El gobierno de Javier Milei presentó su proyecto de Presupuesto 2025 con la promesa de encaminar a la Argentina hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, el análisis de las partidas revela un enfoque de prioridades particular: mientras que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se beneficia con aumentos significativos en términos reales, sectores como Salud, Educación y Seguridad Social enfrentan ajustes que no lograrán hacer frente al impacto inflacionario proyectado. A continuación, especialistas nos facilitan sus interpretaciones sobre el alcance de este Presupuesto y su posible impacto en el futuro del país.
Más ajuste
El Presupuesto profundiza el ajuste iniciado en 2024, enfocado en ordenar la economía mediante la reducción del gasto público y la contención del Estado, en lo que se describe como un enfoque extremadamente ortodoxo. Según Pablo Tavilla, licenciado en Economía y docente (UNM-UBA), “el presupuesto es, en esencia, un plan de gobierno, una expresión de cómo se proyecta la economía para el próximo año”. No obstante, remarca que el proyecto del gobierno presenta “supuestos muy optimistas”, como un crecimiento del PBI del 5,5% y una inflación del 18,3%, en un contexto de recesión que podría dificultar el alcance de estas metas.
Por su parte, Lucas Benítez, licenciado en Economía Política, docente e investigador de la UNM, resalta que el Presupuesto sigue una “regla fiscal” que exige que cualquier nueva propuesta de gasto debe estar acompañada por un financiamiento nuevo. “Es una versión actualizada de lo que fue la Ley de Déficit Cero del 2001”, expresa. A su vez, considera que esta medida implica un fuerte ajuste que podría tener consecuencias serias en áreas de gasto esencial.
Menos dinero para Educación y Ciencia
El proyecto revela aumentos reales significativos en áreas específicas, como Defensa, con un incremento superior al 95%, y Seguridad Interior, con un crecimiento del 91%. Estima un incremento real del 5,9% para la SIDE, por lo cual destina 354 millones a Inteligencia. Sin embargo, la partida destinada a Ciencia, Tecnología e Innovación presenta una fuerte reducción en términos reales, regresando a niveles de financiamiento similares a los de 2002, con la Función de Ciencia y Tecnología representando apenas el 0,2% del PBI. Este ajuste limita significativamente los recursos para investigación y desarrollo científico, poniendo en riesgo proyectos estratégicos y la continuidad de programas clave en este sector.
En contraste con los sectores favorecidos, la educación enfrenta una significativa reducción en su capacidad de inversión. De acuerdo con el Observatorio de Argentinos por la Educación, la inversión en esta área representará solo el 0,88% del PBI, disminuyendo con respecto a años anteriores (0,91% en 2024 y 1,48% en 2023). Esto implica que la educación universitaria reciba el 66,5% del presupuesto educativo, mientras que solo el 23,1% se asignará a educación obligatoria (nivel inicial, primario y secundario).
“La educación universitaria enfrentará una reducción cercana al 40% en términos reales respecto a años anteriores”, expresa Tavilla. Esto repercutirá en la calidad y el acceso educativo, especialmente en las universidades nacionales. Además, ambos economistas afirman que el ajuste compromete el funcionamiento de programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), esenciales para la equidad en este sistema.
Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional, destaca la gravedad de este recorte, señalando que “no solo se reduce el presupuesto educativo, sino que tampoco se cumplen estándares básicos, como el 6% del PBI en Educación, o el mínimo necesario para escuelas técnicas”. Esto representa un “retiro del Estado” que transfiere gran parte de la responsabilidad educativa a las provincias y al sector privado. A su vez, Benítez explica que el artículo 27 del Presupuesto 2025 permite al Poder Ejecutivo reducir discrecionalmente los fondos para la educación pública, suspendiendo la inversión mínima exigida por el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y generando de esta manera un “rotundo desfinanciamiento” en este sector.
El área de salud es uno de los sectores que, con un incremento nominal del 150%, logra un leve crecimiento en términos reales, aunque este sigue siendo insuficiente para responder a la demanda creciente del sistema público. Tavilla explica que “el ajuste real en términos de recursos deja a los hospitales y centros de salud con un presupuesto apenas suficiente para cubrir los aumentos de costos, especialmente cuando muchos ciudadanos migran de la salud privada al sistema público debido a los altos costos”.
En este sentido, la participación del rubro Salud en el PBI se mantiene en un escaso 0,9%, lo cual, según el economista, “es insuficiente en el marco de una estructura sanitaria que ya viene con ajustes significativos”. También advierte sobre los efectos del recorte en programas preventivos como los de hepatitis y salud reproductiva, que verán reducciones de hasta el 80%.
En Desarrollo Social, el Presupuesto prioriza las transferencias directas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, mientras que reduce de manera considerable otras partidas esenciales. Arroyo, quien impulsó la creación de la Tarjeta Alimentar, reconoce el valor de su continuidad, pero critica la idea de que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias: “El propio INDEC está marcando que sube la indigencia, lo cual indica que la AUH y la Tarjeta Alimentar no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos”, explica, cuestionando el diagnóstico del Gobierno.
Asimismo, Seguridad Social plantea un aumento nominal del 95%, que resulta insuficiente frente a la inflación proyectada, generando una pérdida de poder adquisitivo. Según Tavilla, esto afecta especialmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales, y añade presión a las redes familiares y comunitarias en un contexto de alta inflación y pobreza en aumento.
Balances
El intento del gobierno por equilibrar las cuentas públicas, mediante aumentos en el gasto de Defensa y recortes en servicios esenciales, podría agravar las desigualdades en Educación y Salud. Los expertos advierten que los supuestos optimistas y el severo ajuste fiscal generan dudas sobre la viabilidad económica y el impacto en la calidad de vida. El Presupuesto, más que una herramienta económica, refleja una visión política que podría redefinir la estructura del Estado y su compromiso con el bienestar social.
