La inflación arde, como la temperatura. Y el gobierno intenta, con distintos mecanismos, apaciguar los precios. En ese marco, existe el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, creado mediante la Ley 26.992, el 17 de septiembre de 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene por objetivo monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el país, según su artículo 1°. ¿Cumple su función?
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, estuvo a cargo del relanzamiento del Observatorio hacia fines del año pasado. Del encuentro participaron organismos nacionales, empresas, sindicatos, y asociaciones de consumidores. Se encuentra conformado, además de por aquel funcionario, por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Economía y tres representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores registradas.
La mirada de los economistas
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 6, 6 % en febrero. Con estos datos, la inflación se instala como un problema cada vez más difícil de resolver.
El economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) Alejandro Fiorito, explica que “controlar los precios como si fueran algún mérito del empresario porque quiere ganar más es equivocado. No van a poder evitar que el empresario que obtenía, por ejemplo un 20% de ganancia, quiera mantenerla cuando siguen subiendo los costos y los insumos. Más tarde o más temprano va a tratar de trasladar los costos al precio final de su producto para seguir ganando”.
Fiorito señala que “la mirada que supone que a corto o largo plazo el control de precios puede mantener en raya a la inflación es errado, por la concepción teórica, y por otra visión errada que es que con el control van a poder evitar la variación de los precios, cosa que es imposible”. Asimismo, sobre la eficacia de estos afirma que “los productos fijados en los programas del gobierno van desapareciendo porque el empresario deja de producir esos productos que están bajo control y hace otros, reduce las cantidades, o saca una nueva marca”.
Por último, el docente de la UNM, agrega que “los controles de precios en el corto plazo pueden hacer que por un rato se mantengan más estable los precios”. Y concluye: “Pueden servir para unos meses, pero se acumulan los costos y esto hace que la tasa de ganancia de los empresarios baje y no dure mucho esa producción. La inflación se va a imponer por nuevos productos o por caída de las cantidades”.
En una línea semejante, Fernando Córdoba, economista político y también docente de la UNM, respecto al funcionamiento del Observatorio señala que “puede servir para detectar algún caso puntual de incremento inusual sobre el que se puede tener alguna política pública específica, pero en ningún caso es una política antiinflacionaria”.
Asimismo, sobre la puesta en marcha de esta medida en conjunto con otras, Córdoba explica que “se parte del diagnóstico de que la inflación es un problema por los abusos de precios de empresarios con poder monopólico, que cada día quieren ganar más, y por lo tanto, suben los precios a voluntad”. Y agrega: “Este argumento de los empresarios que aumentan los precios a voluntad no tiene mucho sustento, cuando uno mira el resto de los países y observa que también existen economías incluso más concentradas que la Argentina, y no tienen el problema inflacionario que tenemos nosotros”.
Córdoba concluye que “en donde si influyen las empresas concentradas es en los resultados del conflicto distributivo. Al día de hoy se observa que las empresas se están llevando una proporción de la torta más grande que los trabajadores, pero esto es el resultado del conflicto distributivo y no el motor de la inflación”.
Por su parte, Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dice: “En el contexto de una serie de medidas políticas implementadas desde la asunción de (Sergio) Massa para intentar ponerle un freno al alza de precios que se vive en la Argentina, una de las herramientas que se reactivó es el observatorio de precios”. Acerca de estas medidas, agrega: “Tanto los Precios Justos como distintos acuerdos de promoción del consumo en cuotas y con tasas preferenciales o fijas, son para poder bajar fuertemente la inercia de precio que se vienen viviendo sobre todo en los últimos años”.
Además, el analista de CEPA dice: “Creo que las medidas son acertadas en el contexto en el que estamos, no podemos olvidar que estamos marcados por el condicionante de la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es una de las grandes restricciones que tiene Argentina hoy para tomar medidas económicas”.
Siguiendo con esto, Lautaro Moschet, licenciado en Economía y analista económico en Fundación Libertad y Progreso, menciona que “los programas pueden tener un efecto en el muy corto plazo. Después en cuanto al largo plazo estos programas no tienen ningún tipo de efecto porque no están atacando el problema de raíz”.
Por último, el economista asegura que “en el largo plazo no sirven esas cosas, deben tener cierta consistencia en lo que son los programas fiscales y monetarios, es muy difícil dado el endeudamiento que tiene el Banco Central. En ese contexto la verdad es que a largo plazo la inflación no va a bajar”.
