En los últimos días circularon versiones en algunos medios sobre una posible eliminación del Monotributo. El Gobierno lo desmintió de inmediato, pero el tema quedó instalado y abrió la discusión: ¿qué implicaría que casi cinco millones de monotributistas pasen al régimen general? ¿Qué efectos tendría sobre la informalidad, los costos y la actividad económica?
Para comprender qué hay detrás del debate entrevistamos a Alejandro Otero, contador público, magíster en Administración Pública y especialista en política y administración tributaria con más de treinta años de trayectoria. Fue Director General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, ocupó cargos directivos en AFIP y hoy es director decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Moreno.
—¿Por qué un rumor así resulta verosímil aun cuando el Gobierno lo negó?
—Porque las medidas tributarias que tomó el Gobierno desde el inicio tuvieron un sesgo regresivo. El RIGI para grandes inversiones, el regreso de Ganancias sobre los salarios y la eliminación de la devolución del IVA alivian la carga de quienes tienen mayor capacidad contributiva y la trasladan a quienes tienen menos. En ese marco, pensar en la eliminación del Monotributo no resulta extraño, aunque haya sido desmentido públicamente.
—El FMI también cuestiona el régimen. ¿Qué opina?
—Lo critica desde su creación. Afirma que el Monotributo implica una pérdida de recaudación cercana a un punto del PBI, pero ese cálculo es abstracto y no contempla la estructura económica del país. El régimen nació para responder a un problema concreto: la informalidad. Desde fines de los noventa, la economía argentina mantuvo niveles muy altos de empleo no registrado y solo hubo una reducción durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Fuera de ese período, la informalidad volvió a crecer, lo que muestra que mecanismos simplificados como el Monotributo siguen siendo necesarios.
—¿Qué vino a resolver el Monotributo cuando se creó?
—La Argentina arrastra un nivel muy alto de economía no documentada. Millones de personas trabajaban sin acceso a crédito, obra social o jubilación. El Monotributo se diseñó como una salida para quienes tenían actividades de baja escala y no podían afrontar los costos del régimen general. Permitió que esos trabajadores ingresaran al sistema con un impuesto único, económico y administrativamente simple. Fue una solución heterodoxa, pero razonable para una economía con informalidad estructural.
—¿Cuántas personas están hoy dentro del régimen?
—Aproximadamente 4,7 millones. Tres millones son monotributistas puros. El resto combina su actividad con ingresos por empleo registrado. Son actividades de baja envergadura económica y facturación reducida. También está el Monotributo Social, aún más económico, que sería uno de los sectores más golpeados si se eliminara el régimen.
—¿Por qué afirma que pasar al régimen general sería perjudicial?
—Porque implicaría asumir costos que están fuera de escala para estas actividades. En el régimen general se paga IVA, Ganancias y aportes previsionales como autónomo. Además se deben llevar libros, emitir facturas, hacer liquidaciones mensuales y resolver la cobertura de salud, muchas veces con asistencia profesional. El Monotributo unifica todo en una cuota fija accesible. Pasar sin escalas significaría un encarecimiento inmediato y empujaría a muchas personas nuevamente a la informalidad. Y no es que dejarían de trabajar: seguirían haciéndolo, pero por fuera del sistema.
—¿Qué efectos tendría en la economía que muchas personas vuelvan a la informalidad?
—Se perdería la formalización y también habría impacto en los precios. Quienes no puedan sostener el régimen general volverán al trabajo no registrado. Y quienes intenten mantenerse dentro del sistema probablemente trasladen sus costos a precios, presionando sobre la inflación en bienes y servicios cotidianos. En un contexto de recesión, eliminar el Monotributo no solo no resolvería nada, sino que empeoraría la situación general.
—Uno de los argumentos técnicos contra el régimen es el “enanismo fiscal”. ¿Qué piensa?
—Es cierto que más del 80 % está en categorías bajas y que puede haber subdeclaración. Pero centrar ahí el problema es desviar la discusión. Los niveles más graves de evasión están en contribuyentes de gran porte que utilizan vacíos legales, beneficios específicos o estructuras como los paraísos fiscales. En comparación, lo que pueda perderse por subdeclaración en el Monotributo es marginal. El problema real no está en estos contribuyentes.
—¿Cómo se vincula esto con la concepción del Gobierno sobre los impuestos?
—El presidente sostiene que los impuestos son un robo, que la justicia social es una aberración y que los evasores son héroes. Ese discurso no existe en países desarrollados ni en otras economías periféricas. Demonizar los tributos es coherente con políticas que alivian la carga de los sectores con mayor capacidad contributiva y la trasladan hacia los que menos tienen. Dentro de esa mirada, la posibilidad de eliminar el Monotributo encaja con una estrategia regresiva.
—¿Hay algún beneficio en reemplazar el régimen por otro?
—No. No mejora la formalización, no beneficia a quienes ya están en el régimen general y perjudica a quienes hoy están dentro del Monotributo. Si aumenta la informalidad, el sistema en su conjunto tampoco gana. La informalidad no se resuelve con medidas fiscales sino con desarrollo económico y con políticas que permitan crecer a actividades pequeñas.
—¿Qué reforma tributaria necesita la Argentina?
—Una que logre que quienes tienen mayor capacidad contributiva paguen efectivamente en función de esa capacidad. Y otra que acompañe un modelo productivo diversificado, con generación de empleo y políticas acordes a la complejidad económica actual. Hablar del Monotributo como si fuera el problema principal desvía la atención de lo que realmente importa: la falta de un sistema que capture la capacidad real de los grandes contribuyentes y que esté integrado a un proyecto de desarrollo.
