La Curtiembre Paso del Rey, ubicada en el barrio “La Quebrada” en Paso del Rey, una localidad que forma parte del partido de Moreno, inició sus actividades el 13 de diciembre de 1999. Fue fundada por un grupo de ex empleados que se unieron a tres dueños de frigoríficos que pusieron el capital para concretar el proyecto. Actualmente, esta empresa se dedica a la producción de cuero vacuno para la industria del calzado y marroquinería.
Según figura en su sitio web oficial, la Curtiembre Paso del Rey cuenta con una certificación “Bronze Rated” otorgada por el Leather Working Group (LWG), una organización internacional dedicada a auditar procesos productivos en la industria del cuero. Esta certificación evalúa criterios ambientales como el consumo de agua y energía o el manejo de residuos, pero no incluye controles vinculados al impacto en el entorno urbano ni a denuncias ambientales locales. Además, según el propio sitio del LWG, la entidad está compuesta mayoritariamente por empresas del sector, desde fabricantes de cuero hasta marcas internacionales de moda, lo que genera cuestionamientos sobre su imparcialidad y el alcance real de sus estándares.
A lo largo de los años, la presencia de esta curtiembre en plena zona urbana comenzó a generar cada vez más preocupación entre los vecinos. Maximiliano tiene 43 años y vive a cinco cuadras de la curtiembre de Paso del Rey. Su casa da justo al arroyo, el mismo que corre detrás de esta empresa y que, a simple vista, parece un curso de agua común. Pero no lo es. “No debería estar ahí. Punto. No hay mucha más solución que esa”, dice con firmeza.“Por momentos se pone inaguantable. Algo debería hacer el municipio. De parte de ellos, nadie se acercó a preguntarnos si estamos bien. Se supone que hay secretarías de medio ambiente, pero acá no apareció nadie”, cuenta. Maximiliano no conoce en detalle los compuestos ni las leyes ambientales, pero sabe lo que siente. Sabe cómo huele el aire después de las cinco de la tarde. Sabe que nadie, nunca, les vino a explicar nada. “Esto es una zona urbana. No debería haber una curtiembre acá. ¿Dónde está el Estado?”, se pregunta.
Martha también es vecina de la curtiembre, vive frente al arroyo Sambrizzi. Su casa está a pocos metros de la fábrica. Desde hace años nota cambios en el agua y en el aire. “Antes el arroyo era otra cosa, ahora está sucio, huele mal, y a veces sale un vapor blanco y nadie sabe qué es eso”, cuenta. Asegura que los olores se sienten dentro de su casa, incluso con las ventanas cerradas. Lo que más le preocupa es la falta de información, dice que nunca les explicaron si hay riesgos ni qué pueden hacer ante la situación. “Yo no estoy en contra del trabajo, pero esto no puede estar en medio del barrio, están los chicos. Una ya está grande, pero los que vienen atrás van a crecer con esto”,. “¿Y si un día se enferman? ¿A quién le reclamás?”.
Omar es profesor de historia y vive justo enfrente de la fábrica, tiene unos 60 años y una postura completamente distinta. Conoce la curtiembre desde sus inicios y asegura que nunca tuvo problemas con la empresa. “Siempre que necesité algo, me ayudaron”, dice. Recuerda que el primer dueño colaboró con el barrio para instalar una red de agua potable. A diferencia de otros vecinos, sostiene que ya no hay olor ni contaminación. “Eso era antes. Ahora solo hacen sal, no trabajan como antes”, asegura. Desconocía que existían denuncias recientes, pero afirma que le preocupa más la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo. “A mí me afectaría más que la gente se quede sin laburo que cualquier olor. Para mí, ya no contaminan más”. También considera que sería imposible trasladar la empresa a otro lugar. “Ahí hay gente importante metida, empresarios grandes. Eso no va a pasar”.
Contaminación y justicia
Según los informes técnicos emitidos por la Autoridad del Agua (ADA), la curtiembre fue detectada volcando residuos industriales con presencia de cromo, coliformes fecales y sólidos sedimentables al arroyo Sambrizzi, afluente directo del río Reconquista. El cromo trivalente, usado en el proceso de curtido puede oxidarse en el ambiente y transformarse en cromo hexavalente, una sustancia reconocida como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud.
