Directores y distintos referentes del sector audiovisual realizaron un llamado a la acción de lucha frente a la privatización de CINE.AR, la pantalla del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), centrada en emitir películas de producción nacional. La actual conducción del organismo sostiene que su intención no es cerrar el sitio pero sí ir hacia la privatización. Sin embargo, los trabajadores y realizadores de la industria señalaron el impacto que tendrá en la cultura del país no acceder a la plataforma de manera gratuita.
CINE.AR fue creada por el INCAA con soporte tecnológico de ARSAT. Inaugurada en el 2010 por la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de promover la cultura argentina y democratizar el acceso al cine nacional, desde su lanzamiento, ofrece películas, documentales y cortometrajes sin costos de suscripción, llegando a públicos de todo el país.
El camino de la privatización
Carlos Pirovano, director del INCAA, expresó a ANUNM: “Siempre dijimos que CINE.AR no formaba parte de las funciones específicas del INCAA y que íbamos a buscar una solución alternativa. Eso no significa que la vamos a cerrar”. Según el funcionario, el objetivo es que la plataforma sea regenteada por privados. La intención es que estos nuevos actores canalicen los derechos de exhibición del instituto. “Nuestro objetivo es desprendernos de CINE.AR y que nos den garantía de continuidad”, agregó.
Pirovano planteó que la idea es que una empresa privada gestione CINE.AR bajo un modelo de “capitalismo popular de mercado”. En esa línea, sostuvo que el Estado no debería ser dueño de medios. “Nosotros no creemos que los gobiernos tengan que tener un canal de televisión y sean dueños de medios, porque cuando el gobierno es dueño de medios, lo que tenés es un medio a disposición de una parte”.
Y agregó: “En vez de que le cueste plata al Estado, podría generar beneficios para el cine”, que además remarcó que “la idea es transformar un costo en un beneficio que vuelva al fondo de fomento cinematográfico”.
El cine como memoria e identidad
Desde otro punto de vista, Ingrid Urrutia, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-INCAA) y politóloga, advirtió que CINE.AR cumple un rol clave para los trabajadores y el público: “Es una pantalla más que garantiza la exhibición del cine nacional. Las películas se ven, circulan y llegan a todos los rincones del país gracias a este espacio”.
Según los datos de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes(SAGAI), en 2024 el 60% de los actores y actrices tuvo que trabajar en actividades ajenas a su profesión, mientras que el 78% no alcanza a cubrir la Canasta Básica. Esto refleja cómo la crisis laboral del sector audiovisual se combina con decisiones administrativas que restringen la producción y exhibición de películas nacionales.
La dirigente gremial señaló que el intento de privatización se enmarca “en una política de vaciamiento del INCAA” que ya provocó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y la reducción de programas de apoyo a festivales y producciones. Para Urrutia, la continuidad de la plataforma también tiene un sentido social y educativo para la sociedad: “El cine es memoria, es identidad. Que CINE.AR siga existiendo es garantizar que nuestras infancias y juventudes puedan verse reflejadas en historias propias”.
Desde ATE informaron la entrega de más de 15 mil firmas en defensa de la plataforma. “El apoyo fue enorme. La gente entiende que no se trata de una cuestión corporativa, sino de defender un derecho cultural”, agregó Urrutia.
Siguiendo la misma línea, José Campusano, director independiente y referente del Festival Internacional de Realización Audiovisual (FIRA), expresó: “Quieren quitar una plataforma tan valiosa como CINE.AR porque saben que, fuera de ella, solo quedarían las plataformas extranjeras, donde no nos quieren para nada”.
“Un golpe brutal al cine nacional”
Desde diciembre de 2023, el INCAA no ha aprobado ninguna película de ficción, mientras que los costos de rodaje en dólares aumentaron cerca de un 40%, dificultando que productoras chicas y medianas puedan desarrollar sus proyectos.
Para Campusano, privatizar CINE.Ar significa “un golpe brutal al cine nacional”. En diálogo con esta agencia expresó: “El mundo está produciendo más que nunca, y acá se combate la realización audiovisual. Es una locura total. No quieren que tengamos pantalla, porque quienes hacemos cine solemos pensar distinto a ellos. Si no pueden evitar que produzcamos, al menos buscan que no se vea lo que hacemos”.
El cineasta también reafirma que la privatización y el control sobre las plataformas significan un riesgo cultural: “No quieren que tengamos pantalla, porque las personas que hacemos cine, que en líneas generales somos críticos de este gobierno, no tendríamos espacio para expresarnos”.
Aun así, Campusano se muestra resiliente: “Estamos produciendo. Hace dos semanas volvimos de Tandil después de filmar diez películas en paralelo en coproducción con Brasil, México y Bolivia. No pueden evitar que filmemos, pero sí que publiquemos. Nosotros vamos a seguir produciendo en cualquier circunstancia”.
Para él, mantener CINE.AR es clave no solo por la visibilidad sino por la democratización del acceso al cine argentino: “Todos los países tienen canales públicos que financian su cine. Esta gente no sabe absolutamente nada. Que opinen desde la ignorancia me parece una pérdida de tiempo”.
Un futuro incierto
Campusano y Urrutia coinciden en que CINE.AR es mucho más que una pantalla para el entretenimiento. Para ellos representa un espacio cultural esencial para el acceso democrático al cine argentino, la defensa de los puestos de trabajo y la preservación de la identidad nacional.
La perspectiva de Pirovano es clara y está en línea con las decisiones del gobierno de Javier Milei: administrar medios le corresponde al sector privado, aunque asegura que esto, al menos en el caso de CINE.AR no implicaría un cierre, sino una reestructuración con garantía de continuidad en manos de una administración privada, bajo criterios de rentabilidad y autosuficiencia económica.
Para los trabajadores, en cambio, esa decisión pone en riesgo el acceso democrático a la cultura y la producción audiovisual nacional de cine independiente con propuestas autogestivas que incluyen, en la exhibición, nuevos festivales como “Contracampo Cine”, que buscan suplir, de alguna forma, la demanda que la actual política no atiende.
