Este tipo de acciones están protegidas por la “Ley de Protección de Datos Personales”. También, se utilizan las redes con fines maliciosos conocido por “pornovenganza”, para dañar la imagen, el honor y el buen nombre, mayormente de ex parejas, con la publicación de fotografías o videos o cualquier representación de las mismas.
Los hechos que se producen en el entorno digital, dependiendo de qué tipo de situación sea, están alcanzados por distintas normas. De esta forma, Susana Pachecoy, abogada especializada en radiodifusión y telecomunicaciones y también docente en la UNM clarifica que, según corresponda, “los delitos son investigados conforme el procedimiento penal, las situaciones de consumo se rigen por la ley de defensa al consumidor, los daños que se producen se deben indemnizar conforme el sistema de reparación previsto en el código civil y comercial de la nación y así sucesivamente”.
Kesler observa otro tipo de problemas como el uso de material multimedia que goza de propiedad intelectual y sin autorización de los autores se distribuye por el ámbito cibernético o las noticias falsas o fake news. Estas últimas son las más controversiales en el mundo de las redes, ya que pueden ser utilizadas como armas para producir daños con una intención política de quien las crea y distribuye.
Sobre estas falsedades Natalia Aruguete, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, afirma que “disminuyen la creencia en la capacidad comunicativa y en la intención de nuestros interlocutores y son el instrumento privilegiado de la desintegración del debate democrático”.
A partir de las problemáticas anteriores, Pachecoy opina: “El exponencial crecimiento del uso del entorno digital para el acceso a la información claramente plantea desafíos, en especial para los comunicadores y para los dueños de medios de comunicación”. Uno de los principales se basa en el desarrollo de un modelo comercial, en el cual emergieron gigantes plataformas, altamente concentradas.
Ana Bizberge, investigadora y docente de políticas de comunicación (UBA y UNSAM), plantea que algunos de esos desafíos están vinculados al funcionamiento de la democracia, el desarrollo de los modelos de negocios, la relación entre industrias culturales y el entorno de internet. Esas plataformas realizan un almacenamiento de datos que, según Bizberge, “ayuda a crear distintos tipos de perfiles y esos perfiles pueden ser utilizados para distintas cuestiones, ya sea con finalidades políticas o económicas”.
Pachecoy, por su parte, advierte sobre el funcionamiento interno de los sistemas de inteligencia artificial de las plataformas, las cuales cada uno de sus algoritmos direcciona en forma personificada determinados contenidos informativos, lo que lleva a los usuarios a acceder a información que se encuentra seleccionada y orientada en determinados sentidos. Por ende, dice: “Nos encontramos en un escenario que obliga a trabajar mayores herramientas de alfabetización digital y uso crítico de la información allí circulante”.
Sobre esta segmentación de la información, Bizberge, añade: “Estos son distintos mecanismos, directos o indirectos, que dan cuenta del poder de estas plataformas en la moderación de discursos y cómo esto impacta en el ejercicio de la libertad de expresión y por ende los riesgos que esto puede generar para el funcionamiento de la democracia”.
Ahora bien, dadas las circunstancias actuales y las problemáticas expuestas, la regulación específica de las redes sociales y las gigantes plataformas es tema de debate. Pablo Kesler expone: “Yo creo que es totalmente posible, el problema de esto es que no hay demasiado interés por parte de los legisladores a la posibilidad de que haya una ley que sancione a empresas que son dueñas de ese tipo de redes”.
Además, explica que hay un inconveniente en la legislación constitucional que prohíbe la censura previa de contenido, y el uso de Internet está amparado por una cláusula sobre la libertad de expresión que podría vulnerarse. Es por esto que sería otra opción controlar contenido de manera posterior a su publicación. Kesler comenta: “Tal vez en la actualidad se podría hacer algún tipo de normativa administrativa para que haya un control de las redes por un comité especializado”.
Asimismo, agrega: “Estuve coordinando un proyecto de ley que intentaba eso, formar una entidad administrativa que otorgue órdenes expresas, o disposiciones para que estas enormes empresas controlen los contenidos de alguna manera a posteriori para que no se generen daños o que sean de rápida remoción sin depender de una orden judicial”.
En algunos países se aprobaron proyectos de ley sobre el asunto, pero Bizberge aclara que aquellos “planteaban una serie de mecanismos de censura que terminaban siendo peores al problema que querían resolver vinculado al funcionamiento de las plataformas digitales”.
Es por esto que Bizberge sugiere enfocarse en la importancia de “cómo generar esas lógicas de funcionamiento algorítmico, de priorización de contenidos y cómo hacer que esas reglas de funcionamiento de las plataformas sean transparentes, que estas plataformas rindan cuentas a los poderes públicos y a la ciudadanía pensadas desde un marco de comprensión desde la perspectiva de los derechos humanos”. Así es como esta discusión y sus ideas sigue en marcha.
