostenible
Existe una tensión histórica entre desarrollo y sostenibilidad, sobre todo en los países como Argentina, por su estructura productiva. Bruno Rodríguez piensa que esta contradicción es real pero no irreconciliable. Tiene 24 años y es referente de la organización Jóvenes por el Clima, también estudia Ciencias Políticas en la UBA. En 2019 fue orador en la ONU en la Cumbre Juvenil del Clima junto a Greta Thunberg. “Se trata de en la práctica conciliar lo más posible estas dos visiones (la desarrollista y la ambiental) teniendo en cuenta que ninguna existencia deja de ser inocua. Yo creo que Argentina para crecer económicamente, desarrollar su aparato productivo y la industria nacional, tiene que intensificar el entramado de actividades basadas en recursos naturales”, enfatiza Rodríguez.
El ambientalismo desde una perspectiva nacional es una postura que atraviesa la retórica de Rodríguez y que entra en tensión con otras visiones que desacreditan el ambientalismo por considerarlo una “agenda foránea”. Él no desconoce estas discusiones, pero las entiende de otra forma. Al respecto, dice que “es una disputa geopolítica que tiene que ver con el reconocimiento de asimetrías históricas en cuanto a la distribución de responsabilidades del cambio climático. Argentina produjo el 0,8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, ese es el total de nuestra responsabilidad”. Sobre lo vinculado al condicionamiento externo, Rodríguez puntualiza: “Lo que hacemos es poner sobre la mesa de debate el derecho al desarrollo. La pregunta es si vamos a dejar que se nos imponga una agenda que condiciona nuestros modelos productivos haciendo menos competitiva nuestra economía, en ese caso, yo creo que vamos a estar reproduciendo un nuevo tipo de colonialismo: el colonialismo verde”.
Marcela Álvarez es vicedecana y coordinadora de la Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Moreno, y cuenta que la carrera está alineada con los compromisos de la Agenda 2030 y que cree que la tensión entre ambiente y desarrollo es real. Ella, que tiene un extenso recorrido en la gestión pública, considera que “el Estado tiene que tener un rol innegable” en la dirección de la política ambiental nacional y las agendas ambientales internacionales.
Para la vicedecana, el poder del Estado reside en controlar y poner límites, por ello, sostiene que “no porque algo venga de un organismo internacional o de una ONG hay que pensar que eso es necesariamente lo correcto”. Este rol del Estado le preocupa particularmente con respecto a la actualidad. Uno de los aspectos que Álvarez no deja pasar desapercibido es la unificación del ex Ministerio de Ambiente, que pasó a estar subsumido en una única secretaría a cargo del Ministerio del Interior, en conjunto con los ex ministerios de Turismo y Deportes; al respecto dice: “Yo creo que tener una secretaría dependiente de Presidencia habla de una decisión política”.
Desarrollismo, política de Estado y el RIGI
En su discurso en el Foro Económico de Davos el presidente Milei fue muy claro acerca de su posición con respecto a los ODS. No es la primera vez que sostiene que el cambio climático no existe. La situación política y económica que atraviesa el país es compleja y el rumbo actual depende, en gran medida, de la aprobación de la “Ley Bases”. Dentro de este paquete de reformas, está el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). En torno al RIGI se generan intensos debates sobre el esquema productivo argentino y sobre su relación con la soberanía nacional.
Leandro Mora Alfonsín es un economista especializado en Desarrollo Productivo. Durante la gestión anterior se desempeñó como director nacional de Política Industrial. Según él, Argentina es un país que “si bien es célebre por su riqueza en materia de recursos naturales”, esta afirmación es más bien una “autopercepción como granero del mundo”, ya que “cuando observamos los datos de dotación de recursos per cápita que realiza el Banco Mundial, Argentina está en el puesto 40”. Para él, el rol de la política pública también es crucial, en este sentido considera que no se trata de prohibir actividades económicas, dado que a partir de los avances tecnológicos, muchas actividades intensivas de capital “contaminan muy poco o prácticamente nada en términos absolutos”. Por ello sostiene que “discutir una industria sostenible no es discutir si las actividades pueden existir o no, se trata más bien de cómo deberían existir, esto debería ser con la tecnología más avanzada y con auditorías permanentes”.
“Es cierto que se necesita inversión extranjera, pero no se necesita un RIGI. Es dadivoso a tal punto que no cuida ningún interés nacional”, declara Mora Alfonsín. A su vez, detalla cuáles son las condiciones de esta medida a la que califica como “una barbaridad”, ya que permite, por ejemplo, estabilidad fiscal y baja de impuestos por treinta años, que los dólares se liquiden recién al tercer año, que se pueda traer maquinaria usada proveniente del extranjero y no impone ningún requisito para garantizar el trabajo nacional, ni una explotación sostenible de los recursos naturales.
Para Rodríguez la concepción del gobierno nacional negacionista del cambio climático no tiene nada que ver con la gestación de un “proceso neoliberal de capitalismo salvaje”. Por el contrario, cree que es una mirada “precapitalista” que le hace un flaco favor a los productores agropecuarios que deben invertir en biotecnología para sortear los efectos de las intensas sequías. “El RIGI es un régimen de promoción de inversiones que es extremadamente concesivo, pero a un nivel de africanización de la matriz productiva, ningún país desarrollado tuvo un régimen de promoción de inversiones en el que no se pida nada a cambio”, sostiene Rodríguez y aclara: “Yo no creo que este modelo sea extractivista, porque justamente yo quiero más y mejor extracción de nuestros recursos, quiero aprovechamiento con valor agregado y quiero que Argentina empuje su motor productivo”.
