Luego de sufrir cambios en el Senado, se aprobó uno de los puntos más controversiales de la ley. El RIGI se propone “incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras” en nuestro país con el objetivo de promover el desarrollo económico y la competitividad de los diversos sectores económicos. ¿De qué manera? otorgando beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares en proyectos vinculados a los sectores de agroforestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica. Sin embargo, pese a su aprobación en la Cámara alta y que todavía falta que Diputados vuelva a tratar la norma, hay algunos aspectos de este régimen que son discutidos por los especialistas.
De acuerdo a un análisis detallado sobre las modificaciones realizadas al texto original, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) menciona que el nuevo RIGI “extiende la exención de pago de aranceles, tasa de estadística y otros tributos aduaneros a proveedores de proyectos de inversión relacionados con mercaderías o insumos importados”. A su vez, establece una tasa del 0% en derechos de importación para bienes de capital nuevos, repuestos y mercaderías de consumo.
En relación a esto último, Fernando Córdoba, economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), agrega que las empresas no están obligadas a liquidar divisas de sus exportaciones. “Hoy, por ejemplo, las empresas que exportan y le venden al mundo tienen la obligación de que los dólares que reciben los dejen en el Banco Central. Esta entidad luego le da pesos y, de esa manera, nos abastecemos de dólares que son necesarios para nuestro país. El RIGI, en cambio, implica que las empresas pueden exportar y dejar los dólares que obtienen por esas ventas en cualquier lugar del mundo”, explica.
A su vez, Córdoba menciona que hoy en día se les cobra a las empresas un impuesto que se denomina “derecho de importación”, esto significa que, “si quieren comprar insumos, bienes o traer maquinaria, se le cobra un impuesto para incentivar a que lo compren en Argentina a proveedores locales. Entonces si se saca ese derecho de importación van a traer todo de afuera”. Esta decisión, sin duda, traería consecuencias negativas en la generación de puestos de trabajo de firmas locales, perjudicando principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), ya que no son un actor contemplado en este régimen.
“No sé si era necesario ser tan extremos con los incentivos. Ningún país del mundo se desarrolló sin imponer algún tipo de condicionalidades a las inversiones extranjeras: desarrollo de proveedores locales, creación de empresas mixtas, generar una transferencia de “saber hacer” hacia nuestro país”, enfatiza Córdoba. En relación a esto cabe destacar que, de acuerdo al CESO, el nuevo texto plantea que el régimen deberá incluir “la integración de productos locales y un plan de desarrollo de proveedores. Sin embargo, sigue sin plantear requerimientos mínimos para ninguno de ellos”.
¿Las PyMEs tienen lugar en el RIGI?
Dentro de las modificaciones se especifica que cada desarrollo tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Para Lucas Benítez, también economista y docente de la UNM, este porcentaje “es lo mismo que nada” porque “el 20% del total de la inversión es ínfimo”. En ese sentido, señala que no hay incentivos para el desarrollo industrializador porque el modelo es otro. “Es el del negocio de las multinacionales que vienen con el paquete armado, extraen recursos naturales, generan escaso valor agregado y lo exportan a los países donde dichas multinacionales tienen sus casas matrices. El gobierno actual tiene en mente un modelo neocolonial, de enclave, al cual le sobramos muchos argentinos y argentinas”, afirma.
Por su parte, Eduardo Crespo, especialista en Desarrollo Económico y docente de la UNM, menciona que Argentina estaba necesitando un régimen de este tipo porque para los próximos años se proyectan grandes inversiones: por ejemplo en algunos sectores clave de Vaca Muerta, así como también la posibilidad de extraer petróleo y gas en la plataforma continental. Sin embargo, señala que se debe dejar bien en claro qué condiciones de propiedad se garantizan para aquel que entra a una inversión.
Como ejemplo para ilustrar el panorama Crespo menciona lo siguiente: “Si bajo este régimen está la posibilidad de hacer una inversión financiera de comprar una empresa ya existente y dejar de pagar impuestos, esto tiene un efecto absolutamente negativo sobre la producción industrial local”. Sin duda, esto viene de la mano de una de las principales críticas que se le hace al régimen: el hecho de que fomenta una “competencia desleal” porque no solo perjudica a los firmas locales, sino también porque aquellas empresas que ya invirtieron, es decir, de forma previa a la sanción de esta ley, no contarán con los beneficios del RIGI.
En cuanto al hecho de que el RIGI podría ser más beneficioso para algunas provincias en particular Benítez opina: “Las provincias del NOA y el norte patagónico pueden verse beneficiadas básicamente porque son zonas geográficas que poseen en su suelo minerales estratégicos y/o hidrocarburos. Sin embargo, no es correcto microfundamentar la macroeconomía. Es decir, una reforma sectorial puede servirle a determinada actividad, pero si lo hacés en forma generalizada genera efectos inversos”.
De esta manera el RIGI prioriza la importación de bienes por sobre lo nacional y pone en riesgo la generación y conservación de puestos de trabajo. “Desde el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPYD) de la UNM no prevemos que haya una nueva ́lluvia de inversiones ́. Claramente serán escasas las implicancias positivas en términos de actividad, acumulación de divisas, generación de empleo y disminución de la inflación. Más bien, lo que prevemos, en el mejor de los casos, es un estancamiento económico en los niveles actuales”, concluye Benítez.