En una inspección realizada en 2013, se confirmó la presencia de estos contaminantes en cantidades superiores a los parámetros establecidos por ley. Esto derivó en una causa judicial por presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, tramitada en el Juzgado Federal de Morón. La planta fue clausurada de manera preventiva y luego habilitada nuevamente. Uno de los responsables de la empresa fue imputado, aunque el proceso se extinguió por fallecimiento del acusado.
En 2022, nuevas denuncias reactivaron la causa a partir de un informe de la Fiscalía Federal que constató persistencia de olores molestos, afectación del arroyo y reiteración de la problemática. Se labró una multa y se retomaron las medidas de prueba para determinar el nivel actual de contaminación. La Resolución Conjunta 698/2022 establece que los valores máximos admitidos para vuelcos industriales deben ser controlados por monitoreos periódicos y registrados ante el organismo correspondiente.
Un relevamiento del Índice de Vulnerabilidad Barrial de la Cuenca del Río Reconquista, realizado en 2023, identificó a La Quebrada como una de las zonas con mayores niveles de exposición ambiental en el distrito de Moreno. Entre los factores mencionados figuran la cercanía a fuentes de vuelco, la falta de control institucional y la persistencia de actividades industriales dentro del tejido urbano.
En 2012 se inició una causa por contaminación ambiental que sigue sin resolución definitiva. Las inspecciones técnicas detectaron residuos industriales con presencia de cromo, coliformes fecales y sólidos sedimentables en el arroyo Sambrizzi. A pesar de una clausura temporaria y de apelaciones judiciales, la planta continúa operando.
Camila Galvaliz es licenciada en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Moreno y asegura que “no es adecuado que una curtiembre esté en zona urbana, por el nivel de complejidad ambiental que implica”. Según explica, estas industrias manejan sustancias altamente peligrosas y generan residuos que, si no son tratados con precisión técnica y bajo control institucional, pueden dispersarse en el ambiente de forma silenciosa pero sostenida. Uno de los elementos centrales es el cromo, utilizado en los procesos de curtido del cuero. “El cromo hexavalente es altamente soluble, aclara Camila, puede recorrer grandes distancias desde el punto de vuelco y afectar la salud humana, provocando enfermedades respiratorias, daños neurológicos y cáncer”.
Luciana Abagnale, con experiencia en trabajos de campo vinculados a residuos tóxicos y estudiante avanzada de Ecología, complementa esta mirada, “Los residuos como el cromo no se degradan, se acumulan. Si llegan a los suelos, afectan los cultivos; si ingresan a los cuerpos, impactan en la salud de las personas y de los ecosistemas”. La bioacumulación de metales pesados como el cromo, coinciden ambas expertas, representa uno de los mayores peligros de este tipo de contaminación, lo que hoy parece inofensivo puede generar daños graves años después, y sus efectos no siempre son detectables de inmediato.
Ambas especialistas coinciden también en que el exceso de materia orgánica, sumado a la presencia de químicos industriales, altera la disponibilidad de oxígeno en el agua. Esa falta de oxígeno disuelto genera un impacto directo sobre los organismos acuáticos. “El arroyo se transforma en un cauce muerto”, dice Luciana. “Los microorganismos que limpian el agua desaparecen”. Este desequilibrio rompe ciclos ecológicos enteros, sin invertebrados, ni peces que habiten el arroyo, no solo se pierde biodiversidad, sino que el agua pierde capacidad de regeneración natural.
A estos factores visibles, como el olor, los residuos, se suman los efectos invisibles. Camila lo sintetiza con claridad: “El contacto prolongado con estas sustancias puede provocar enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias. Y no siempre se los asocia con el entorno”. La exposición diaria, aunque sea de baja intensidad, puede acumular efectos con el tiempo. En ese punto, ambas destacan un problema central, la falta de información clara a los habitantes cercanos a la curtiembre. Muchos vecinos no saben lo que respiran, ni entienden por qué podría hacerles daño.
Responsabilidad y control
En Argentina, el derecho a un ambiente sano está garantizado por la Constitución Nacional y por leyes específicas. Una de las más importantes es la Ley General del Ambiente N.º 25.675, sancionada en 2002, que establece principios fundamentales para la protección ambiental y fija obligaciones para el Estado, las empresas y la ciudadanía.
La ley define lo que llama presupuestos mínimos, es decir, un conjunto de normas básicas que deben respetarse en todo el país. Si bien las provincias pueden dictar reglas propias, no pueden ser menos estrictas que las nacionales. Esto significa que en cualquier parte del país, incluida la provincia de Buenos Aires, se deben aplicar al menos los mismos niveles de protección ambiental previstos por esta ley.