Las voces de los consumidores
“El Observatorio de Precios fue creado en el 2014, durante el 2015 y parte del 2016, hubo algunas reuniones esporádicas dónde no se llegó a ninguna conclusión. Finalmente, el secretario de Comercio lo pone nuevamente en marcha con la idea de que esta vez funcione como debió hace ocho años”, menciona Ricardo Julio Espinosa, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA).
Para explicar su función, Espinosa señala que “la gente va a la góndola y consigue el producto a un determinado precio, el mismo está formado por una estructura de costos que arranca desde el productor hasta la góndola. El Observatorio es la herramienta para estudiar esa estructura para saber cómo se conforma un precio”. A partir de dichos estudios, el organismo realiza informes. “Si hay algún desfasaje en la cadena de valor, ese informe se deriva a la Secretaría de Comercio, y si la cadena está ganando más de lo que declara, emitirán algún tipo de sanción si correspondiere”, concluye.
En esta misma línea, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, expresa: “Estamos casi empezando de cero con el Observatorio porque es un trabajo de mediano y largo plazo, no da efectos o resultados en la inmediatez”. Cabe recordar, que con el cambio de Gobierno en el 2015 su funcionamiento se vio pausado. En relación a esto, Boada agrega que “durante el gobierno de Alberto Fernández, las asociaciones insistimos reiteradamente en que se nos citara, pero en la pandemia decían que no era posible la reunión presencial”.
Asimismo, de las reuniones del organismo participan representantes de distintos sectores, Salvador Femenía, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explica: “Vamos a tener carácter de asesores del Observatorio; el tema es aportar conocimientos sobre los distintos rubros que abarcan los productos involucrados en el acuerdo”. Sobre la colaboración de CAME, sostiene: “Nuestra intervención es como asesores de la materia para verificar que se lleve a cabo el acuerdo con beneficios sobre todo para el consumidor, y ver si se pueden bajar las expectativas de inflación para más adelante”.
Sobre la relevancia del control de precios, Boada manifiesta que “esta no es una herramienta con resultado inmediato pero no por eso deja de ser muy necesario que se ponga en funcionamiento, porque sino nunca vamos a tener resultados. Calculo que como mínimo un año se va a tardar en realizar estudios de las cadenas, y en base a eso poder empezar a tomar resoluciones”.
Sobre la particularidad de esta medida económica, Femenía de CAME desarrolla que “este tiene la modalidad de que está convenido tanto por el sector de Gobierno, como de cámaras y proveedores, es un paso importante para que tenga más efecto, esto no fue impuesto sino que fue acordado”. Además, hace mención de los Precios Justos, y añade: “Son herramientas que hacen más al control y el conocimiento por parte de la población y mayor control de la oferta que hacen los supermercados que firmaron este acuerdo”.
En cuanto a las ventajas que proporcionará, Boada explica: “El beneficio que traerá a los consumidores el funcionamiento del Observatorio es tener claro cómo funcionan cada una de las cadenas de los productos y servicios que se venden en el país, y poder combatir a los eslabones monopólicos/oligopólicos cartelizados o extranjerizados que hay en cada una de los productos que nos llegan”.
El futuro del Observatorio
¿Cómo evolucionará el Observatorio? ¿Qué se espera de él? “No es para combatir la inflación, bajo ningún concepto. Nosotros lo que vemos es la estructura de costos si se descubre que en ella hay un producto determinado que en algún punto de la cadena es excesivo, el Estado decidirá si corresponde o no la sanción a esa empresa en particular; desconocemos si el Estado hará bajar el precio de ese producto”, asegura Espinosa de ACUDA.
Por su parte, el presidente de La Unión de Usuarios y Consumidores, Boada sentencia que “no tiene un efecto inmediato sobre la inflación aunque sí es necesario. Se necesita llevar adelante el observatorio para afianzar la baja de inflación a largo plazo”.
De acuerdo con los resultados del mismo en el futuro, Femenía de CAME señala que “todos estos programas históricamente no han funcionado, salvó los primeros tiempos de su aplicación, porque los costos siguen aumentando, más allá de la voluntad de mantener los precios, se hace un poco complicado”. Sin embargo, resalta que el Observatorio tiene una característica diferente: fue acordado con los formadores de precios; el mismo ministro de Economía Sergio Massa y el secretario Tombolini, habían explicado que esto no es una herramienta ni una solución a fondo, se pretende por lo menos en el corto plazo bajar las expectativas de crecimiento de la inflación”, subraya.
