La eliminación de cupos en las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), equipos desmantelados, los despidos encubiertos a través de la no renovación de contratos, la pérdida de espacios formativos, las amenazas, los títulos de especialidad retenidos y la falta de diálogo institucional son apenas algunas de las señales más visibles del desfinanciamiento estatal.
El modelo de salud mental comunitaria e interdisciplinaria, consagrado por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, está siendo desmontado por partes en los hospitales nacionales. En el Hospital Nacional en Comunidad Dr. Ramón Carrillo, en Luján, y en el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, en Capital, residentes y trabajadores denuncian el vaciamiento de las RISaM, un sistema de formación clave en atención integral que hoy sobrevive a pulmón, poniendo en riesgo el derecho a la salud mental. Mientras tanto, en el Garrahan, el Ministerio de Salud presiona con sanciones, despidos y amenazas a quienes se organizan para reclamar condiciones básicas de trabajo.
Un sistema en desarme
Apenas pasaron casi dos años de la asunción del nuevo gobierno, pero sus medidas sobre la reducción del gasto y de ajuste, dieron como resultado el desmantelamiento de dispositivos claves en el área de salud, entre ellos, el modelo de salud mental comunitario e interdisciplinario.
La señal más clara llegó en abril de 2025, cuando el Ministerio de Salud de la Nación dejó sin efecto los cupos de ingreso para nuevas Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM) en casi todos los hospitales nacionales. Son programas de formación interdisciplinaria para profesionales de la salud mental, con enfoque comunitario, integral y de derechos humanos, compuesto por disciplinas como psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, musicoterapia y terapia ocupacional.
En hospitales como el Ramón Carrillo se eliminaron las vacantes para disciplinas clave como trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional, quedando en pie solo cupos para enfermería, psicología y psiquiatría. Mientras tanto, en el Laura Bonaparte directamente no se asignaron cupos para ninguna de las disciplinas. Además, se desarticula el modelo interdisciplinario para pasar a un enfoque disciplinar.
Según un relevamiento del Colectivo Argentino de Salud Mental, a nivel nacional, el 80 % de las RISaM quedará sin financiamiento este año, y se perderá más de la mitad de los cargos de ingreso. Las distintas especialidades lo sufrirán de manera diferente. En el caso de musicoterapia, se perderá el 98% de los cupos, y terapia ocupacional el 92%, significando la eliminación de estas especialidades para futuros profesionales y su falta dentro del sistema de salud. Por su parte, trabajo social perderá el 70 % de cupos, enfermería el 53 % de los cargos, psicología el 33 % y psiquiatría el 20%. Esto podría significar el cierre total de las residencias al egresar la última camada.
La justificación del Ministerio de Salud de la Nación, en que la RISaM no cumplió con los objetivos para los que fue creada y argumentan que con el programa de la RISaM no se llega a cumplir con una formación completa y suficiente para cada una de las disciplinas que la integran, ya que alcanza sólo un 20% de la formación disciplinaria específica.
Además propone trasladar el costo a las provincias, argumentando que podrán seguir con las RISaM si las jurisdicciones las financian. En hospitales donde las residencias dependen exclusivamente de Nación, como es el caso del Hospital Bonaparte, la eliminación de cupos equivale a su cierre total.
En enero, mediante el Decreto 130/2025 se oficializó la intervención del Hospital Bonaparte, “a fin de asegurar su operatividad”, se menciona en el mismo. Con el nombramiento del neurocirujano Mariano Bruno Pirozzo como Interventor General, se empezó a imponer el discurso de eficiencia y rentabilidad sobre el hospital.
El desfinanciamiento no solo afecta el ingreso de nuevos residentes, también se desmantelaron equipos interdisciplinarios, se congelaron salarios y becas. Guadalupe Villamide, licenciada en Terapia Ocupacional residente en el Hospital Bonaparte, describe la situación sobre la eliminación de los cupos: “No fue una sorpresa, hubo una serie de hechos que anticipó un poco esta situación. Ya en octubre del año pasado hubo un intento de cierre. En enero despidieron a más de 200 trabajadores. Esta quita de cupos es solo otro golpe más”.
En paralelo, en el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, la situación es similar. Florencia Ortiz, residente en Trabajo Social, relata: “Nos enteramos en abril, en el COSAPRO (Congreso Provincial de Salud de la Provincia de Buenos Aires), que básicamente sacaban la RISaM y que no se iban a entregar cupos -y se pregunta- ¿Qué va a pasar cuando toda esta camada deje de estar y no vuelvan las políticas públicas?”.
