La desocupación tiene números muy diferentes al 21, 5 % que llegó a sufrir el país en 2022. Sin embargo, la mayor cantidad de puestos de trabajo que se crean son “en negro”, con la consecuente desprotección para quienes trabajan y el desfinanciamiento del Estado.
Los informes coyunturales del segundo trimestre del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM, consorcio formado por la UMET, UNAHUR y UNAJ), la recuperación del empleo de los últimos años se vio traccionada por puestos de trabajo informal y precario. Actualmente, el 45% de los ocupados se desempeña en trabajos precarios, de los cuales el 28% son asalariados informales y el 17% son cuentapropistas precarios. Estos porcentajes aumentaron notablemente durante 2021 y 2022. El estudio relevó que, a pesar de que el nivel de desocupación cayera a un 7% y fuera el más bajo en los últimos 6 años, el crecimiento del trabajo registrado es mínimo al del trabajo informal.
Por otro lado, el estudio del mismo CEM sobre informalidad y precariedad laboral, indica que los sectores que presentaron mayores tasas de informalidad fueron el de servicio doméstico, con un 76% y el de construcción con un 72%. Otros segmentos afectados por la informalidad son las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 24 años. Este tramo etario presenta una tasa de informalidad del 66%, Por su parte, las mujeres presentan una tasa de informalidad más alta (el 38 %) que los varones (que es del 34 %).
El diagnóstico de los especialistas
El escenario del mercado laboral nacional presenta una situación compleja. Mariana Fernández Massi, economista, investigadora del CONICET en el Centro de Estudios Laborales y docente de la Universidad Nacional de Moreno, expresa que “la informalidad es un fenómeno multicausal, ya que hay varios factores que convergen y explican por qué tenemos altos niveles de informalidad, y por qué en ciertos contextos sube y en otros baja”. En palabras de la economista, la informalidad depende de tres ramas: el aspecto macroeconómico, el aspecto institucional y el aspecto estructural.
En ese sentido, Fernández Massi afirma: “En términos macroeconómicos, la informalidad tiende a bajar en períodos de alto crecimiento. Pero para que la informalidad baje el crecimiento debe ser sostenido, donde no solamente ya se lleva un periodo largo de crecimiento sino que además hay expectativas de que la economía siga creciendo”.
Y agrega que “quizás este es uno de los problemas actuales. Hay mucha incertidumbre respecto a la coyuntura económica argentina que hace que empleadores decidan por ejemplo no blanquear a sus trabajadores porque no tienen en claro cuánto tiempo se sostendrá por ejemplo el incremento del nivel de actividad. Por eso, la incertidumbre coyuntural es un factor que explica porque hay nuevas contrataciones, sin embargo, crece el empleo informal”.
Por su parte, Julio Neffa, economista, investigador del CONICET en el Centro de Estudios Laborales y profesor emérito de la Universidad Nacional de Moreno, dice que “la recuperación económica es muy lenta, lo que estamos haciendo es retomar un poco, llegar al nivel del producto bruto en el año 2015. Hay que tener en cuenta que a nivel internacional estamos en un momento de crisis, la mayoría de los economistas coinciden en que el año que viene va a haber un crecimiento gradual y varios países van a estar estancados. Esto es para ser prudente y no pensar que la economía argentina va a crecer a un ritmo muy fuerte que va a eliminar al desempleo”.
A su vez, Neffa agrega: “Si observamos las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el empleo privado registrado está frenado hace una década aproximadamente, es decir, no es algo de ahora. Y ese empleo público formal o registrado es el único que crece. Estamos en una situación crítica básicamente porque el crecimiento económico es lento y tiende a ser más moderado y obviamente no se generan más empleos privados registrados”.
Por otro lado, Sergio Arce, abogado laborista y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, indica que “la falta de registración impuesta por el empleador, y posterior negativa del contrato ante tal reclamo, restringe el acceso al goce de los derechos que corresponden al dependiente, imponiéndole además una carga previa (que no tienen quienes están registrados) para el reclamo de sus derechos, que en muchos casos es imposible cumplir por falta de pruebas. Circunstancia que implica la “inestabilidad” del trabajador no registrado en su puesto, alejándolo de la protección contra el despido arbitrario que consagra la Constitución Nacional”.
Posibles soluciones
En cuanto a cómo se podría revertir esta situación, Fernández Massi propone que “se refuerce la relevancia del registro del trabajo, incorporado de forma transversal en las políticas públicas, donde se les exija a aquellos empresarios que cumplan la normativa laboral en caso de tener empleados informales, corriendo el riesgo de perder alguno de los muchos beneficios que se le han otorgado durante el periodo de aislamiento”. Como también, “mejorar en el sostenimiento de la actividad económica, sobre todo en áreas de mayor certidumbre, ya que garantizan mayor seguridad”.
Por su parte, Neffa sugiere que “tiene que formarse un Plan Nacional de Desarrollo, impulsando así a que se promuevan las inversiones condicionadas que generen nuevos empleos, es decir, contratos por tiempo indeterminado, pero para eso habría que bajar las tasas de interés, que en la actualidad son altísimas”. Además, sostiene que “es necesario promover el crédito para las pymes con facilidades en cuanto a las garantías y sobre todo, hacer énfasis a la formación profesional de los jóvenes como de su capacitación constante”.
En pos de preservar los derechos laborales, si el trabajador percibe un salario por debajo del que le corresponde, dado la escala salarial convencional de la actividad, entonces el trabajador tiene derecho a reclamar la diferencia faltante. No obstante, lo cierto es que pese a tener derecho a reclamar la diferencia salarial debida, como a reclamar por la registración, la vigencia del contrato condiciona al trabajador a efectuar el reclamo, por miedo a perder el empleo.
Por lo que, se recomienda que los salarios debidos, en general, se reclamen cuando el contrato finalizó o cuando el trabajador sabe que el vínculo podría finalizar. En palabras de Arce: “Es fundamental la actividad del Estado en detectar el trabajo no registrado mediante inspecciones u otras acciones”. De esta manera, los trabajadores podrían gozar de los derechos, sin tener que reclamar ellos mismos y perder el empleo por el reclamo, generando así un descenso del nivel de informalidad laboral.
