Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010, el déficit habitacional en Argentina alcanzaba a más de tres millones de hogares. Pese a que todavía la información del último censo no se ha dado a conocer, estimaciones realizadas en el 2018 por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación han registrado un aumento a 3,5 millones de viviendas.
Como respuesta a este problema, en 2012 se sancionó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, la cual establece herramientas y estrategias para resolver el déficit urbano habitacional. A su vez, define los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda en la provincia de Buenos Aires. Dentro de la legislación se hace hincapié en cuatro principios básicos: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos de desarrollo urbano.
“En torno a estos principios se promueven herramientas que propician el papel del sector público en el desarrollo urbano y, por ende, en el mercado inmobiliario. Ahí es donde se involucran, entre otras herramientas, políticas fiscales que permiten hacer frente a procesos especulativos, obtener recursos para desplegar acciones públicas en hábitat y redirigir los inversiones del sector privado en la ciudad”, expresa Esteban Sánchez, Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Moreno y docente de la Licenciatura en Economía.
Para Sánchez estos diez años de la ley constituyen un nuevo impulso para una lucha que no ha terminado y que “requiere mayor difusión entre las comunidades y los decisores de políticas”. Por otro lado, en relación al vínculo entre esta normativa y sus implicancias en la economía menciona: “En nuestra región las ciudades han tenido un crecimiento económico desigual, excluyente en lo social y segregado en términos espaciales. Esta problemática se encuentra fuertemente relacionada con las variables macroeconómicas: crecimiento, distribución del ingreso, inflación, desempleo, y también con el funcionamiento del mercado inmobiliario”.
Frente al problema del déficit, la ley propone la generación de proyectos habitacionales y de procesos de regularización de barrios informales. Además, promueve nuevos recursos a través de instrumentos que permiten “reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo”. Entre ellos se destaca la creación de un Programa de Lotes con servicios, un Programa de Microcrédito para la reforma, ampliación y mejora de viviendas y la creación de la figura del Consorcio Urbanístico, con el fin de producir loteos en conjunto con privados.
Desafíos de la ley y desarrollo local
Una de las principales dificultades que presenta la legislación es que, en la práctica, se aplica de manera limitada. “Hay una discusión donde muchos dicen que hay que actualizar la ley, pero en realidad lo que está pasando es que la mayoría de los municipios no la aplica de forma efectiva. Hay cosas que, como en toda ley, se pueden mejorar, pero su principal déficit tiene que ver con la apropiación de los estados municipales para poder utilizarla”, explica Mariano Bascans, arquitecto y docente del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNM.
En la misma línea, María Beatriz Arias, arquitecta y directora del Centro de Estudios Territoriales de la UNM, coincide en que se han dado diferentes dinámicas en los territorios municipales en relación a la adhesión a la ley. En ese sentido, menciona la importancia de “reconocer aquellos instrumentos de aplicación que han resultado más exitosos en cuanto a los resultados alcanzados. Por otro lado, hay que valorar la conformación de consejos locales y mesas de hábitat en las definiciones de los proyectos a valorar”.
Otro de los desafíos es la elaboración y sanción de una ley que regule el uso del suelo a nivel nacional. “Esta ley consiste en la intervención del Estado para direccionar el desarrollo urbano en la provisiones de Buenos Aires. Se trata de decidir para qué lado y en qué forma le interesa que crezca la ciudad, en conjunto con los privados”, agrega por su parte Bascans, quien también dirige un Proyecto de Extensión de Integración Socio Urbana en la UNM.
“Estamos trabajando en la integración socio urbana del barrio popular Nueva Esperanza de Merlo. Éste se creó en el 2015 y no tiene calles, veredas, agua ni cloacas. El objetivo es construir un centro comunitario para el merendero. Además, se están haciendo mil metros de vereda para facilitar el acceso y la salida del barrio”, detalla Bascans. A su vez, menciona que este año, en la materia de Taller de Arquitectura, los estudiantes estuvieron armando proyectos de escuela, jardines de infantes y viviendas en un trabajo conjunto con la comunidad. De esta manera, esta es una de las iniciativas que busca cumplir con la ley, con el fin de promover el derecho a un hábitat digno y sustentable.
