La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue una de las primeras en reconocer que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico”. Al día de hoy hay un gran plexo normativo internacional que obliga a los distintos países a garantizar a sus ciudadanos el pleno acceso a los beneficios que otorga el conocimiento científico y sus aplicaciones.
Carina Cortassa, doctora en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid y docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sostiene: “Hay toda una serie de obligaciones específicas para los Estados que deben, entre otras cosas, abstenerse de interferir en el desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, no pueden desinformar deliberadamente a la población o estigmatizar las prácticas científicas”. También deben promover todo aquello que sea necesario para que se cumpla ese derecho, como implementar políticas públicas y asignar recursos.
Por su parte, Ana Vara, doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de California, investigadora en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y UNM afirma: “La cuestión no se limita al acceso al conocimiento, sino que implica también la posibilidad de participar en su producción y en las decisiones sobre qué saberes se generan”. En el caso de las controversias científicas, señala que suele haber, por un lado, un sector impulsor de una determinada actividad, con amplio respaldo para generar saber técnico y científico; y por otro, un grupo que asume una posición de resistencia, con recursos más limitados para incidir en ese proceso.
“El frente promotor, como suele estar integrado por grandes empresas, tiene un enorme capital que puede destinar a producir conocimiento que muestre que la actividad es beneficiosa y ambientalmente benigna”, señala Vara. En ese sentido, es posible ver cómo la producción de esos saberes puede estar orientada de acuerdo a los intereses económicos de quien lo financia. Del otro lado, el polo que se convierte en resistente, habitualmente está integrado por las comunidades locales, organizaciones sociales y científicos.
“Ahí es donde la cuestión de poder acceder a intervenir en las decisiones sobre qué conocimiento se produce es clave”, dice Vara. Además menciona la importancia de que los saberes “no científicos”, pero valiosos, sean tenidos en cuenta a la hora de pensar las controversias científicas. En ese sentido, estos pueden ofrecer una comprensión más profunda de determinadas prácticas, lo cual puede ser fundamental a la hora de resolver, por ejemplo, problemas socioambientales. Sin embargo, menciona que muchas veces “el modo de trabajo científico no tiene en cuenta aquellos conocimientos locales”.
En todo ese marco, se percibe que la comunicación, la educación científica y la participación ciudadana no son dimensiones colaterales, sino que son condiciones imprescindibles para la realización del derecho a la ciencia. “Lo que podemos plantear es que la comunicación pública de la ciencia es el dispositivo per sé para la efectivización de este derecho, en tanto se plantea como su horizonte la consolidación de una cultura científica social robusta”, comenta Cortassa.
En ese sentido, para Cortassa la comunicación pública de la ciencia no sólo habilita la circulación y apropiación social del saber experto, sino que además contribuye a hacer tangible este derecho en la vida cotidiana. “Hace que las personas lo reconozcan como tal y reclamen su cumplimiento en situaciones de vulneración o exclusión”, agrega. En ese contexto, los Estados deben ser los promotores y facilitadores de la participación ciudadana en la toma de decisiones científicas.
“Considero que hoy estamos asistiendo a un proceso de regresión del ejercicio del derecho humano a la ciencia en nuestro país. Por esa razón, la comunicación pública de la ciencia adquiere un papel fundamental a los fines de operar como un mecanismo de redistribución epistémica y, sobre todo, orientada a superar las barreras estructurales que existen en el acceso”, concluye Cortassa.