Mientras tanto, en el Hospital Garrahan, el Ministerio de Salud endureció su postura frente al paro de residentes, e intenta dejarla como medida ejemplificadora y disciplinaria para futuros reclamos y movilizaciones. Se les advirtió que quienes acumularan cinco faltas “quedarán automáticamente desafectados, como sucede con cualquier empleado público”, amenazó el Gobierno a la opinión pública. Además advirtieron que se va evaluar a quienes mantengan su adhesión a la protestas para ser desacreditados.
En este sentido, a través de un comunicado de prensa de la Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan, expresó: “Nos vimos obligados a cesar la medida de paro laboral indefinido, con la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo -y sumó- Pedimos un salario justo que nos permita vivir y trabajar dignamente por y para los niños, niñas y adolescentes”.
Lo que hoy se vive en los hospitales nacionales es una situación crítica, el cambio de abordaje a una mirada disciplinar y la eliminación progresiva de las RISaM, va en contra de la Ley 26.657, sancionada en 2010, que establece en el artículo 8, la modalidad de abordaje en la atención en salud mental debe estar “a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes”.
Bonaparte: del modelo al vaciamiento
El Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” fue concebido como una institución pionera. Su objetivo ha sido, convertirse en un centro de referencia nacional en el abordaje integral, comunitario y de derechos humanos en salud mental, con especial énfasis en adicciones.
En 2023, el Decreto 407/2023 puso fin a su intervención administrativa, pero con el cambio de gestión, en enero de 2025 se oficializó una nueva intervención mediante el Decreto 130/2025, iniciando políticas que implicaron el vaciamiento progresivo de su estructura.
Su interventor, Mariano Pirozzo, visitó las instalaciones ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a un escribano para labrar un acta notarial donde describió: “Si bien el Hospital se encuentra operativo, lo hace en condiciones ineficientes dada la relación entre el personal y personas efectivamente tratadas (pacientes)”. A su vez, agregó que el mismo se encuentra con capacidad ociosa, en tanto no se observa la cantidad de consultas o pacientes proporcionales a la estructura del hospital.
Guadalupe Villamide, residente de tercer año en Terapia Ocupacional confiesa: “A nivel formativo, a nosotros nos echaron a todos los docentes, a todos los instructores, los supervisores del hospital”. Esta pérdida obligó a los propios residentes a autogestionar su formación. “Nos dividimos entre nosotros los temas y tenemos que hacer un rastreo. Es bastante autogestivo”, agrega. Esta situación representa una pérdida formativa, sin contenidos ni referentes que guíen las prácticas.
A nivel asistencial, también se ven las consecuencias al desarticular los equipos de atención, lo que llevó a que muchos pacientes, en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad, perdieran a sus profesionales de referencia. “Algunos dejaron directamente de venir. Otros quedaron con un solo profesional. Y sabemos que para atender la complejidad que tienen nuestros pacientes, una sola disciplina no alcanza”, denuncia Villamide. Además, menciona que debido a la crisis económica y social actual, hay un agravamiento de los padecimientos subjetivos. “Trabajamos con muchísima población en situación de calle. Sin condiciones mínimas de vida digna, sin vivienda, sin ingresos suficientes, se intensifican los consumos problemáticos y los padecimientos”.
A todo esto se suma una problemática crítica que pone en jaque la continuidad del sistema formativo. Según denuncia Villamide, desde fines de 2024 el Estado dejó de otorgar los títulos de especialidad a quienes egresan de la RISaM. “Un médico hace su residencia y no sale con el título de psiquiatra. Un psicólogo no sale con el de psicología clínica. Y en disciplinas como musicoterapia o terapia ocupacional, ya no nos están reconociendo como especialistas en salud mental comunitaria”, denuncia.
La quita de cupos, los despidos, el congelamiento salarial, la eliminación de supervisiones y la pérdida de títulos dibujan un plan de cierre “sutil”, pero muy cruel. “Esto es una gran sanción, sostener una formación con un sueldo que está congelado, sin la apertura de cupos, sin la entrega de especialidades. ¿Quién va a querer venir a formarse acá?”, menciona. Y concluye: “Estamos hablando de un golpe directo no solo a la salud mental, sino también al sistema público de formación de profesionales”.
Carrillo: la residencia que resiste en los márgenes
Del lado de provincia, y con una diferencia de casi 90 km de distancia, tras un largo trayecto despoblado, rodeado de pastizales y campos, a través de la Ruta Provincial 192, se accede a Torres, una localidad perteneciente al partido de Luján.
Un desvío da acceso al Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo. Hace más de un siglo funcionó como un manicomio, hoy es una institución especializada para personas con discapacidad intelectual y problemáticas de salud mental. Con el ingreso restringido y un puesto de guardias de seguridad, detrás de las vallas, se extiende una calle bordeada de árboles, donde solo un colectivo entra y sale del predio. Allí, entre pabellones, consultorios y casas comunitarias, se intenta sostener, frente al vaciamiento, una de las instituciones clave del conurbano bonaerense.