El artículo 8 establece los pilares del desarrollo sustentable. El primero es el ordenamiento ambiental del territorio, que implica conocer con precisión los recursos naturales existentes y su distribución. Le sigue la evaluación de impacto ambiental, un proceso obligatorio para toda actividad que pueda modificar el ambiente, como la instalación o el funcionamiento de una curtiembre. En tercer lugar, se prevé un sistema de control, que debe fiscalizar continuamente las actividades humanas para prevenir o mitigar daños. También se contemplan la educación ambiental y un sistema público de información ambiental, lo que implica que los ciudadanos deben poder acceder, de forma clara y gratuita, a datos sobre la calidad del aire, del agua, del suelo y sobre las industrias que los puedan afectar.
La Curtiembre de Paso del Rey evidencia múltiples fallas en la aplicación de estos principios, ya que no hay información disponible para los vecinos sobre qué se produce en la curtiembre, qué sustancias se usan, qué controles se hacen, ni con qué frecuencia. Tampoco se conocen campañas municipales que promuevan el acceso a esta información, ni instancias locales de educación ambiental.
Además, el artículo 28 determina que quien cause daño al ambiente es objetivamente responsable de repararlo. No importa si actuó con intención o negligencia, el deber de restaurar el equilibrio natural es obligatorio. La empresa que contamina debe hacerse cargo, pero también lo deben hacer quienes, por acción u omisión, permitieron que eso ocurriera. Es decir, la responsabilidad alcanza también al Estado en sus distintos niveles.
La ley 25.675 se articula con otras normativas clave, como la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que tipifica como delito el manejo indebido de sustancias que puedan poner en riesgo la salud. También lo hace con el artículo 200 del Código Penal, que castiga a quien contamine de modo peligroso para la vida o la salud. En paralelo, la Resolución Conjunta 698/2022, vigente a nivel nacional, regula los valores máximos admitidos para el vuelco de líquidos industriales, e impone la obligación de realizar monitoreos periódicos y declarar esos resultados ante la autoridad que corresponda. Esa información, además, debe ser auditada y estar al alcance de la comunidad. En el caso del Río Reconquista , no hay registros públicos que indiquen si estos controles se están realizando ni si la información resultante es compartida con los vecinos. Tampoco se conoce con claridad cuál es el nivel de intervención actual del Municipio de Moreno en relación con esta problemática. Se realizaron distintos intentos para obtener datos oficiales a través de canales institucionales, sin embargo, hasta el momento no se tuvo acceso a documentación oficial ni al número de expediente correspondiente a la causa judicial por contaminación.
Contexto
En el último año, la Argentina se vio atravesada por recortes presupuestarios y reestructuraciones en los organismos responsables del ambiente. El Ministerio de Ambiente fue reducido a subsecretaría y absorbido por el Ministerio del Interior, y el presupuesto nacional asignado a esa área registró una caída superior al 60 % en términos reales, según el informe de presupuesto de FARN 2024.
La disminución de recursos no sólo derivó en una baja del financiamiento de políticas públicas, sino también en una pérdida de la capacidad de ejecución.
La Autoridad de la Cuenca Matanza -Riachuelo (ACUMAR), encargada del saneamiento del Riachuelo, redujo su planta en más de 300 empleados durante los últimos meses, lo que afecta directamente sus capacidades técnicas y operativas. Se paralizaron obras de saneamiento en distintas cuencas del país y se redujo el personal destinado a tareas de inspección, monitoreo y control. El debilitamiento de estas funciones afecta especialmente a zonas urbanas donde ya existían alertas por contaminación, como ocurre en la cuenca del río Reconquista.
Si bien, la legislación ambiental vigente en Argentina establece el principio de prevención y el acceso a la información como garantías fundamentales, el recorte de presupuesto, personal y estructura impone nuevas barreras. En lugar de fortalecerse, la política ambiental retrocede.
Maximiliano, vecino de la curtiembre, tiene una hija de apenas un año y medio, y está preocupado por las futuras generaciones. Señala que a tan solo unas cuadras de la curtiembre funcionan tres colegios jardines de infantes y hasta un club social. La situación lo preocupa porque sabe que para tener una vida saludable es necesario habitar un espacio donde respirar aire limpio, acceder a agua potable y no estar expuestos a contaminación. Pocos vecinos saben qué es lo que pasa con los deshechos de la curtiembre, solo con información podrán acceder a sus derechos.
