En la Argentina existen alrededor de 400 empresas recuperadas. Y ante la crisis económica que enfrenta el país, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha promulgado una ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para apoyar a estas firmas. Para entender mejor el impacto de esta norma, conversamos con representantes clave del sector: Francisco Cubría, del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), y Carlos Maximiliano Zuasnabar de la cooperativa Gráfica World Color en Pilar.
La ley 15.485 establece medidas para proteger a estas empresas durante 18 meses, con posibilidad de una prórroga de un año si persisten las condiciones de emergencia. Entre las disposiciones destacadas están la suspensión de desalojos y cortes de servicios esenciales como electricidad, agua y gas.
Carlos Maximiliano Zuasnabar, empleado en el área de producción de Gráfica World, destaca la importancia de cualquier ayuda para las empresas recuperadas: “Desde ya cualquier cosa mínima que ayude a las recuperadas es buena. Sobre todo el tema de los desalojos y las expropiaciones, que es algo que demora mucho tiempo ya que es muy burocrático”.
Sin embargo, respecto a las interrupciones de servicios, el trabajador agrega: “En cuanto a la electricidad, para evitar los cortes por deuda, desde mi visión, no hay subsidio ni créditos sin interés para poder pagar las enormes deudas de energía”.
Zuasnabar, quien ha sido parte de la cooperativa por 9 años, valora la ayuda gubernamental pero señala áreas críticas sin abordar: “La mínima ayuda sirve, pero faltan muchísimas cosas más, como créditos blandos para renovar tecnología, algo que nos hace falta y no tenemos acceso como algunas empresas privadas”.
Un caso que ayuda a contextualizar la situación es el siguiente: “Hay situaciones como la de Edenor porque esta empresa es nacional y esta ley es por la provincia de Buenos Aires, entonces hay una discusión porque Edenor lo toma como nacional y sí te puede llegar a cortar la luz”. Esta situación resalta una de las limitaciones de la ley, que es su aplicación provincial frente a servicios que pueden ser gestionados en todo el país.
A causa de estas críticas, Francisco Cubría, desde el IPAC, opina que le parece una buena iniciativa por parte del Ejecutivo y sus legisladores emitir una alerta, pero que “resta desarrollar una ley que transforme la situación de emergencia que transitan hace varios años las empresas recuperadas”. Reconoce que se debe seguir expandiendo la regulación a través del trabajo para poder fortalecer aspectos que ayuden a mejorar la situación de las cooperativas.
Cubría afirma: “Nos esforzamos implementando una mesa de trabajo junto a los actores y actrices del sector y sumamos la visión técnica de las instituciones públicas junto a los legisladores. Hoy estamos trabajando en un registro más exhaustivo donde podamos construir un diagnóstico más preciso de la producción”.
Una recomendación que resalta el portavoz del IPAC es “la idea de consolidar un solo registro que arroje datos cuantitativos y evalúe de forma cualitativa teniendo como referencia la ubicación, su producción y su desarrollo. Nada de esto es posible sin un Estado fuerte que invierta y fomente el consumo cooperativo”. Por lo tanto, esta institución es consciente de las áreas de mejora de la ley, pero también destaca el trabajo conjunto impulsado por las estrechas relaciones entre el IPAC y las distintas municipalidades del conurbano.
“Hablamos de colaborar cuando construimos. Hoy tenemos múltiples mesas de trabajo con municipios e instituciones intermedias que fomentan los procesos de fortalecimiento y regularización de las cooperativas. También disponemos de varias herramientas de financiación para las recuperadas”, explica Cubría.
El presidente de FECOOTRA, Cristian Horton, asegura: “Creemos que es una herramienta útil para el contexto actual que afrontan las cooperativas de trabajo que han recuperado empresas. Busca proteger los miles de trabajos que estas empresas generan”.
Horton entiende que los costos de energía influyen profundamente a los sectores productivos y esto impactará en los salarios de los trabajadores, afectando su calidad de vida. “La protección que frena los avances judiciales también es muy importante. La mayoría de estas unidades productivas surgen en el marco de un proceso de quiebra y arrastran situaciones judiciales durante años, este estado casi permanente de fragilidad institucional hace que estos proyectos no puedan crecer y desarrollarse”, declara el director.
La perspectiva del dirigente se alinea con la opinión de Carlos Zuasnabar, quien pone énfasis en la importancia de las tecnologías. Según Horton, es fundamental “aplicar líneas de financiamiento para actualización de equipamientos y tecnologías, capacitación constante a los trabajadores que ayuden a mejorar la productividad”.
Se puede establecer que las autoridades provinciales buscan dar oxígeno a través de la legislación a las empresas recuperadas en medio de la crisis económica. Pero esta solución no debe ser transitoria sino definitoria, es decir, encontrar respuestas judiciales por medio de expropiaciones y arreglos acordes, para que los trabajadores puedan enfocar sus energías en hacer crecer las empresas.
“Queremos dejar en claro que valoramos la iniciativa legislativa. Sin embargo, creemos que esta protección sería oportuna si alcanzara a todas las cooperativas de trabajo en la provincia. Tal vez pensar en una ley para agilizar los procesos iniciales en la recuperación de empresas a través de cooperativas, que permita un trabajo articulado con distintos ministerios y colaboren no solo con la agilización del proceso judicial, sino también con el apoyo al proceso productivo”, indica Horton sobre la aplicación de la ley.
Es fundamental que las iniciativas se extiendan más allá de las acciones de emergencia, con un enfoque en respuestas a largo plazo como el otorgamiento de créditos blandos o la renovación tecnológica. Además, se necesita un marco legal que facilite los procesos judiciales y de expropiación para que estas empresas puedan estabilizarse y crecer sin las constantes amenazas que hoy enfrentan.
En definitiva, aunque la ley 15.485 proporciona un respiro necesario, es crucial que el gobierno provincial, el Estado nacional y los legisladores sigan trabajando en disposiciones estructurales. Estas medidas deben permitir que las empresas recuperadas no solo sobrevivan, sino que también prosperen y contribuyan significativamente a la economía del país.