“El 28 de abril se oficializó la eliminación de cupos para tres disciplinas: trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional. Lo que queda en pie ahora, para la próxima camada que venga, van a ser cupos de enfermería, psicología y psiquiatría”, cuenta Federico Szcolnik, licenciado en Psicología y jefe de residentes.
La ex Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es una de las pocas instituciones que recibió cupos para las RISaM. Sin embargo, se encuentra en una encrucijada respecto de cómo continuar tras la desarticulación de su enfoque interdisciplinario. “Es una pérdida enorme, hay que cambiar todo lo que es el programa de formación, pensar las diferentes rotaciones de cada año con esta mirada disciplinar”, asegura Szcolnik. Y agrega: “Volvemos a una lógica donde se atiende un síntoma sin considerar si la persona tiene recursos. Se pierde la posibilidad de una mirada integral”.
Daniel Díaz, licenciado en Musicoterapia y residente de tercer año, insiste en aquello que se pierde con la mirada disciplinar al dejar el abordaje integral: “La salud mental es multifactorial, muchas aristas influyen como la economía, el contexto social, cuestiones congénitas, biológicas y neurodivergentes. No se la puede abordar desde una perspectiva simple, eso es lo que se pierde de la interdisciplina”.
Esta mirada va en línea con lo escrito por Ana Cecília Augsburger en La inclusión del sufrimiento psíquico: un desafío para la epidemiología: “El sufrimiento humano no es solo un problema de orden biológico, sino que es producido en contextos culturales y sociohistóricos definidos. Es necesariamente crítica la mirada sobre sistemas clasificatorios que no contemplan las dimensiones sociales, culturales o institucionales”.
Estas medidas no afectan solo a quienes quieran formarse, sino también a quienes necesitan atención. “Los servicios están colapsados, y teniendo solo ingresantes en tan solo estas disciplinas, va a sufrir ausencias. Ahora si ya no hay profesionales que se van a estar formando en salud mental, en unos años directamente ya no van a haber dispositivos ni personas que estén abordándolo”, predice Eliana Villalba, trabajadora social y residente de tercer año.
“El gobierno está proponiendo un retroceso en cuanto al modelo que se quiere impulsar, volver a una lógica de reclusión y encierro, al no poder brindar el acompañamiento necesario para sostener a una persona”, denuncia Johanna Ceballos, psicóloga residente. Y añade: “No les interesa la formación, no les interesa la salud pública. La mayoría de los que estamos acá lo hacemos por convicción, por el deseo de trabajar en el sistema público”.
Por su parte, Díaz agrega: “Hoy en día se habla mucho del gasto público. Si vos invertís en salud, vas a generar una población más saludable. Si me pusiera del lado del mercado, hipotéticamente, necesitaría gente saludable para que consuma y produzca”, comenta entre risas, al dar un ejemplo con el que no se siente identificado, ya que aclara no pensar en las personas como una simple plusvalía.
La incertidumbre es diaria, al igual que la falta de visibilidad. “Estamos muy lejos y con muy poca visibilidad. Este hospital sostiene muchísima demanda de toda la zona oeste, pero si nos llega a pasar algo, las posibilidades de actuar son bastante limitadas”, advierte Ceballos.
Florencia Ortiz, trabajadora social residente, coincide: “En los noticieros solo se enteran cuando pasa algo en el Garrahan. Nosotros no tenemos visibilidad. Hicimos actividades con familiares, mandamos notas al Ministerio entre todas las RISaM, pero las respuestas siempre fueron individuales, como si quisieran separarnos, como buscando actuar de forma distinta entre los hospitales”.
Resistir en el Carrillo es una práctica diaria, es atender sin certezas, es formarse sabiendo que podés ser el último profesional de tu disciplina, es insistir en que la salud mental es un derecho, aunque parezca cada vez más lejos.
Condiciones salariales y políticas de incentivos: de la inversión al ajuste.
La crisis de las RISaM también se expresa en las condiciones laborales de quienes aún continúan integrando los equipos interdisciplinarios. El deterioro se ve reflejado en los siguientes aspectos, salarios congelados, ausencia de paritarias y pérdida de incentivos estatales que, hasta hace pocos años, apuntaban a sostener y jerarquizar la formación en salud mental pública.
Hasta noviembre de 2022, la Resolución 2953/2022 del Ministerio de Salud y la Secretaría de Gestión y Empleo Público establecía un incentivo económico de hasta $30.000 mensuales para residentes en hospitales nacionales. Hoy, ese beneficio ha desaparecido, y en su lugar lo que prima es la exclusividad mal remunerada.
