En las últimas décadas, la zona periurbana del Gran Buenos Aires ha presentado centenares de producciones agroecológicas que abastecen los mercados de cercanía con productos frescos, sanos y de calidad. Durante más de 30 años, programas de extensión territorial ejecutados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fueron el sostén científico y tecnológico que permitió que muchas de estas unidades productivas perfeccionaran su técnica.
La política de “equilibrio fiscal” implementada por el gobierno nacional parece estar cargándose consigo al sector productivo más pequeño. ANUNM consultó en esta oportunidad a Guido Prividera y Gustavo Lattanzio, representantes regionales del INTA y a productores agroecológicos de la zona oeste del conurbano que reciben apoyo desde ProHuerta y Cambio Rural, para dar cuenta de este escenario.
Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en 2018, a nivel nacional existen 2309 unidades productivas agroecológicas, de las cuales 312 se encuentran en la provincia de Buenos Aires. “Es un número relativamente elevado”, comenta Prividera, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), jefe de la agencia de extensión rural del INTA de Avellaneda y docente de la Licenciatura en Relaciones de Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).
“A mediados de la década del 90’, el modelo de la Revolución Verde – que se caracterizó por niveles de producción muy altos gracias a la aplicación de químicos que aumentaban la productividad – comienza a tener sus deficiencias y ahí es cuando, desde la ecología, se comienza un camino que retoma filosóficamente ciertas prácticas ancestrales, pero le agrega toda la base del conocimiento científico”, explica Prividera. En otras palabras, la práctica agroecológica surge de la necesidad de resolver problemas ambientales que son causados por el uso indiscriminado de herbicidas, fungicidas y fertilizantes que hacen estragos en los suelos. Los investigadores comenzaron a ponerle técnica a saberes que eran transmitidos anteriormente sólo en la agricultura familiar.
De acuerdo al último Censo Municipal Agropecuario de Moreno del período 2021-2022, son 57 las unidades productivas agroecológicas hortícolas que están en funcionamiento. El núcleo productivo central se encuentra en Cuartel V, con 42 localidades; le sigue La Reja, con 5; Francisco Álvarez y Moreno, con 4 cada uno; y Trujui, con 2.
Entre sus principales cosechas, se encuentran la lechuga, acelga, espinaca, tomate, morrón y berenjena. “General Rodríguez tiene más horticultores que Moreno, pero no tenemos un número específico”, dice Gustavo Lattanzio, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y jefe de agencia de extensión territorial de los municipios mencionados y Merlo inclusive.
¿Y las semillas?
José Rodolfo Orellana vive en La Reja y hace 25 años es propietario de una quinta en la que cultiva, cosecha y vende su producción hortícola agroecológica. “En la actualidad, siembro 2 hectáreas nada más”, comenta. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) lo apoya en todo lo relacionado a proyectos y subsidios para la compra de insumos con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos de calidad. El INTA, desde el año 2009, le brinda semillas bajo el Programa ProHuerta.
En 2020 este Programa cumplió 30 años. Impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, el objetivo es alentar la producción agroecológica familiar, brindar capacitación y contribuir al proceso de soberanía alimentaria. Las semillas provienen de FECOAGRO, una cooperativa de San Juan que produce estos insumos para el armado de huertas. Desde abril de 2024 se conoció la noticia del cierre de ProHuerta, que deja sin trabajo a 40 técnicos a lo largo de todo el país y pone en peligro el proceso productivo de miles de familias.
Lattanzio explica que, con el cierre del Programa, la entrega de semillas se paraliza y “esa falta de disponibilidad va a hacer que el precio aumente, y el productor va a tener que comprar semillas importadas, cuando nosotros estábamos repartiéndolas de forma gratuita”. Esa suba en los costos aumentará los precios y perjudicará la economía de las familias del AMBA. “A nosotros nos afecta porque siempre nos daban para la siembra”, afirma Orellana y, agrega: “Somos productores chicos y cada día se dificulta más comprarlas en dólares”.
