El Presupuesto 2026 tiene como principal objetivo el equilibrio fiscal, considerado por el presidente Javier Milei como “innegociable”, además del orden monetario y cambiario; y aseguró que el proyecto incluye una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas. Con esto, se proyectó para el año que viene un crecimiento del PBI del 4,5%, una inflación anual del 10%, un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal con respecto a 2025 y un leve aumento de la presión fiscal (del 22,2% al 22,7% del PBI).
El economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Tomás López Mateos, afirmó que no hay ninguna base para creer en esas proyecciones. “En un país con tasas de interés por las nubes, sin crédito productivo y con salarios que cayeron en promedio 20 % reales, pensar en un crecimiento del 5 % es voluntarismo puro”, comentó. Además, López advirtió que si la inflación termina en 20 o 25 % y el dólar se atrasa, la recaudación caerá en términos reales y los gastos sociales se licuarán. “Para mantener el ‘equilibrio fiscal’, el gobierno tendría que congelar jubilaciones, frenar transferencias a las provincias y paralizar la obra pública. Eso implicaría más recesión, más desempleo y un círculo vicioso de caída de la demanda”, concluyó.
Milei sostuvo que la prioridad del gasto se enfoca en el “capital humano”. Por eso, según palabras del mismo presidente, el 85% del gasto previsto para 2026 se destinará a educación, salud y jubilaciones, con incrementos reales por encima de la inflación. Se proyecta mantener los niveles de asistencia social en torno al 3,2% del PBI, un leve aumento del gasto en jubilaciones y pensiones (del 6,7% al 6,8% del PBI).
El economista y docente (UNM-UNGS) Lucas Benítez señaló que lo que hay que analizar no es tanto el aumento nominal: “Todas estas variables que han crecido en términos nominales, en términos de poder adquisitivo, para el año que viene, no van a crecer para nada en términos reales”. Sobre este punto, Agustín Lodola, director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP, afirmó que proyectar aumentos ‘reales’ sobre una inflación muy optimista va a significar caídas reales en esos y todas las funciones gubernamentales. “El monto de cada función está fijado y por lo tanto si la inflación es mayor que la proyectada, esos valores van a disminuir en valores reales”, sostuvo.
Recortes
En materia de derechos, los artículos más polémicos son los nº 30 y 72. El primero de ellos otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para realizar ajustes discrecionales en el gasto público y establece una “regla de estabilidad fiscal” que obliga a recortes automáticos en partidas presupuestarias si los ingresos fiscales no cumplen con las proyecciones estimadas. Con esto, se elimina el financiamiento garantizado históricamente para áreas estratégicas, que fijaban un 6% del PBI para educación, un 1% para ciencia y tecnología y un 0,8% para defensa a través del FONDEF. Respecto al artículo nº 73 se derogan los primeros artículos de la Ley Nº 27.160, eliminando los aumentos de las asignaciones familiares y a la movilidad jubilatoria, que venía ajustándose automáticamente mensualmente por inflación, cuyos incrementos pasan a ser discrecionales del Poder Ejecutivo.
Para López Mateos, esos recortes planificados son directamente un retroceso social y cultural: “Quitar los pisos de educación, ciencia y tecnología es condenar al país al subdesarrollo permanente y frenar la movilidad de la AUH y las asignaciones familiares es un ataque frontal a la infancia”. Además, sostuvo que es el ajuste más regresivo en décadas y declaró: “Milei habla de ‘capital humano’, pero recorta donde ese supuesto ‘capital’ se forma: en la escuela, en la universidad, en la familia trabajadora. Lo que hoy se ahorra en el presupuesto se pagará con más pobreza y menos productividad mañana”.
Debilidades
Los economistas consultados han reconocido, a su consideración, las debilidades estructurales del presupuesto. Lodola señaló su preocupación sobre la escasa inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, advirtió: “Este ahorro de corto plazo, se hace a costa de afectar la productividad futura de la economía. Esa productividad, además de la infraestructura, depende de la ciencia y la tecnología y en todos esos aspectos hay un retiro del Estado. A mediano plazo va aumentar la desigualdad y la falta de desarrollo”. Además, remarcó que es un presupuesto que solo se enfoca en la eficiencia, mientras que un Estado tiene que cumplir además de objetivos de eficiencia, objetivos de equidad y estabilización. “En las 126 páginas del mensaje no existe la palabra equidad, ni igualdad”, remató.
Por su parte, el economista y docente de la Universidad Nacional de San Martín, Cristian Folgar, indicó que hay un error de lectura de lo que está pasando en nuestra economía con una proyección de inflación tipo de cambio “irreales”. Afirmó también que lo que puede llegar a pasar es que las partidas caigan en términos reales si la inflación es más alta que la prevista. “Lo que sí podemos afirmar hoy es que esos aumentos no van a ser de esa magnitud; a lo mejor ni siquiera son aumentos y en ningún caso se va a recuperar lo que se perdió estos años”, declaró.
En tanto, López Mateos consideró: “el escenario alternativo que el equipo oficial no contempla es una economía mundial menos favorable, tasas internacionales altas y precios de exportación más bajos. En ese contexto, Argentina tendría menos divisas y más presión sobre el tipo de cambio. Si los supuestos no se cumplen (y todo indica que no se van a cumplir) el gobierno va a enfrentar un dilema clásico del ajuste: o recorta todavía más el gasto público, o vuelve a endeudarse. El gobierno apuesta todo a la ortodoxia y a la fe de los mercados”.
La apuesta a los “mercados”
El Presupuesto 2026 solo se enfoca en la eficiencia, es un esquema pensado para tranquilizar a los mercados, no para reconstruir el tejido social. Es un presupuesto de ajuste al gasto, que lo que busca es achicar el tamaño del Estado y achicar aún más su intervención en la economía. “El Gobierno cree en que, para agrandar la patria, hay que achicar el Estado y nos estamos dando cuenta que eso no sucede, tal es así que el último ejemplo es que tuvieron que recurrir a los Estados Unidos, para que siga financiando su política cambiaria”, afirmó Benítez.
Para Folgar, el presupuesto tiene que quedar limpio de todos los artículos que no cumplan la Ley de Administración Financiera, tal es el caso de la polémica ley de “inocencia fiscal”. Dicho artículo ha dividido opiniones entre aquellos que lo consideran atractivo y los que creen que es un ‘blanqueo de capitales’. “Habría que discutir un proyecto específico y tratarlo, no meter un par de artículos en la Ley de Presupuesto porque se genera ese efecto ómnibus que se aprueban cosas y no conoces del todo lo que estás aprobando y es ilegal”, recalcó Folgar.
López Mateos afirmó que la solución de los males económicos es poner al trabajo y a la industria nacional en el centro del programa económico. “El ajuste permanente no es un plan de desarrollo; es un camino hacia la disolución nacional. El equilibrio presupuestario se alcanza con justicia social: recomponiendo ingresos populares, invirtiendo en ciencia, educación, y capacidades productivas nacionales, y usar el crédito para producir, no para especular”, dijo.
Ahora el país queda a la expectativa de cuáles serán los costos a pagar por recurrir a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la especulación y proyecciones ilusorias por parte de un gobierno que parece desesperado por llegar a una elección y no ve más allá de octubre del 2025.
