El gobierno nacional avanzó con la privatización de las centrales nucleares del país mediante la venta de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., encargada de gestionar la producción nuclear en el país. Las centrales afectadas son Atucha I y II en Lima, Zárate, provincia de Buenos Aires y Embalse, en la municipalidad homónima en la provincia de Córdoba.
El proceso inició en junio de 2024 con la sanción de la Ley Bases (27.742), que autorizó la privatización de numerosas empresas estatales, entre ellas Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), dedicada a gestionar y operar las centrales nucleares encargadas de producir energía eléctrica de uso industrial y doméstico. El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó el pasado jueves 7 de noviembre la resolución 1751 que oficializa este proceso.
A fines de septiembre de 2025, el presidente Javier Milei promulgó el decreto 695/2025 que autorizó la privatización parcial de NA-SA. Allí se estableció la organización de un “programa de propiedad participada”, con 5% de las acciones destinado a los trabajadores, otro 44% de acciones dispuesto a venta por licitación pública nacional e internacional y el 51% restante en manos del Estado. Actualmente el esquema de propiedad de NA-SA se divide en un 79% correspondiente al Estado Nacional, 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 1% de Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Ante este cambio de propiedad accionaria, el 51% perteneciente al Estado estaría nucleado exclusivamente en el Ministerio de Economía, sin participación de CNEA ni ENARSA. En este sentido, el ex director Ejecutivo de NA-SA y responsable técnico del Departamento de Servicios de Mantenimiento y Obra Civil del complejo Atucha, Lucas Castiglioni, explicó que “con la reconfiguración accionaria, la participación y la influencia de CNEA en la formación técnica y en la gobernanza operacional puede disminuir, lo que reduce la capacidad estatal para dirigir política tecnológica nuclear. Eso impacta la ‘soberanía tecnológica’, la capacidad de desarrollar y mantener tecnología nuclear propia sin depender de agendas externas”.
La justificación que ofreció el gobierno nacional fue que el objetivo de la privatización responde al Plan Nuclear Argentino a cargo de Damián Reidel (actual presidente de NA-SA) para promover la inversión privada, construir el primer reactor modular argentino y extender la vida de las centrales, explicó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
El traspaso de NA-SA a operadores privados puede significar una oportunidad en términos de ingresos puntuales para el país, pero una “pérdida de ingresos recurrentes y de control estratégico”, explicó Castiglioni. Y además, remarcó: “NA-SA reporta superávit, es decir, hoy no es una empresa deficitaria que demande privatización para ‘salvarla’ y por ello la venta se presenta como fuente de ingresos puntuales, pero sacrifica flujos futuros”. En junio de 2025, la Subsecretaría de Energía Eléctrica publicó su “Informe Sectorial de Energía Nuclear 2025” donde comunicó que el 7,4% de la electricidad en Argentina se produjo en las centrales nucleares nacionales Atucha I, II y Embalse, representando una oportunidad económica a largo plazo.
Por parte de los trabajadores, también hay cuestionamientos a los motivos que llevaron al gobierno nacional a privatizar la empresa. Marcos Carbonell, trabajador del área institucional de la Central Nuclear Embalse y miembro de la comisión directiva del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF), señaló: “Las centrales nucleares aportamos cerca del 8% de la matriz energética nacional. En el primer trimestre de 2025, Embalse tuvo superávit de más de 17 mil millones de pesos y récord de generación el año pasado. Por eso es tan contradictoria la posición del gobierno en querer vender parte de las acciones de esta empresa, una de las pocas que da ganancias”.
En Embalse, la única notificación que recibieron sobre la privatización fue un correo electrónico por parte del directorio de la empresa, con citas textuales del decreto. “Se está atravesando un momento general de incertidumbre en la planta. En el tema paritario hemos tenido muchos reclamos y estuvo bastante congelado. El gobierno no otorgó aumentos de más del 1,3%, no se lograron acuerdos salariales y el poder adquisitivo de nuestro salario ha caído terriblemente”, explicó Carbonell, que teoriza que el vaciamiento laboral provocado por la pérdida de poder adquisitivo es una estrategia del gobierno para justificar la privatización.
Otra cuestión a tener en cuenta sobre los posibles efectos de la privatización es el costo de la electricidad para los consumidores cuando NA-SA pase a manos privadas. En este sentido, Castiglioni advirtió que “si un operador privado exige recuperación de inversión (o mayor retorno), puede solicitar ajustes tarifarios o renegociar contratos que terminen trasladando costos a usuarios. El alcance depende del esquema regulatorio –cómo fija y controla tarifas el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) u organismo competente Secretaría de Energía– y de cláusulas del contrato de privatización”.
Existe además preocupación por la pérdida del personal capacitado para desempeñarse en este sector estratégico. Un economista especializado en cambio climático y medio ambiente, que prefirió no dar su nombre, señaló que “hay otro peligro grande con el desmantelamiento del plan nuclear: esos recursos humanos que formaste se te van. El Plan Raíces trajo 1200 científicos de vuelta en el 2010 y si se tienen que ir de nuevo, no vuelven más. Estamos financiando a los países desarrollados con recursos que puso toda la sociedad argentina”.
La posible pérdida de soberanía energética y tecnológica ante la privatización es una preocupación generalizada. “Este proceso económico en realidad es una política de sometimiento neocolonial, donde te quedás prácticamente sin ningún resorte para manejar tus políticas públicas”, expresó este economista cuando se le consultó por la posible llegada de privados y capitales extranjeros a la gestión de NA-SA. “Con un país hipotecado, con vencimientos que no tenés cómo financiar, evidentemente vas a tener que aceptar reglas de negociación que no necesariamente son las más convenientes para la integridad de la soberanía nacional”, detalló.
En América Latina solo hay tres países que cuentan con reactores nucleares en operación: Argentina con 3, Brasil con 2 y México con 2. Existió la posibilidad de aumentar ese número con la construcción de Atucha III (frenada por el gobierno de Mauricio Macri) y del pequeño reactor modular Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) a cargo de CNEA (organismo que ya no pudo afrontar su finalización ante la falta de presupuesto proveniente del Estado Nacional).
Argentina ha desarrollado un plan nuclear serio a lo largo de más de 70 años a partir de la creación de la CNEA, el Instituto Balseiro, de carácter público y excelencia internacional, y sus tres centrales nucleares con la posterior extensión de vida útil de las mismas. La gran historia nuclear argentina demanda que decisiones de semejante magnitud, que ponen en juego cuestiones como la soberanía tecnológica y la independencia económica, sean pensadas y tomadas con seriedad y planificación a largo plazo.