La clausura de programas que buscan el desarrollo de la economía local atenta contra el trabajo de centenares de familias agricultoras que abastecen las demandas alimenticias de sus vecinos. Nicolás Ferreira, agricultor de Trujui desde hace más de 40 años, comenta: “Yo le vendo a gente conocida, a alguna familia del barrio, o si no le llevo a comedores”. Al igual que a Orellana, el INTA, hasta hace unos meses, le facilitaba semillas para la producción de bolsones agroecológicos comunitarios. En el primer semestre de 2024 dice haber notado que “no hay moneda” y hasta ha llegado a canjear su producción por arroz, fideos y polenta. “A mí me sirve”, reconoce.
Cambio (en la relación) Rural
La extensión del INTA está “en jaque”. “Hoy no existe el Programa ProHuerta que apuntaba a un perfil más chico de autoproducción, ni Cambio Rural, que era nuestra herramienta de llegada a pequeños y medianos productores con características más de PyME”, enumera Lattanzio. Mientras que el primero de los programas de extensión ha brindado atención ciudadana a través de promotores voluntarios, el último que se menciona requiere de acompañamiento técnico que es dado por ingenieros agrónomos expertos en el tema.
“Es una manera de trabajar más cómodos y seguros, los ingenieros siempre estuvieron pendientes a nuestras consultas y nos asesoraron muy bien”, comenta Lucía Pari, presidenta de la Cooperativa Juana Azurduy de General Rodríguez, que se encuentra bajo el programa Cambio Rural. Sin embargo, piensa que en los próximos meses habrá dificultades porque no los están visitando como antes y que será necesario hablar entre productores e ingenieros para acordar de qué forma seguir. Sobre esto último, Lattanzio confiesa que la relación hoy se mantiene por mera vocación de profesión ya que el respaldo estatal no existe.
Wilder Ortega, también de General Rodríguez, tiene un emprendimiento familiar en el que actualmente produce de forma agroecológica, pero que está en proceso de transición hacia lo orgánico con la asistencia de técnicos del INTA. “Es difícil de entender cómo un gobierno pudo haber sacado algo que estaba funcionando. Cerrar por cerrar es un error. Con Cambio Rural y ProHuerta los más beneficiados son directamente los que tienen ganas de trabajar”, declara y luego afirma: “Si la producción local empieza a disminuir, automáticamente va a repercutir en los precios y en la calidad de los alimentos”.
¿Gasto o inversión?
En nombre del equilibrio fiscal se ha desfinanciado, cerrado y dejado a la deriva a miles de trabajadores de distintos rubros, y el sector productor de cultivos hortícolas del área periurbana de Buenos Aires no es la excepción. Durante el primer semestre de 2024, se han registrado fuertes caídas en el consumo, lo que hace más costoso el mantenimiento de los campos debido a la suba de los precios en el alquiler de terrenos, agua, electricidad, nylon y demás insumos.
Las pérdidas que hay por el bien del equilibrio macroeconómico son, a la larga, mucho peores y más significativas. “El mayor impacto cuando se desfinancia la investigación y el desarrollo tecnológico es que nuestros investigadores migran al sistema privado o hasta se van del país”, afirma Prividera, jefe de la agencia del INTA de Avellaneda. El conocimiento deja de transferirse al sistema productivo local, y las innovaciones tecnológicas no son aprendidas ni aplicadas. El cierre de programas de extensión territorial desmantela toda una red de contención social que se sostenía con voluntarios y productores minifundistas que intercambiaban saberes y semillas, y participaban de ferias y charlas. Implica un deterioro en la alimentación de la población, lo que provoca mayores costos en la salud. Hace que una vecina morenense tenga menos oferta para elegir alimentos sanos y frescos, cuando antes compraba a pocas cuadras de su casa a un vecino productor como Rodolfo Orellana o Nicolás Ferreira. “Es un costo social altísimo. No es un ahorro, es una pérdida”, concluye Lattanzi