Daniel Díaz, Johana Ceballos y Eliana Villalba detallan las condiciones salariales, “El que entra en primer año está ganando $700.000; el de segundo, $800.000; y el de tercero, $950.000”. “Tenés guardias de 12 horas entre primero y segundo año”. “No se paga ningún plus, es el mismo salario”. La situación se ve agravada por la exigencia de dedicación exclusiva. “Es un trabajo exclusivo, con jornadas de lunes a viernes de 9 a 17 hs”, afirma Díaz.
Guadalupe Villamide confirma que esta situación no solo es en el hospital Carrillo sino que también en el Bonaparte. “Nuestros profesionales todavía están contratados. No se abren concursos. Los sueldos están congelados. Un residente de primer año está cobrando $797.000 pesos. Así, ¿quién va querer venir a formarse acá?”.
Estas condiciones desincentivan la formación y profundizan el vaciamiento, no se trata solo de una crisis presupuestaria, se descuidan a quienes aún intentan sostener un sistema en retroceso. Se trata de una decisión política que trata de quitarle valor, tiempo y futuro al trabajo en salud mental pública.
En 2023, Salud Mental recibió $41.122 millones de pesos, representando el 10,1 % del presupuesto total en salud, en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). Sin embargo, en 2024 ese porcentaje cayó al 1,82 %, y el proyecto de presupuesto 2025 prevé una nueva baja, al 1,60 %.
Lejos de un proceso de fortalecimiento, en este contexto la RISaM parece ingresar en una etapa de desmantelamiento progresivo, donde las condiciones materiales vuelven insostenible la práctica formativa. La pérdida no es solo económica: es formativa, es ideológica y es generacional.
Resistencias con miedo
La tensión es parte del aire que se respira en los pasillos de los hospitales públicos. “Nos estamos organizando. Hacemos paros, asambleas interresidencias, participamos de marchas donde hacemos carpas sanitarias para visibilizar esta problemática”, comenta Federico Szcolnik, jefe de residentes en el Hospital Nacional Ramón Carrillo.
Pese a la organización, el temor a represalias está presente, sobre todo tras lo sucedido con sus pares del Hospital Garrahan. “Las sanciones preocupan, evidentemente sí. Porque te descuentan el sueldo. Encima que cobrás poco, te van a descontar por estar peleando por tus derechos”, expresa Daniel Díaz, residente del Hospital Carrillo. “Evidentemente quieren reestructurar la salud y eliminar sin una propuesta en paralelo donde uno se pueda alojar”, añade.
“Nosotros tratamos de resistir lo más posible con lo que se pueda llegar a hacer”, explica Johana Ceballos, psicóloga residente del Carrillo. E insiste: “Solo nos puede llegar a salvar la organización. Salir a la calle, solidarizarse con el malestar del otro”.
La defensa del modelo comunitario e interdisciplinario no es solo una reivindicación profesional, sino también política y humana. “La salud mental no es un lujo, no solo es un derecho, es una necesidad. Todos la necesitamos. Es una responsabilidad social”, afirma Guadalupe Villamide, residente del Hospital Bonaparte.
¿Por qué defender la salud mental?
Frente a un sistema que retrocede y recorta sin un plan, la pregunta que queda flotando es simple: ¿por qué es importante defender la salud mental?
“Creo que todos, en algún momento, vamos a atravesar una situación de salud mental. Nadie está exento. Hoy hay una tendencia hacia el individualismo que es lo que va agudizar situaciones de padecimientos”, reflexiona Johanna Ceballos.
La salud mental no es un lujo ni un privilegio. “La salud mental no es sectorial, es de todos, no importa la clase social, la raza ni el barrio. Y tenemos que responsabilizarnos con lo que está sucediendo”, afirma Guadalupe Villamide.
Es un derecho humano y, como tal, requiere políticas públicas sostenidas, equipos capacitados, formación continua, y espacios de escucha y acompañamiento. Reducirla a una lógica disciplinar e individualizante implica desconocer la historia de cada paciente, su contexto y sufrimiento. Presupone dejar a millones de personas fuera del sistema, y del lugar para el cual se capacitaron.
Siguiendo los lineamientos del reconocido psicoanalista Fernando Ulloa en Pensando a Ulloa, “cualquier ciudadano atento a los derechos humanos, sabemos que, o nos ocupamos de la crueldad —incluida la propia— o toleramos que la crueldad se ocupe de nosotros. Si nos ocupamos, es posible construir un contra-poder”.
En ese sentido, defender la salud mental no es solo defender una residencia o un título. Es alzar la voz para sostener y visibilizar un modelo de atención que reconozca la complejidad de cada persona y la aborde desde lo colectivo. Es elegir no retroceder. “Nadie se salva solo, esto es algo colectivo”, concluye Ceballos.
