Son más de 400 las empresas recuperadas en el país, que sostienen el empleo de sus asociados. Hay textiles, clínicas, productoras de alimentos, metalúrgicas y muchos otros rubros más. ¿Cuál es el panorama actual que enfrentan? ¿Qué problemáticas históricas arrastran desde sus inicios? ¿Cómo sostienen su producción o servicio aún en escenarios económicos adversos como los actuales?
Detrás de cada empresa un relato similar surge en cada una de las historias: la deuda acumulada con bancos, el cese de pagos a proveedores y de liquidación de sueldos de la patronal, entre otras ausencias que se presentan como síntomas de una crisis en la sostenibilidad de estas compañías. Hasta que el vaso se rebalsa y, ante este escenario, los trabajadores deciden defender la continuidad en su empleo. ¿Cómo se encuentran hoy estas iniciativas?
Entre amenazas de desalojo y pedidos de créditos
Fabián Pierucci, trabajador de la empresa recuperada La Litoraleña ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relata cómo se organizaron los compañeros de la fábrica para sobrevivir al dificultoso inicio y a las tensiones con el sistema judicial ante las órdenes de desalojo por usurpación. “Nuestra única idea era poder sobrevivir a ese momento y se cumplió con las etapas clásicas de las empresas recuperadas de forma simultánea: ocupar, resistir y producir. Hubo una diferencia de 11 días entre la primera asamblea con la ocupación de la planta y el primer despacho de producción”, cuenta Pierucci, que siguió relatando cómo era el trabajo en la “clandestinidad” haciendo tapas de empanada y pascualinas durante más de un año hasta regularizar la situación de La Litoraleña. A principio de este mes se agotaron las instancias para apelar en contra el fallo por desalojo por parte del Justicia y están consternados acerca de la situación. Su intención es seguir defendiendo el espacio de trabajo.
El orden en el aspecto legal de las compañías es uno de los pasos más desafiantes pero, a su vez, es de los más necesarios para las empresas recuperadas. Obtener la titularidad permite a estas cooperativas, por ejemplo, el beneficio de contar con una garantía de propiedad. Telmo Martínez director del Sanatorio Luis Jeannot Sueyro de la ciudad de Gualeguaychú, cuenta acerca de la dificultad económica para acceder a la compra del edificio para obtener su titularidad: “Estamos por tener el fallo judicial para efectuar la compra del edificio y por ese motivo pedimos un préstamo al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) hace un año, pero seguimos a la espera. Sin esa ayuda estaríamos sumando a una deuda millonaria que ya tenemos con el AFIP y que, si se le aplica una tasa de intereses tan grande como en esa deuda, quizás no podamos ver la continuidad del sanatorio y tengamos que cerrar”.
Las dificultades judiciales no son las únicas que deben sortear los trabajadores de las compañías recuperadas. Las condiciones laborales en muchos sentidos se sacrifican por los beneficios de coparticipación que ofrece el cooperativismo. Julio César Neffa, economista y profesor de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), explica que “la legislación que regula a las empresas recuperadas está muy anticuada. La Ley de Cooperativas es del año 1953 y prácticamente han pasado 70 años. Es una larga lista de cosas las que podrían mejorarse: no hay un fondo sustentable con dinero para permitir que estas cooperativas inviertan en créditos con tasas razonables. Tampoco hay un apoyo sistemático de parte de las distintas instituciones del Estado más allá de las visitas y el contacto. Falta también la organización de un sector cooperativo porque necesitan reglas diferentes a las del mercado tradicional frente al cual están en desventaja”.
Neffa argumenta que es necesario el apoyo estatal en un principio, hasta que las empresas recuperadas puedan sostenerse ante un mercado competitivo. Estos desafíos son los que sortean todas estas compañías, quienes, como sostiene el investigador, “van a preservar objetivos que están alejados de las lógicas de la economía capitalista tradicional”.
Experiencias en Tandil y Pigüé
Olga Noemí Payero es secretaria general de la Cooperativa de Trabajo IMPOPAR de la ciudad de Tandil, una empresa recuperada que se dedica a fabricar calefactores a gas y termotanques, y relata que “en cantidad, nuestra producción no alcanza a las grandes empresas. Las producciones que tenemos son chicas, y no logramos disminuir los precios porque las compras de materiales que hacemos son pocas. No nos es posible competir con esos costos. Hoy en día estamos generando una ganancia de 11% por equipo. Sacrificamos una parte del excedente para hacer girar la rueda y por el momento está teniendo resultados”.
Payero cuenta que la ayuda que recibe IMPOPAR de parte del Estado es importante porque les permite mantener la producción de la empresa. El aporte más reciente que se recibió fue dentro del Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo (REDECO) facilitado por el INAES. En total recibieron 10 millones de pesos que se pudieron invertir en un rediseño de la empresa y en la compra de suministros. Gracias a esos aportes actualmente se encuentran en un momento de expansión.
Sin embargo, este apoyo no se puede llamar sistemático. Telmo Martínez declara: “Si bien nos podemos sostener, específicamente en nuestra área el Estado le viene subvencionando a todas las empresas de salud el 50% de los salarios desde el inicio de la pandemia. Como cooperativa no hemos recibido ningún aporte, aún en condiciones de desigualdad con las grandes compañías privadas de salud que sí lo reciben”.
Por su parte, Francisco Martínez, director de planta de la empresa recuperada Textiles Pigüé ubicada en la localidad bonaerense homónima, confirma la importancia del debate sobre una nueva legislación. Afirma Martínez que es necesaria la organización del sector de empresas recuperadas y cooperativas para poder deliberar entre los compañeros, generar un plan de acción y concluir en un proyecto de ley.
“Hay muchas cuestiones por discutir. Es necesario que se creen leyes que nos igualen con los trabajadores plenos de Argentina y no solamente en función de las demandas individuales sino también como empresas. Si nosotros tenemos 180 compañeros y compañeras, una industria, un mercado ¿Por qué en la pandemia fuimos atendidos distinto que las compañías que no son cooperativas? Si es una cuestión nuestra nos gustaría saber qué podemos mejorar para que nos conduzca a que seamos contemplados de manera igualitaria”, expresa Martínez.
Coyuntura y futuros
Pierucci expresa que “el problema del aumento sistemático de precios afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. En nuestro caso, el impacto de la guerra de Ucrania generó un incremento en el precio de la harina que duplicó el costo y en el caso de la grasa que usamos para el hojaldre lo triplicó. Esto pasa porque hay un Estado inoperante que pudiendo aplicar medidas de control efectivo de precio no lo hace, nunca lo hizo”.
Además, comenta cómo se dificulta el rubro de la alimentación en el país ya que hay una gran concentración del mercado en unas pocas compañías. “Para las empresas autogestivas que tenemos por delante otros objetivos como la calidad del producto, la calidad de vida de los productores, nos encontramos en una desventaja contra las empresas que persiguen como objetivo el lucro únicamente”, declara Pierucci. La preocupación de las empresas recuperadas no es únicamente interna, sino también con la sociedad en conjunto y lo demuestran en su compromiso social. Payero nos cuenta que están planificando un proyecto de integración con un grupo de psicólogos y un psiquiatra para poder incorporar a pacientes con distintas patologías mentales dentro de la empresa. También Francisco Martínez expresa el deber que tienen con la sociedad desde la Textil Pigüé: “En la entrada, pasamos encima de un pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Decime vos si pasando cada día por ahí no vas a sentir el compromiso de hacer las cosas bien por el otro que viene
